El anuncio de Feijóo de eliminar el Ministerio de Cultura enciende el debate sobre su importancia

En teoría, la cultura adora los debates. Hay, sin embargo, un asunto que muchos creadores están hartos de discutir: su propia importancia. De ahí que la reciente declaración del candidato del Partido Popular para las próximas elecciones generales españolas, Alberto Núñez Feijóo, de que si llega al poder el 23 de julio englobará al Ministerio de Cultura en la cartera de Educación y Universidades encendiera alarmas y discusiones en el sector. ¿Enésima muestra de que las artes apenas interesan a la política? ¿Condena a una legislatura en la sombra si ganan los conservadores? Feijóo argumenta que solo busca “ahorrar”, sin mermar, dice, la relevancia de la cultura. Lo que lleva a otro dilema: cómo de significativo es para este sector tener, o no, un ministerio ad hoc.

El responsable actual de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, responde a Feijóo: “No he escuchado idea más absurda que justificar la desaparición por razones de reducción presupuestaria y de personal. Cambiaría el sueldo de un ministro y quizás sus asesores. Poco más”. En esta misma línea se posiciona Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz que reúne a 16 partidos de izquierdas: “El pretexto de la reducción del gasto público es espurio. No habría apenas más minoración que la resultante del intercambio de la figura de ministro por la de secretario de Estado, puesto que permanecería la misma estructura de personal, direcciones y subdirecciones generales, centros, organismos o unidades de producción”. Colectivos como la Unión de Músicos o la Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza firmaron un comunicado conjunto criticando la propuesta del líder del PP. El partido liderado por Feijóo no ha accedido a contestar a este periódico.

“Importa muchísimo. No puede entenderse una gestión eficiente de los intereses generales del Estado sin un Ministerio de Cultura”, sentencia José María Lassalle. Él lo vivió en primera persona: fue el último secretario de Estado al frente del sector, precisamente en un Gobierno del PP. Estuvo por debajo del ministro de Educación, Cultura y Deporte: primero, José Ignacio Wert; luego, Íñigo Méndez de Vigo. “Supone autonomía decisoria, que esté presente en el Consejo de Ministros por sí sola, no vinculada a Educación ni subordinada a Hacienda”. En este punto coincide con el socialista Iceta: “Perderíamos el peso de la voz de un ministerio en el Gobierno, en las instituciones europeas e internacionales, dar una señal clara de que la cultura es un bien público esencial. Eso bien vale un ministerio”.

Javier Solana, ministro de Cultura con Felipe González, en 1982, autor de la Ley de Patrimonio que aún rige en España —el Gobierno prometió reformarla esta legislatura, pero el proyecto naufragó—, pone en el centro del debate los recursos: “Un Ministerio de Cultura no es lo más importante. Tiene más relevancia que cuente con un presupuesto potente”. El actual presidente del Patronato del Museo del Prado recuerda que en su etapa al frente de la cartera tuvo grandes problemas para gestionar, por ejemplo, infraestructuras.

La clave económica se materializa al revisar las cuentas de cada gobierno. Las legislaturas sin ministerio, en efecto, coincidieron con una reducción del presupuesto para Cultura. En términos relativos, por más que la importancia del sector se haya casi duplicado, sigue en los márgenes: sus fondos suponían el 0,2% del total del gasto previsto en los Presupuestos Generales para 2014, cuando la dotación tocó fondo con 718 millones. Y representan el 0,37% en este 2023, con algo más de 1.800 millones, también gracias a la lluvia de fondos europeos. Es la misma cantidad destinada a “investigación militar”. Por comparar, Defensa se lleva el 2,5% del total. Educación el 1,1%. Y eso que la Cultura aporta un 2,4% al PIB español (un 3,4% si se suman las actividades vinculadas a la propiedad intelectual), en datos oficiales, como no se cansa de repetir el sector.

Subordinación o autonomía

“Desde un punto de vista simbólico y económico es el activo de país más importante que tiene España. Lo entienden chinos, estadounidenses o franceses. Aquí, por alguna extraña razón, no”, agrega Lassalle. “Un Gobierno que rechazara la especificidad de la política cultural y la relevancia de su posición en la arquitectura institucional no estaría preparado para los desafíos de nuestro tiempo y no respondería al contexto internacional”, apostillan desde Sumar.

Lassalle asegura que tenía interlocución directa con el presidente, Mariano Rajoy, también gracias a su relación personal, pero su gestión diaria pasaba por el filtro “y las interferencias” de un ministro ocupado en múltiples asuntos. “Si en un determinado momento el presupuesto de becas, por poner un ejemplo, era la prioridad del ministerio, podía condicionar la aportación para la gestión de los museos”, resume. Desde el primer Gobierno de los populares con José María Aznar esta fórmula de sumar carteras en un solo ministerio se ha repetido cuando la derecha ha ascendido al poder. Esperanza Aguirre, el propio Rajoy y Pilar del Castillo fueron ministros primero de Educación con secretarios para la Cultura.

