Legislación laboral y régimen autoritario

Los dos grandes sistemas políticos en los que se mueve el mundo del trabajo son el socialista y el capitalista, con todos los matices que la realidad vana nos muestra. El denominador común de ambos sistemas es la existencia de hombres que, en su trabajo, obedecen las órdenes de otro. Es la eterna estratificación entre la clase dominante y la dominada, o de modo más radical, entre los opresores y los oprimidos.La variante, esencial, está en quién se aprovecha del esfuerzo de los que trabajan en situación subordinada y en cómo se reparte el producto. Pero el hombre de a pie precisa de unos mecanismos de defensa frente a los que están sobre él. Parece claro; como clara resulta la necesidad de avanzar en el camino de la igualdad de los hombres y del respeto de su dignidad. Trabajar, habrá que hacerlo siempre. Pero lo importante es el cómo y para quién.

En la Europa occidental, con la aparición de la máquina, se produce la explotación masiva de muchos -los poseedores de su cabeza y sus brazos-, por unos pocos -los poseedores del capital-. A finales del XIX y principios del XX la situación resulta tan escandalosa que los propios integradores de la clase dominante se autolimitan, con la importante coacción del movimiento obrero, que con sus luchas y sacrificios consigue el reconocimiento de algunos derechos colectivos. De cualquier modo, como De la Villa y Montalvo han demostrado entre nosotros, en esa transformación hay mucho pragmatismo. Se cambia para no cambiar. En lo importante.

Pero el hecho es que comienza una legislación protectora, mezclada con las voces de sociólogos o médicos, que en algún caso llegaron a aconsejar el «juego de la cometa» como solución a la tendencia del obrero a «quernar» su salario en la taberna y sobre todo para que, tomando el aire puro, espirase el impuro que tenían en la fábrica. Salvando estas piruetas, la verdad es que los médicos de aquella época cumplieron una gran labor, denunciando abusos y pidiendo soluciones, especialmente higiénicas.

El Estado, en muchos casos identificado en el poder con la clase dominante, baja con el tiempo el índice de productividad legislativa y deja aumentar el de los sindicatos obreros. Así, de un modo tácito, se llega en la Europa occidental a una situación marcada por tres factores: reconocimiento de los sindicatos -con libertad y pluralismo-, admisión de la huelga como recurso lícito e institucionalización de los conflictos a través del Convenio Colectivo. Y a pesar de ello nada se hunde, sino que la economía, con más o menos vaivenes, prospera. En definitiva y a partir de 1944 se instaura en Europa un «statu quo» social que funciona entre el conflicto y el pacto y con la imprescindible presencia de los sindicatos obreros como principales protagonistas. Hoy creo que el tema, está en revisión, vía italiana, pero ése es otro tema.

Entre nosotros, la guerra civil de 1936 rompe todos los esquemas. Paramos el reloj, instaurando un sistema extraeuropeo que se refleja fundamentalmente en el Fuero del Trabajo de 1938. Para lo que ahora me ocupa, diría que el rasgo principal del sistema que se impone radica en la desaparición de la autonomía colectiva de los trabajadores y la consagración de un monopolio estatal en la regulación de las condiciones de trabajo, expresado fundamentalmente en la Ley de Reglamentaciones de 1942, aún vigente.

De las tres etapas de la legislación laboral -pietista, protectora y planificadora-, la de 1936 en adelante se ancla y momifica en la segunda. Al quedar los trabajadores desprovistos de protección autónoma, el Estado se encarga de velar por sus intereses y así no se admite ni un sindicalismo profesional, ni la huelga, ni, hasta 1958 y con peculiares rasgos, el convenio colectivo.

La clase trabajadora sufre durante los años de la postguerra una especial limitación de su status económico, que era el único en el que podría haber adelantado. Y lo sufre, porque quien está en el poder, en absoluto puede identificarse con los intereses de los trabajadores, sino al contrario. De ahí que durante años se conceden cosas pero no se conquistan derechos, a pesar de los barrocos preámbulos de las disposiciones legales. No podía menos de ser así, porque aún no se ha inventado el sistema de reformarse el sujeto a reformar, es decir de autorreformarse.

Ha existido una legislación avanzada en lo individual, pero dictada autoritariamente. Las disposiciones venían a decir: no es preciso sindicarse, ni declarar huelgas para conseguir mejoras. Yo, el Estado, las doy y ahí va esta ley o este decreto. Y sin duda alguna las mejoras, por ejemplo en seguridad social, se daban. Plero eran mejoras piramidales; venían de arriba y con el criterio de los de arriba, como no podían venir o venir con otro criterio. Y, así, el sistema funcionó durante años, porque funcionaba el sistema político. Nuestra legislación laboral no se entiende sin situarla en el contexto político y sindical,y desde luego sólo vale en él. ¿Por qué? Porque un sistema laboral autoritario sólo tiene eficacia cuando el autoritarismo tiene vigencia.

De ahí que, fallecido Franco, no crea en la viabilidad de una política laboral ligada estrechamente a su persona y a su significado en el país. No creo en el franquismo sin Franco. Por ello, hay que plantearse nuevos esquemas, pero teniendo bien presente el punto de que partimos. Y eso será tema de otro artículo.