Una década perdida de artes escénicas

Tal vez algún guionista tome nota. Porque las cifras son frías, sobre todo con tantos menos por delante. Pero lo que cuentan en realidad es un drama de ciencia-ficción: miles de conciertos, espectáculos y proyecciones de películas se han volatilizado en España. Y nadie sabe cuándo y si volverán.

Entre 2007 y 2017, han desaparecido una de cada tres actuaciones musicales y una cuarta parte de las sesiones cinematográficas, según el anuario de la SGAE 2018. No hay actividad cultural que no registrara un descenso de representaciones (del 17% de la música clásica al 57% de la danza) y entradas vendidas (entre el 7% y el 47%). Pese a la leve recuperación de los últimos tres años, los números insinúan una década perdida.

Más aún ya que la demanda apenas se ha modificado: el 31,2% de la población visitó un museo en 2007, frente al 33,2% de 2015 (último dato del ministerio de Cultura). El teatro ha subido del 19% al 23,2%, mientras que la asistencia a conciertos de música actual ha bajado hasta el 24,5%. Leer, ir al cine y escuchar música son las únicas actividades que atraen a más de la mitad de los españoles.

Las alarmas llevan 10 años sonando, pero la cultura se quedó adormilada. La explicación empieza por la crisis, según una quincena de gestores, políticos y académicos. A la vez, parte del consumo se ha mudado a Internet. “Es la década de la transformación del acceso; se llega a través del móvil, Spotify o Netflix se han generalizado”, dice Eduardo Maura, responsable de Cultura de Podemos. Porque los ingresos de la música digital ya doblan a la física, mientras la suscripción a cine y series online crece con fuerza.

Salas y escenarios, sin embargo, se lamen las heridas. Los entrevistados proponen soluciones comunes, y otras distintas, pero todos comparten un elemento: preocupación. “Es más que una década perdida. Ha quedado patente que la cultura es algo superfluo, para la política y la ciudadanía”, según Juana Escudero Méndez, subdirectora de Educación y Cultura de la Federación Española de Municipios y Provincias. “El derecho de acceso a la cultura está en el artículo 44 de la Constitución. Promoverlo y tutelarlo es una obligación de los poderes públicos”, afirma Patricia Gabeiras, abogada experta en este sector.

El relato arranca por las tijeras. “Al recortar, se empieza por cultura”, ataca Maura. Ante la tormenta, a las artes les agujerearon el paraguas. Con diferencias: las Comunidades Autónomas redujeron su inversión a la mitad, entre 2008 y 2015. El Estado, un 37,5%. Y los Ayuntamientos un 22,4%, lo que reforzó su rol como principales financiadores: aportan seis de cada 10 euros públicos para la cultura, subraya Escudero. En todo caso, el plantón de las administraciones dejó las artes con 4.771 millones de euros en 2015, unos 2.300 menos que en 2008.

“Los presupuestos de cultura han sido para hartarse de reír”, afirma Antonio María Ávila, secretario de la Federación de Gremios de Editores. “Casi no ha habido política cultural”, tercia Anna Villarroya, profesora agregada de economía aplicada en la Universidad de Barcelona. Tanto ella como Victoria Ateca Amestoy, del departamento de análisis económico de la Universidad del País Vasco, destacan la falta crónica de seguimiento: se lanzan ideas y planes de corto plazo, pero no se investigan resultados y cumplimiento de los objetivos. “No sabemos lo que funciona”, denuncia Ateca. Desde la industria, apuntan otras causas del retroceso: la piratería, el cambio tecnológico y la subida del IVA del 8% al 21% del Gobierno del PP en 2012, que también privó a las artes de un ministerio independiente.

José María Lassalle, secretario de Estado de Cultura entre 2011 y 2016, matiza: “No hubo mucha diferencia con lo ocurrido en otros sectores. Y la política cultural a menudo está maniatada por Hacienda y Exteriores”. A quien le reprocha una ley de mecenazgo que nunca llegó, él responde que se aprobaron mecanismos de crowdfunding, pero el sector no sabe o “quiere” usarlos. Eso sí, admite un balance agridulce de su gestión y lamenta: “¿Es viable un modelo donde Estado, Comunidades y Ayuntamientos se dan la espalda en vez de coordinarse?”.