Cuando Pedro Sánchez devuelve el Gobierno al PSOE se apuesta de nuevo, como ya hizo José Luis Rodríguez Zapatero, por un Ministerio de Cultura. Entre 2004 y 2011, Carmen Calvo, César Antonio Molina y Ángeles González-Sinde solo tuvieron que ocuparse del sector artístico. En 2018, la fórmula pasó a ser Ministerio de Cultura y Deporte, una cartera propia por la que han pasado cuatro responsables —si se cuenta el mandato de apenas unos días de Màxim Huerta— en unos cinco años. Los primeros dos, el periodista, presentador, además de escritor, y el fallecido José Guirao, tenían un perfil estrictamente cultural. Pero tanto José Manuel Rodríguez Uribes como Miquel Iceta son dos figuras del PSOE que aterrizaron en el sector después de haber dedicado su carrera a cuestiones como la política territorial, en el caso del catalán, o la defensa de las víctimas del terrorismo. “Necesitamos al frente a profesionales que conozcan las políticas culturales y generen las condiciones para que la cultura dé lo mejor de sí misma”, añaden desde Sumar.

“Unos quieren mantenerla como secretaría de Estado. Y otros en un ministerio capitidisminuido como el actual. Tal y como está concebida, la gestión cultural institucional es de chiste”, critica Lassalle ante este repaso histórico por la cartera. De hecho, las artes se han acostumbrado a no protagonizar mítines ni campañas. Más bien, a ocupar con suerte una mención en los discursos electorales. O, si acaso, una página en los programas. En los debates, nunca caben en ningún bloque temático, salvo raras excepciones. “No hemos repensado la cultura a partir del modelo del franquismo, solo la hemos democratizado. Y el propio sector ha vivido complacientemente enemistado con la política en una relación dialéctica que le resultaba familiar. Esa dinámica se ha mantenido sobre una lógica de poder clientelar, hoy en manos sobre todo de los funcionarios. Si además las personas que aparentemente hacen la cultura son las mismas desde hace 40 años, apaga y vámonos”, lo intenta explicar Lassalle.

Sin embargo, esta precampaña se ha inaugurado, tal vez sin esa intención, con cierto protagonismo para el sector. Feijóo anuncia la futura eliminación del ministerio; Sánchez aprueba la reducción del precio de las entradas del cine para mayores de 65 años; Yolanda Díaz, candidata de Sumar a la presidencia, se disputa con Iceta los logros del Estatuto del Artista, que incluye, entre otras medidas, una inédita prestación por desempleo. El actual ministro, además, se apunta a TikTok para recordar a los nacidos en 2003 que ya pueden solicitar el Bono Cultural, esos 400 euros para gastar en teatro, arte, música, videojuegos —y toros— que ha aprobado durante su gestión. “Si no fuera por el apoyo en la coordinación de los grupos de trabajo del Estatuto que nos han brindado los asesores del Ministerio de Cultura, nada se hubiera conseguido”, subraya Alberto González Pulido, coordinador de la Unión de Artistas Contemporáneos.

Estas medidas —habrá que esperar para confirmar si se mantienen como líneas de campaña o se quedan en el aperitivo electoral— son solo la punta del iceberg de lo prometido en el pacto de Gobierno de 2019 entre el PSOE y Unidas Podemos. Se ha quedado mucho por hacer: no ha habido un pacto de Estado, ni se ha creado la oficina de Derechos de Autor, tampoco se ha rematado un Plan de Acción sobre Igualdad y el Estatuto del Artista mantiene varios frentes abiertos, ahora congelados por la disolución de las Cortes. El adelanto electoral, además, dejó a un paso de la meta la Ley del Cine, y una reforma del mecenazgo que se tramitaba bajo la competencia de Hacienda.

Y, de fondo, queda irresuelta una cuestión más filosófica, pero con consecuencias concretas: la presunta hegemonía cultural de la izquierda. Y su relación privilegiada con las artes. La teoría de que la gala del “no a la guerra” enemistó para siempre al PP y el cine español vuelve a cada edición de los Goya. La subida del IVA del sector al 21% durante el último Gobierno popular también dejó secuelas. Y artistas clave de sus respectivas disciplinas, como Pedro Almodóvar, Javier Bardem, la fallecida Almudena Grandes, Rosalía o David Rubín, han dejado clara su oposición a la derecha y sobre todo a Vox, que, por otro lado, presume de esta enemistad y devuelve las críticas. El escritor Bernardo Atxaga ha ido más allá en su posicionamiento: es el responsable de cultura de Sumar. Aunque el cine protestó también contra la reciente Ley General de Comunicación Audiovisual, impulsada por los socialistas. Creadores como Mario Vargas Llosa o Andrés Calamaro se colocan públicamente en el bando conservador.

“La hegemonía cultural de la izquierda en España es a nivel mediático y comunicacional. Pero los creadores que puedan proyectar un discurso hegemónicamente de izquierdas son muy pocos. Y las genialidades creativas de vanguardia están cada vez más liberadas de condicionamientos ideológicos y categorías políticas del siglo XX”, reflexiona Lassalle. Aunque el asunto no deja de ocupar ensayos y artículos de opinión. Y, en Italia, se ha colocado incluso entre las prioridades del Gobierno ultraconservador de Giorgia Meloni, a partir de la reciente reorganización de la televisión pública, Rai. “Quiero liberar la cultura italiana de un intolerante sistema de poder donde no podías trabajar si no te declarabas de una cierta parte política”, aseguró la presidenta. En España, Vox colocó como uno de sus principales objetivos, en el documento Agenda España, la lucha contra la “hegemonía cultural” de la izquierda. Y, a la espera de lo que decidan las urnas el 23-J, su pacto con el PP en la Comunidad Valenciana añade una nueva variable a tener en cuenta en el futuro de este ministerio: han puesto al frente de la Consejería de Cultura a un extorero.