Chile, tres años después del golpe de Estado

Hoy hace tres años que el Palacio de la Moneda, sede de la Presidencia de Chile, fue bombardeado y destruido por varios aviones. Allí murió el presidente Salvador Allende, líder máximo de la Unidad Popular, que desapareció con él. Desde entonces, un régimen autoritario e intransigente gobierna el país austral. Denostado por la comunidad internacional, acorralado por sus enemigos democráticos, sostenido por algunos países poderosos y otros vecinos, el régimen de Pinochet atravesó ya varias tormentas y parece consolidarse a través del «orden» (mantenido por un sistema policial implacable) y el «desarrollo» que todavía no ha llegado. Miles de personas de toda clase, condición e ideología, han abandonado Chile en estos tres años, mientras que el régimen se da el lujo de desposeer de su nacionalidad a antiguos ministros (ayer le tocó el turno al ex canciller Orlando Letelier), o simplemente de expulsar del país a sus enemigos, aunque sean moderados, como sucedió con los juristas Jaime Castillo y Eugenio Velasco. Desde Santiago de Chile, nuestro corresponsal nos envía la siguiente crónica.

Con marchas «espontáneas» en todas las ciudades importantes del país y una concentración, Pinochet celebrará hoy el tercer aniversario del derrocamiento de Salvador Allende, uno de los golpes militares más cruentos de la siempre explosiva historia de hispanoamérica.Un recuento rápido de los tres años de la dictadura pinochetista arroja un saldo no precisamente positivo, el cual resalta aún más al inscribírsele en la larga historia democrática y civilista de un país, como Chile, que durante toda su existencia fue una excepción jurídica y política dentro del continente.

Es, sin duda, el aspecto más reprobable de la gestión de Pinochet. Hoy ya no es descabellado afirmar que uno de cada 20 chilenos ha sufrido algún tipo de detención como consecuencia de la represión política iniciada por el régimen, primero contra la izquierda y luego contra los grupos políticos de centro, y también contra todo tipo de organización -las sindicales, por ejemplo- que pueda erigirse críticamente contra el Gobierno.

Los datos en esta materia son bastante indicativos. Investigaciones efectuadas por la Iglesia Católica -hoy decididamente en contra del régimen-, indican que hasta el momento se ignora la suerte de casi un millar de personas, muchas de las cuales fehacientemente fueron detenidas por la represión oficial.

El Comité Intergubernamental de Migraciones Europeas (CIME), en tanto, tuvo que sacar del país a 4.200 refugiados y sus familiares, en primer lugar. Luego debió ponerse en marcha para sacar a detenidos políticos chilenos, cuyo número asciende ya a 16.500, reubicados en 48 países. Estas cantidades son al, margen del movimiento de personas a través del asilo en embajadas, cuya cifra alcanza a 15.000.

Condenas impartidas por las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otras entidades, no han logrado que el Gobierno Militar chileno termine con el mal trato a los detenidos políticos y respete los derechos esenciales de la persona.

Las promesas de mejoramiento formuladas por el Gobierno a la OEA, que celebró una Asamblea General en la capital chilena en la cual el tema más importante fue la situación de los Derechos Humanos en Chile, fueron olvidadas rápidamente, y el número de personas desaparecidas sigue incrementándose.

Iglesia Católica

La Iglesia Católica ha endurecido su posición frente al Gobierno en las últimas semanas. En una reciente declaración incluso se acusó a miembros de la «Dina», el principal organismo de represión, de haber montado la provocación contra los tres obispos chilenos -Fernando Ariztia, Enrique Alvear y Carlos González-, que volvían al país luego de haber sido detenidos en Ecuador junto a otros 14 prelados del continente en el suceso más bochornoso, que recuerde la iglesia americana en siglos.Refiriéndose a esta provocación -unida a la campaña articulada por medio de la prensa-, los obispos indicaron que no se trataba de sucesos aislados, sino que «se eslabonan en un proceso o sistema de características perfectamente definidas, y que amenaza imperar sin contrapeso en nuestra América Latina». «Invocando siempre el inapelable justificativo de la seguridad nacional se consolida más y más un modelo de sociedad que ahoga las libertades básicas, conculca los derechos más elementales y sojuzga a los ciudadanos en el marco de un temido y omnipotente estado policial», añadieron los obispos en una de las declaraciones más enérgicas emitidas frente a la situación chilena.

