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De Invader a Akior: la lucha contra los grafitis en Málaga

El trabajo de un equipo de la Policía Local se salda con 24 grafiteros detenidos en un año

Agentes de la policía local de Málaga realizan fotos a uno de los grafitis aparecidos en una de las calles de la ciudad.
Agentes de la policía local de Málaga realizan fotos a uno de los grafitis aparecidos en una de las calles de la ciudad.

Akior es uno de los grafiteros más activos de Málaga. Solo en 2017 realizó más de 240 pintadas ilegales. La Policía Local le ha seguido de cerca. Sus agentes saben hasta el recorrido habitual que realiza para ir de casa de sus padres hasta la de su novia. No les ha hecho falta una vigilancia extrema: la firma de este joven inunda las calles que separan ambos domicilios. Y funcionan, a ojos de los policías, como migas de pan a las que seguir. “Es su territorio y se siente más cómodo”, explica Juan Andrade, que junto a Miguel Checa conforma una pequeña pero efectiva unidad contra los grafitis que conoce al detalle los movimientos quienes salen cada noche a cometer actos vandálicos con un espray en la mano.

La iniciativa arrancó en 2018 y se ha saldado hasta ahora con 24 detenidos —el último, hace unas semanas, cuando se dedicó a garabatear por todas las paredes de la barriada de El Palo— y unos daños materiales valorados en más de 150.000 euros. La inquietud profesional de estos policías les está sirviendo también para marcar territorio a su manera. Su mensaje es claro: las paredes de la capital de la Costa del Sol no se tocan. Akior ya lo sabe. Fue arrestado el verano pasado.

Esta brigada funciona a tiempo parcial. Sus dos miembros compatibilizan la lucha contra los grafitis con su servicio diario. Son responsables del informe inicial que luego completó el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y que sirvió a la Fiscalía para querellarse contra el artista urbano conocido como Invader y Fernando Francés (entonces director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y hasta hace unas semana Secretario General de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía) por la colocación de 15 mosaicos en edificios protegidos. También han colaborado con policías de otras ciudades para informar de los viajes de grafiteros malagueños a Sevilla para pintar vagones del AVE, a Valencia para hacerlo en el metro, a playas del Algarve portugués o ciudades como Huelva, Badajoz y Rotterdam. “La cooperación es básica”, subrayan los agentes, que destacan el coste de los daños causados por los grafitis. Renfe gasta 11 millones al año para limpiar pintadas.

Los agentes conocen bien el movimiento grafitero local porque uno patrulla la zona este y el otro, la oeste. Son los lugares con mayor presencia de grafitis vandálicos. También el centro histórico, donde la falta de presión policial en la última década ha permitido el gran crecimiento de una actividad que, en muchos casos, ha quedado impune. Firmas como Fikus, Tous, Tute, Kook, Ebola o Arma son habituales en puertas de garajes, fachadas de edificios o mobiliario urbano, así como cristales, coches, furgonetas o trenes. Incluso edificios catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC). Ahora la situación ha cambiado: todos han sido arrestados. Y a todos, tras quedar en libertad, les controlan de cerca. “Pero subir en la escala social de los grafiteros es una adicción para ellos, casi siempre vuelven a pintar para demostrar de lo que son capaces”, subraya Checa.

Ese ego es la perdición de muchos grafiteros. Le ocurrió a uno de los más conocidos en la ciudad: Plaka. Su constante actividad y la difusión de la misma acabó con su detención en 2008 después de grafitear tres iglesias y 159 inmuebles de la capital malagueña. La necesidad de ser admirados por sus obras les hace difundirlas al máximo en redes sociales y páginas webs. Internet es precisamente una de las vías donde esta brigada policial rastrea su pista. Para despistar, muchos cambian de firma. “Pero así pierden popularidad y terminan volviendo a su nombre original”, revelan los policías.

El trabajo de campo es también básico, para lo que cuentan con la información que les suministran otras patrullas y agentes de paisano, así como las llamadas de ciudadanos avisando de algún grafiti. Todo queda plasmado en un documento que más tarde llega hasta la Policía Nacional, cuyos agentes lo completan hasta judicializar los casos. “La colaboración entre ambos cuerpos es fundamental. Y pocas veces he visto una cooperación tan buena como en estos casos”, asegura Andrade, con casi tres décadas de experiencia policial.

El trabajo de seguimiento permite a los agentes saber que, por ejemplo, quien firma como Psicos se divorció hace no mucho. “Cuando se casó dejó de ir a pintar, pero ahora ha vuelto. Y sale de madrugada incluso acompañado de su hijo”, explica Andrade, que usa palabras como tag, crew o bombardeo. Es la jerga de los autores de las pintadas ilegales en las paredes que, probablemente, leerán estas líneas. “Seguro que lo cuelgan en redes sociales diciendo: mirad, hablan de mí”, advierten los agentes.

 

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