Absuelto el artista urbano Invader de un delito contra el patrimonio en Málaga

La Audiencia Provincial de Málaga ha absuelto al artista urbano Invader y al gestor cultural Fernando Francés del delito contra el patrimonio histórico por el que estaban acusados por la instalación de 15 mosaicos en edificios protegidos del centro histórico de la ciudad andaluza. La jueza considera acreditado que Invader fue quien los colocó y que la acción fue “propuesta y apoyada” por Francés y su equipo, que conocían lo que iba a suceder y participaron en su proceso. Sin embargo, cree que el escaso daño que supusieron a los inmuebles y el hecho de que las propias piezas sean en sí consideradas como obras de arte les exime de cualquier acto ilícito penal. Ambos se enfrentaban a una multa de 24 meses a 50 euros por día, es decir, al pago de 36.000 euros.

La sentencia pone fin a una polémica iniciada en mayo de 2017. Coincidiendo con las actividades culturales reunidas en la iniciativa La noche en blanco, el creador —cuya identidad, que se ha conocido durante el proceso judicial, es Anthony Franck Slama— realizó una de sus invasiones en Málaga. Colocó, como ha hecho decenas de ciudades de todo el mundo, una treintena de piezas artísticas construidas a base de azulejos cuadrados e inspiradas en el juego Space Invaders. La mitad de estas obras, 15, se encontraban en el centro histórico, que cuenta con protección urbanística especial. Dos de ellas, además, habían sido ubicadas en dos Bienes de Interés Cultural: el Palacio Salinas y el Palacio Episcopal. El Obispado de Málaga, de hecho, se quejó a la Junta de Andalucía cuando encontró una flamenca en uno de sus laterales, que rápidamente retiró. La administración andaluza pidió entonces a la Guardia Civil investigar lo ocurrido. Meses después la Fiscalía de Medio Ambiente se querellaba contra el artista galo y Fernando Francés, entonces director del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, al que consideraba como autor intelectual de los hechos, por un delito contra el Patrimonio.

A principios del pasado verano ambos fueron juzgados en la Audiencia Provincial de Málaga y se acusaron el uno al otro de lo sucedido. El artista urbano no se presentó —no tenía obligación— porque su abogada, Marisa Castelo, aseguró que era muy importante para él preservar su imagen (apenas existen retratos suyos). La letrada aseguró que el creador reconocía como propios los mosaicos —los reivindica públicamente en su web— pero que no se sentía responsable de los posibles daños causados, puesto que quienes le habían llamado para el trabajo le habían dicho que estaba todo autorizado. Apuntó directamente a Fernando Francés, a quien la Fiscalía siempre consideró autor intelectual de la invasión. El gestor cultural, que durante meses fue durante secretario general de cultura de la Junta de Andalucía, aseguró en la sala ante las preguntas de sus abogados que él había invitado a Invader para una exposición después de reunirse con él, pero que el proyecto no llegó a salir y que los mosaicos los colocó el artista “por su cuenta y riesgo”. “Ni sabía lo que iba a hacer, ni dónde, ni cuándo, cómo, qué… No tenía ningún conocimiento. Y por supuesto no financiamos nada”, afirmó entonces el gestor cultural.

Una propuesta del gestor cultural

Ahora la jueza considera acreditado que la propuesta de la colocación de los mosaicos partió de Francés. La sentencia recoge varios correos y comunicaciones para argumentarlo para concluir que “se desprende de dicha documental que propuso y coordinó por sus empleados· la invasión. Y que la apoyó después de reunirse con él en 2015 en París para proponerle, junto a una exposición en el CAC Málaga y otros proyectos que finalmente no salieron adelante, la invasión. De hecho, el galo llegó a visitar la capital malagueña al año siguiente para conocer el museo y escoger los mejores lugares para colocar los mosaicos, que luego el gestor publicitó en medios de comunicación nacionales e internacionales. También cree Invader, junto a otras personas sin identificar, fue quien instaló las piezas (de las que en la actualidad apenas sobreviven media docena). Y que lo hizo “sin autorización administrativa” ni permiso de los propietarios de los edificios. Sin embargo, la sentencia refleja que el año de los azulejos fue superficial y que devolver las fachadas a su estado original no costó más de 400 euros por bloque. Algunos, ni cien euros. Ello, “unido a que los propios mosaicos son también una obra de arte” hacen que la jueza considera que no existe delito penal, más allá de las consecuencias que pueda tener “como ilícito administrativo o civil”.

También señala que dos de los edificios afectados se encontraban en tan malas condiciones que ya han sido derribados y que en el caso de los protegidos como Bien de Interés Cultural las obras estaban ubicadas en fachadas laterales y alejados de cualquier elemento ornamental. Y también indica que, aunque los mosaicos puedan afectar a la estética de los inmuebles, ni les afecta en nada ni supone “una pérdida de su valor”. Fuentes de la Fiscalía de Málaga han asegurado a Europa Press que están valorando la posibilidad de recurrir la sentencia.