El episcopado debió recurrirá la amenaza de excomunión, aplicada ya contra todos aquellos que participaron directa o indirectamente en la agresión a los tres obispos, para poner término a la fuerte campaña desatada en contra de la jerarquía a través de los medios de comunicación, los cuales centraron sus ataques especialmente en el obispo Carlos Camus, secretario general del Comité Permanente del Episcopado. El prelado había comparado la situación de Chile con la Alemania nazi, en lo que se refiere a la situación de la prensa: «Los católicos alemanes no supieron nada de los crímenes de la Gestapo, de la matanza de millones de judíos, hasta después de la guerra, cuando les mostraron las películas. Yo creo que algo parecido pasa en Chile. Hay mucha gente que no sabe lo que está pasando. Algún día se sabrá la verdad, y entonces dirán cómo estar tan engañados».

El obispo Camus fue más explícito en sus críticas y en la posición de la Iglesia, cuando en carta personal a un diario capitalino, la cual no se publicó, dijo que «si la Iglesia levanta su voz en situaciones contingentes es por que están en juego principios que no son tan contingentes», recordando que en los países democráticos es la oposición la encargada de controlar los excesos gubernamentales, mientras que en las dictaduras, donde «nadie puede expresar sus sufrimientos», se requiere de «una voz libre e independiente, con altura moral, que pueda hablar con valentía y claridad para evitar una catástrofe».

En frases cargadas de dolor, Camus añadió: «Mientras haya miles de chilenos sufriendo el hambre y la persecución, la cesantía y la inseguridad, la humillación y la desesperanza, los obispos no podemos callar», «aunque nos insulten y nos llamen subversivos».

Pinochet intentó hace dos semanas limar las asperezas con la jerarquía católica e invitó a un almuerzo al Cardenal Raúl Silva Henríquez y a los miembros del Comité Permanente del Episcopado nacional. Por lo que se supo, el encuentro fue bastante agitado y, en definitiva, Pinochet no consiguió lo que esperaba. Un comunicado oficial sólo pudo hablar de lo «cordial» del almuerzo.

El único apoyo de Pinochet dentro del seno eclesiástico lo constituye el obispo integrista Emilio Tagle Covarrubias -uno entre 29-, quien hace unos cuatro años se hizo famoso por prohibir los bikinis en las playas de Valparaíso.

Partidos políticos

La expulsión del país de los juristas Jaime Castillo y Eugenio Velasco, llevada acabo el pasado seis de agosto por el Gobierno, constituyó un factor unificador de la oposición política aún no proscrita -sólo la izquierda lo está-, que permite esperar una mayor agitación interna para dentro de las próximas semanas. En este capítulo, por primera vez los dirigentes políticos, especialmente demócratacristianos y radicales de centro, lograron aprovechar la efervescencia y malestar causado por la medida oficial y la están canalizando para desarrollar una oposición más efectiva.La primera acción concreta fue la presentación a la Corte Suprema de Justicia de una petición exigiendo su intervención para poner término a las «detenciones sin justificación», a las injusticias, a los atropellos, a las trasgresiones a la constitución y a la ley.

La petición fue firmada por casi 500 personalidades encabezadas por el ex presidente Eduardo Frei, cada día empujado a una oposición más activa; Luis Bossay, líder de los radicales centristas; y Patricio Aylwin, presidente de la Democracia Cristiana. También firmaron destacados miembros de la inteligencia de derecha, como Enrique D'Etigny, ex prorector de la Universidad de Chile bajo el actual régimen, y el ex parlamentario conservador, Héctor Correa Letelier.

Crecientes rumores circulantes en la capital chilena estaban señalando en los últimos días que Pinochet reaccionaria frente a esta efervescencia política con la ilegalización de todos los grupos políticos.