Cine a dos ‘euritos’, a la caza del jubilado
Dar una subvención encubierta al sector audiovisual y acabar lanzando un guiño a un colectivo tan importante en las urnas como los jubilados. Año electoral, ya saben
El cine a dos euros para mayores de 65 años está trayendo cola. Pienso en mi padre: es el típico sesentañero que no pisa una sala desde que le hice Netflix, y está encantado. Pero la polémica no vino porque sea folclórico obviar que hay muchos mayores de la generación boomer, ya digitalizados y pegados a sus tablets, que no volverán al cine solo porque sea barato. Es el virus del resentimiento social lo que inunda este debate.
Se vio en Twitter, cuando algunas voces progresistas reprocharon eso de financiar el cine a pensionistas que cobren, por ejemplo, más de 2.000 euros. Busqué los datos: la medida supondrá solo 10 millones de euros a las arcas Estado. Es decir, una cantidad irrisoria comparada con los 13.600 millones de euros que cuesta de más subir las pensiones este año conforme al IPC. En cambio, esas mismas voces no criticaron en su momento la revalorización para las jubilaciones más altas. Será que el electoralismo no está tan bien visto como ayudar a retener poder adquisitivo ante las crisis entre nuestros pensionistas, más o menos necesitados.
Si bien, el malestar con una propuesta tan nimia económicamente avisa ya de un caldo de cultivo previo, subterráneo en España. Desde que la precariedad entró por la puerta, la gente es más sensible sobre cómo se gasta el dinero nuestro Estado. Reclamos para atraer el voto de los pensionistas hubo siempre; hasta Esperanza Aguirre aplicó una reducción del cine a un euro ya cuando gobernaba. Pero hay síntomas de que el debate rentista —sobre si dar ayudas solo por criterio económico— está cada vez más latente en nuestras sociedades, y la brecha generacional no se libra.
Por eso, sería hasta legítimo que esos mayores de 65 años le respondieran a sus nietos: ¿A los jóvenes hay que quitarles el bono cultural, si los padres tienen pasta? ¿Hay que establecer la bonificación del Interrail solo por criterios de ingresos? El creciente apoyo al discurso de la justicia social exigirá pronto revisar muchas medidas, aunque a nadie le guste ser el colectivo afectado, o las administraciones no tengan capacidad técnica para cruzar tantos datos —o en eso se excusan algunos políticos.
El caso es que la pulsión rentista va más allá de la edad, e impregna ya toda la política española desde que el Estado asistencial no ha dejado de ganar espacio en cuestiones vitales. Se vio con la enorme polémica por el bono social eléctrico para familias numerosas. Hasta que se descubrió que la propia Mónica García lo recibía —pese a ser de izquierdas— amagaba con ser el ariete contra algún consejero de Ayuso. En ambos casos es reprochable por estar bien pagados, pero no tan raro: se tendía a creer que dar ayudas es una forma de premiar la natalidad, pero raramente uno elige tener hijos por ese motivo.
Aunque a las puertas de unas elecciones uno no está para abrir sesudos debates, sino para atraer votos. Si el PSOE va a por los pensionistas al choque directo con el Partido Popular, Podemos se lanzó a por otras franjas. Propone ya extender el cine a “personas desempleadas y sus familias, los hogares que reciben el ingreso mínimo vital, las personas con discapacidad y los y las jóvenes entre 15 y 29 años”. Si jubilado viene de júbilo, de tiempo de alegría o descanso, algunos tuiteros se quejaban de que las necesidades de esos ciudadanos vulnerables no sean equiparables. La verdad, todo el mundo tiene derecho a distraerse un rato: viendo películas, y escuchando promesas electorales.
Y al final uno se pregunta para qué toda esta disputa. Dice La Moncloa que con su medida se beneficiarán 9′5 millones de personas mayores de 65 años. Será cierto que el Gobierno quiere combatir el sedentarismo de nuestros mayores. Si quieren pillar butaca, parece que sus beneficiarios tendrán que salir corriendo. A unos ocho euros la entrada —me cuenta un economista— no parece que la medida vaya a dar ni para una película por persona.
Made in España. Nada es más tradicional, ni más folclórico que marcarse un tanto de esas características: dar una subvención encubierta al sector audiovisual y acabar lanzando un guiño a un colectivo tan importante en las urnas como los jubilados. Año electoral, ya saben. Pero el debate de fondo amaga con seguir abierto por muchos años.
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