Las películas se protegerán como si fueran monumentos

El ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, llevará este martes al Consejo de Ministros el anteproyecto de la reforma de la ley de Patrimonio Histórico firmada en 1985 por el también socialista Javier Solana, según ha podido saber EL PAÍS. La norma, una de las más longevas de la democracia, “necesitaba una adecuación a la realidad de los bienes culturales del siglo XXI”, aseguran fuentes del ministerio. La de mañana será una primera lectura de la propuesta, sujeta a cambios. La actualización pretende “prevenir, combatir y sancionar con mayor eficacia las prácticas de expolio”; la adaptación a una decena de tratados de la Unesco y otros organismos que España ha suscrito en las tres últimas décadas; así como garantizar que la norma estatal se impone sobre ciertos criterios autonómicos para así garantizar la debida protección de los bienes. También amplía sus campos de acción a la salvaguarda del patrimonio audiovisual y cinematográfico, industrial, inmaterial y subacuático, categorías todas que no estaban en las prioridades sociales en 1985 y que ahora, sin embargo, han cobrado mayor protagonismo.

Otra novedad destacada es que la ley de 2015 de Patrimonio Inmaterial del PP se integra con la de 1985 en un único texto. La norma aprobada por los populares sin el consenso de los grupos parlamentarios implica la protección de la identidad y el carácter plural que forman las expresiones de un país. En España, la Unesco ha declarado bienes de este tipo la dieta mediterránea, la fiesta de los patios de Córdoba, el flamenco, las fallas, los castells, el silbo gomero o la representación sacrolírica del misterio de Elche.

La reforma crea una nueva categoría de “bien de interés mundial” que “se aplicará a los monumentos y conjuntos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco”. Es decir, se pretende conseguir una doble protección para monumentos como la catedral de Burgos, cuya reforma de las puertas a cargo del artista Antonio López ha suscitado dudas por parte de la Unesco. La última palabra ya no dependerá de la Comisión General de Patrimonio, en este caso de Castilla y León, sino que será compartida con el Estado. Con esta decisión, el Gobierno refuerza la protección estatal por encima de la de las comunidades.

Para tratar de impedir el expolio, la propuesta legislativa prevé modificar el régimen de infracciones y sanciones “que no siempre se podían aplicar bien”. El texto especifica una de estas nuevas infracciones: “El incumplimiento del deber de informar del descubrimiento de objetos y restos arqueológicos”. Cultura busca “dar más precisión al régimen de los bienes que han salido ilegalmente de España”. La ley actual ya establece que quienes saquen una pieza fuera de las fronteras pueden incurrir a un delito de contrabando.

Contra otro eccehomo de Borja

El ministerio quiere además ampliar el concepto de patrimonio y por eso reconocerá el industrial (hasta ahora se contemplaba en un plan nacional de 2001) y el subacuático. Cultura saldará asimismo una deuda pendiente al proteger el Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual (una solicitud del Consejo de Europa). Con especial protección a la Filmoteca Española, que le da la consideración de archivo y como tal está protegido como bien de interés cultural.

Por primera vez, se definirá y regulará el paisaje cultural, esos espacios que cambian con el paso del tiempo por intervención de las personas y del propio medio natural y acaban adquiriendo una serie de cualidades que los convierten en identidad de una comunidad. ¿Ejemplos? La Vega Baja de Toledo, amenazada en los últimos años, o el entorno natural alrededor de un monasterio de interés artístico. Y se aprobarán planes de salvaguardia de los monumentos para evitar, especifica el texto, catástrofes como el incendio de Nôtre Dame de París.

El Gobierno también pretende “precisar las condiciones para la exportación de bienes culturales”, acorde a un reglamento de 2008. Y quienes consigan el permiso de exportación otorgado por la Junta de Calificación no tendrán que pagar una tasa en una posible venta en el exterior. El nuevo texto prohíbe asimismo “el uso no autorizado de detectores de metales para evitar la destrucción de yacimientos”. Hasta ahora estos aparatos estaban prohibidos solamente en unas pocas Comunidades autónomas. En este capítulo de protección del patrimonio, se establece “la obligatoriedad de un proyecto de conservación suscrito por personal técnico competente para las intervenciones de conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio cultural”. Es decir, Cecilia Giménez no podría volver a restaurar por su cuenta y riesgo una pintura como el ya famoso eccehomo de Borja. La ley garantizará que ese solo puede ser un trabajo para profesionales acreditados.

En el capítulo de los bienes eclesiásticos, “se prohíbe a la Iglesia enajenar los bienes de interés cultural salvo que se transmitan al Estado u otras Administraciones Públicas. Esta prohibición ya existía en los bienes muebles eclesiásticos”, especifica la reforma, que no determina si finalmente se urgirá a las comunidades a terminar los inventarios de la Iglesia; es decir, la información organizada que permita conocer todo su patrimonio y su ubicación.