Duro alegato contra la Junta chilena

La Junta militar que gobierna Chile se está quedando aislada, sin apoyo político interno. Ahora, cerca de 250 profesionales del Derecho, de la Medicina, el Periodismo y la Cultura, han dirigido una carta a la Corte Suprema de Justicia en la que exponen la situación de arbitrariedad jurídica y poder absoluto a que está sometida la población del país y la degradación de las instituciones nacionales.El ex presidente Eduardo Frei, que hace días denunció un fallido atentado contra su vida y el montaje de una campaña de desprestigio hacia su persona, por parte del sistema totalitario chileno, así como otros importantes miembros del ala conservadora de la Democracia Cristiana, han sido los primeros en firmar el ataque escrito al régimen del general Pinochet, aprovechada «la expulsión del país de dos destacados defensores de los derechos humanos los abogados Jaime Castillo y Eugenio Velasco. Los más importantes párrafos del documento se transcriben a continuación.

Más de 225 profesionales chilenos, abogados, periodistas, médicos e ingenieros, residentes en el país, dirigieron una carta el pasado día 18 a la Corte Suprema de Justicia de Chile protestando contra la pena administrativa que se impuso días antes a los abogados Jaime Castillo y eugenio Velasco.La carta de protesta está firmada entre otros por importantes miembros del ala conservadora de la Democracia Cristiana chilena, tales como el ex presidente Eduardo Frei y Patricío Aylwin.

El documento dirigido a la Corte Suprema expone la preocupación para los firmantes de la actual situación y dice que, la arbitrariedad cometida contra los abogados Castillo y Velasco «de tanta notoriedad por las elevadas cualidades humanas

El documento hace referencia a la carta que los dos abogados enviaron hace dos meses a los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA) reunidos en Santiago, donde denunciaron «los graves atropellos de que son objeto los derechos humanos en nuestro país (Chile), conocidos por ellos en el ejercicio de su profesión de abogados».

El documento firmado por los profesionales residentes en Chile, explica a continuación que la OEA «instó al Gobierno chileno a que continúe prestando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la colaboración que sea necesaria para el cumplimiento de su labor y al mismo tiempo, otorgue las garantías pertinentes a las personas e instituciones que le suministren informaciones, testimonios o pruebas de otro carácter».

«La expulsión de los señores Castillo y Velasco -dice la carta resulta una burla a ese acuerdo. Sí medidas como esta provocan reacción internacional, no se diga después que ello es fruto de la propaganda extremista de Chile".

«Nuestra preocupación no es por nosotros, -agrega el documento- es por Chile, su pueblo, su destino histórico. Vemos languidecer sus instituciones -universidades, colegios profesionales, sindicatos y gremios, la prensa, la cultura, la judicatura- bajo el peso de la sospecha y de la vigilancia, cuando no de la represión física ( ... ). Miramos con angustia que este país, que durante siglo y medio fue educado para la libertad, el derecho y la convivencia pacífica y democrática y que dentro de cauces constitucionales fue progresando y conquistando su prestigio en el mundo, está siendo arrastrado -mediante la arbitrariedad, la intimidación y la exclusión sistemática de todo el que discrepa- hacia un futuro de violencia en el que el odio y el resentimiento crecen, sin que se busque un camino hacia la paz y la concordia.

Pensamos que esto es la peor negación de los rasgos distintivos de la personalidad de Chile a lo largo de su historia y que si no se rectifica con prontitud este camino, terminará destruyéndose lo más valioso del alma nacional. Chile dejará de ser Chile».

En el documento se dice que la conducta nacional fue siempre «el imperio de la ley» y la «preocupación por asegurar a todas las personas el más amplio ejercicio de los derechos y libertades fundamentales», dos características que no se dan en la actualidad en Chile. «Cuando la ley no es generada con participación del pueblo -dice textualmente el documento-, sino que representa la voluntad del gobernante, que la cambia a su arbitrio según su-sÍ propias conveniencias, -deja la autoridad de estar sometida al Derecho y se convierte en arbitraria».

Comentando la vocación chilena de respeto y observancia del Derecho, los firmantes de la carta consideran «necesario exponer a la Excma. Corte Suprema estos antecedentes y rogarle que, en ejercicio de las atribuciones conservadoras que la Carta Fundamental le encomienda, adopte las medidas necesarias para poner término a las irregularidades y abusos a que nos, hemos referido ».

Finalmente, los firmantes se dirigen a la Corte Suprema en el sentido de que en relación con la expulsión de los señores Castillo y Velasco «adopte las medidas nece-, sarias para poner término a las detenciones sin justificación de causa o por organismos que no hayan sido facultados públicamente por la ley para el. efecto, al tránsito de los arrestados por lugares desconocidos en que suelen mantenérseles indefinidamente incomunicados sin orden del tribunal competente, a los interrogatorios por autoridades o individuos extraños al Poder Judicial, al cumplimiento precipitado de medidas administrativas de expulsión antes de conocerse y fallarse por los Tribunales los recursos pertinentes, a la demora de los funcionarios en evacuar los informes que se les requieran para resolver los amparos y a las demás irregularidades que vulneran los derechos humanos y están contrariando la vigencia del Estado de Derecho en Chile».