La demanda

Lo cierto es que la cultura aporta el 2,5% del PIB y recibe el 0,4%, en gasto público. Obtiene fondos de la UE, a través de Europa Creativa, pero muchos reclaman otras vías de financiación: exenciones o préstamos participativos, donde público y privado compartan los riesgos. Aunque, a la vez, piden ir más allá de los números. Y señalan un olvido habitual: estimular también la demanda.

Un indicio es la caída del gasto por persona en cultura: un 22% menos que en 2007, hasta 289 euros anuales —que incluyen el desembolso en “equipos de teléfono móvil”—. Otra pista son las encuestas. “Salvo en el cine, donde el precio es la variable principal, la población dice que no participa por falta de interés, de tiempo o porque no hay nada que le guste”, aclara Rubén Gutiérrez, director general de la Fundación SGAE.

El problema, en sustancia, es más enraizado. Un grupo fiel consume cultura con frecuencia. Pero muchos viven ajenos a ella. Sobre todo a partir de 55 años, lejos de las zonas metropolitanas y con menos estudios. La sangría de la obra social de las cajas de ahorro ofrece una pista: su aportación a la cultura, concentrada a nivel local, sumaba 636.474 euros, el 40% de sus 1,8 millones, en 2007. Se había reducido a 141.504, el 17,7% del total, en 2017.

Ante ello, la solución más citada es sensibilizar desde la “educación primaria” al disfrute y el apoyo de las artes. “Hemos tenido mareas por la educación o la sanidad. La cultura también se caía a pedazos, pero la ciudadanía no reaccionó”, reflexiona Gutiérrez. Ni la política ni la sociedad la han considerado una prioridad, según los entrevistados. Pero Lassalle invita a buscar el culpable ante el espejo: “Falta autocrítica, es un sector autorreferencial. Se ha mantenido un paradigma fosilizado que procede de la dictadura”. Es decir, una cultura donde mandan “el clientelismo de los gestores”, siempre las mismas instituciones y cualquier mal se achaca a los poderes públicos.

Jesús Cimarro, director del festival de teatro clásico de Mérida, asume un fallo: “No basta una buena programación. Falta venderla. La cultura ha carecido de comunicación”. Sobre todo si las creaciones aumentan: hay más compañías de teatro que nunca, se producen 241 filmes al año (69 más que hace una década) y se ha disparado un 26% el alumnado de enseñanzas artísticas en régimen especial. Obras y creadores se siguen multiplicando, y eso que cada vez menos viven de ello.

Las estadísticas oficiales también registran récords en el trabajo y las empresas culturales. Aunque lo que más crece es la precarización: solo la mitad de los empleos son indefinidos, frente al 61,2% del país en su conjunto. El 60% de lo que se define como “empresa cultural” es una persona física, y el 93,3% oscila entre ninguno y cinco asalariados. Solo el 0,7% suma 50 o más trabajadores.

Terminan pagando los más débiles. “Como los conciertos pequeños y medianos”, aclara Albert Salmerón, responsable de la asociación de promotores musicales. Los macrofestivales, en cambio, han arrasado y duplicado la recaudación de la música en vivo desde 2007. Aunque, ¿cuántos han abandonado conciertos puntuales para visitar solo los grandes eventos? “La calidad también se ha visto afectada”, agrega Cimarro. “Las obras se hacen con menos actores y decorados y no salen de gira”. De ahí que las salas fuera de las grandes capitales no abran muchos días de la semana. O nunca más. Maura denuncia: “El cierre de un teatro supone una merma de derechos, al igual que el de un ambulatorio”. En Madrid o Cataluña. Y, mucho más, en un pueblo donde ya no quede otro.