El PP andaluz “depurará responsabilidades” tras las filtraciones de sobresueldos y pagos con fondos de la Diputación de Sevilla

El desconcierto en el PP andaluz por la turbia utilización de subvenciones públicas del grupo popular en la Diputación de Sevilla como gastos del partido va en aumento. Nadie acierta en el PP ―que concentra un poder muy notable al gobernar la Junta de Andalucía, siete de las ocho capitales y seis diputaciones― cuál es el objetivo de que se esté conociendo ahora, cuando han transcurrido más de 10 años, los supuestos sobresueldos cobrados por destacados responsables del PP sevillano y gastos del partido para actos electorales.

En público, tanto el actual alcalde de Sevilla, José Luis Sanz ―que era presidente del PP de Sevilla, cuando el partido fletó 70 autobuses para el mitin de cierre de las municipales de 2011 con cargo a los fondos de la Diputación, y secretario general de la formación en Andalucía, cuando, entre 2012 y 2014, varios concejales del Ayuntamiento hispalense cobraron supuestamente sobresueldos―, como el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, han insistido en que los asientos contables que acreditaban esos pagos publicados por Diario de Sevilla no provenían de filtraciones internas. Pero este miércoles, El Correo de Andalucía ha desvelado que fue el actual número dos del partido en Sevilla, José Ricardo García, quien retiró del notario las cuentas de la formación que había depositado en 2018 su anterior presidenta, Virginia Pérez.

El portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha emitido esta mañana la opinión del PP que preside Juan Manuel Moreno de que el partido “activará los mecanismos internos para depurar responsabilidades”, por lo que se convocará el comité de derechos y garantías para averiguar los hechos. “El PP andaluz no va a entrar en valorar la actuación interna de esta persona [José Ricardo García, diputado autonómico, secretario general del PP sevillano y concejal en Carmona], ni permitirá que dañe al partido”.

Las informaciones que apuntan directamente contra Sanz y su actual número dos en el Ayuntamiento, el teniente de alcalde y delegado de Hacienda, Juan Bueno ―que ha negado que cobrara sobresueldos, asegurando que se trataban de gastos de funcionamiento del partido― surgen días después de que se confirmara la imputación del actual presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, en la causa que investiga la adjudicación de un tanatorio privado por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor (del que él era alcalde). El dirigente sevillano está llamado a declarar el 3 de marzo.

Sánchez, que también es el delegado de la Junta en Sevilla, había sido el elegido por Moreno para pacificar a una formación cuya última desavenencia pública se produjo en 2021, en el penúltimo congreso provincial, cuando la entonces dirección del PP, presidida por Pablo Casado, impuso a su candidata, Virginia Pérez, frente a la apuesta del presidente andaluz, quien, como muestra de protesta, no acudió a la clausura.

Las palabras de Martín han sido las más contundentes oídas hasta ahora de esta polémica de la que ya nadie duda de que se trata de fuego amigo en el PP de Sevilla, aunque persiste la incógnita de cuál es el objetivo. Tradicionalmente el PP sevillano, en el que siempre ha ejercido mucha influencia el hoy senador por la comunidad autónoma y presidente de honor del PP andaluz, Javier Arenas, siempre ha sido una olla en ebullición. Es aquí donde el PP históricamente ha obtenido sus peores resultados electorales, frente al crecimiento electoral del resto de las provincias.

El PSOE ha visto en esta polémica una oportunidad para intentar poner en un aprieto a Moreno. Los socialistas van a pedir la activación de la comisión de Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos Políticos con representación en el Parlamento andaluz. Se trata de una comisión permanente no legislativa que no ha trabajado nunca desde que se creó hace 30 años. Y nunca es nunca. Se la conoce como la “comisión del ventilador” porque se amaga con ella cuando planea la sospecha de corrupción sobre algún partido.

Esta comisión se creó en mayo de 1995, durante la llamada legislatura de la pinza, en la que el PSOE gobernaba en minoría parlamentaria. Cada legislatura se constituye la mesa, pero no hace absolutamente nada, salvo si hay algún cambio de los miembros que la componen. No mueve ni un papel, ni formula ninguna propuesta, cuando entre sus funciones está la del “estudio, análisis y propuestas” acerca de la financiación de los partidos.

Los que se sientan en ese órgano tienen un plus salarial, como el resto de los miembros de todas las comisiones. Ahora la preside la socialista Pilar Navarro. En 2013 hubo un intento de activarla cuando saltó el caso de los papeles de Bárcenas con la intención de presentar propuestas que ahondasen en la transparencia de los partidos. La capacidad legislativa de Andalucía en este terreno está muy maniatada, ya que para impulsar un gran cambio sería necesaria la reforma de un paquete de leyes de ámbito nacional. El PP, que tiene mayoría en esa comisión, no ha querido pronunciarse sobre si ve conveniente activar el moribundo órgano parlamentario: “Cuando la plantee, la estudiaremos”, ha dicho Martín.

Los socialistas también han presentado una pregunta de máxima actualidad sobre “los sobresueldos ilegales” percibidos por concejales del PP de Sevilla, según ha afirmado la portavoz adjunta del grupo, María Márquez, quien ha proclamado que el “Gobierno de Juan Manuel Moreno está manchado por la corrupción”. La misma opinión han mantenido los portavoces de Vox, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.