Cómo proteger del expolio el inmenso patrimonio histórico de España e Italia

La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Ministerio de Cultura se reunió de urgencia solo 24 horas antes de que se subastara el supuesto caravaggio en la Casa Ansorena de Madrid por 1.500 euros, y declaró la pintura inexportable. En una sesión extraordinaria, este organismo dedicado, entre otras funciones, a estudiar los bienes que se pueden vender fuera de España, protegió la obra. La venta frustrada es el episodio más reciente de un relato complejo que España e Italia escriben desde hace siglos. Pocos países presumen de tantos tesoros artísticos. De ahí que los respectivos ministros de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes y Dario Franceschini, coincidieran este jueves en una reunión en Roma en la importancia de proteger un patrimonio tan vasto, en su poder de “cohesión social y territorial” y en su valor como “palanca” económica. La responsabilidad, al mismo tiempo, también es gigantesca: la “conservación y enriquecimiento” de estos bienes es un deber que recogen las dos constituciones.

La tarea de identificar, proteger y exponer tamaño acervo cultural desborda a las dos Administraciones. Y cualquier ladrón de arte lo sabe. A veces, ya sea por fraude o por un simple error, alguna obra maestra se cuela por la frontera y aparece en una colección privada o en algún prestigioso museo extranjero. ¿Cómo se salvaguarda un patrimonio tan inmenso?

“Resulta muy difícil de gestionar y catalogar el patrimonio de España e Italia”, responde Roger Dedeu, abogado experto en Derecho de la Cultura, del despacho Gabeiras & Asociados. La Junta española, formada por 22 miembros y un secretario (del ámbito universitario, del mundo de los museos, archivos, bibliotecas y también de las aduanas, la gestión tributaria y financiera pública, además de representantes de centros públicos), lo intenta. Se reúnen 11 veces al año en pleno, otras 11 para valorar peticiones de exportación y entre una y cuatro ocasiones más para otros trámites. En las sesiones plenarias, de hasta seis horas de duración, pueden valorar, según datos del ministerio, un gran volumen de expedientes: “Entre 300 y 600 páginas”. “Está plenamente cualificada, pero lógicamente no pueden saberlo todo sobre todos los bienes culturales”, explica Laura Sánchez Gaona, abogada especialista en arte y patrimonio cultural que después de años llevando casos de este tipo demanda “más dinero para Cultura para crear los medios necesarios y cruzar información, como hace Hacienda, que es una máquina infalible”.

Entre la marea de trámites y la ausencia, a veces, de ojo clínico, controlar con lupa todas las obras se convierte en un reto como la Junta. Algo que comparten, en cada región, las oficinas de exportación italianas pero cuya gestión depende del Ministerio de Cultura. “La cantidad de expedientes es un problema”, reconoce el catedrático Domenico D’Orsogna, de la Universidad de Sassari (Cerdeña). De ahí que Italia marcara el año pasado en hasta 13.500 euros el valor por debajo del cual una pieza de los últimos 70 años no necesita una autorización para la exportación. “Con tantas peticiones, de vez en cuando sale algo importante”, concede Stefano Alessandrini, historiador de arte antiguo y exasesor del Ministerio de Cultura italiano. El experto recuerda el caso de un valioso retrato de Camilo Borghese: “los listillos” esquivaron la oficina de Roma y solicitaron el expediente ante otra sede, donde sabían que habría más dificultades para identificar la obra. Además, lo presentaron como “retrato viril”, omitiendo el prestigioso sujeto.

Estratagemas

Precio bajo, autoría y atribución inciertas. Son algunas estratagemas habituales para colar una joya en una subasta y sacarla de Italia o España. La otra opción es, en palabras de Dedeu, “a la torera”. “Recuerdo camiones de frutas o de mudanzas llenos de objetos arqueológicos”, explica Alessandrini. El caso del banquero Jaime Botín ejemplifica este método: cuando le fue denegado el permiso de exportación para su picasso, Cabeza de mujer joven, lo llevó a Córcega en su yate, con la intención de enviarlo a Suiza. Pero también muestra el precio de saltarse la ley: la Policía aduanera detuvo la operación, Botín acabó condenado a tres años de cárcel y la pintura ya es propiedad del Estado español. “Otra consecuencia es que si se participa en una operación dudosa o ilícita automáticamente acaban en una lista negra de desconfianza”, agrega Dedeu. En el caso de España, según la ley de Patrimonio, puede incurrir en un delito de contrabando.

En 2020, el Ministerio de Cultura español otorgó a 12.986 piezas el pasaporte definitivo. En el caso de querer sacar de España obras con más de 100 años de antigüedad, la ley determina que este trámite es obligatorio. El aumento de las exportaciones, solo comparable a las cifras de 2016, se debió, según Cultura, a que “muchos anticuarios y casas de subasta aprovecharon el parón para solicitar permisos para sus fondos de piezas pequeñas, en su mayoría de numismática, apropiadas para venta en línea y de fácil envío postal”. De lo que no hay información es de los procedimientos ni las actas de la Junta, aunque se trata de un organismo público. Para Dedeu, aquí está una pieza de la solución: “No puede ser que descubramos sus criterios en una sentencia judicial”. El experto reclama, además, una “guía de orientación” para el propietario que solicite la exportación de una obra, al estilo de la que existe en Inglaterra.

La tarea de identificar, proteger y exponer tamaño acervo cultural desborda a las dos administraciones. Y cualquier ladrón de arte lo sabe

En general, tanto la junta española como las oficinas italianas conceden el visto bueno a una aplastante mayoría de expedientes. Normalmente, por ser obras menores, pero no siempre. No es raro que se dejen salir obras de grandes artistas prolíficos y muy representados, como Joaquín Sorolla. Tanto la ley italiana como la española, al fin y al cabo, persiguen un difícil equilibrio entre la propiedad privada y el bien público. Ambas permiten poseer piezas susceptibles de pertenecer al patrimonio nacional, sin obligación de avisar. Pero iniciar un trámite para su exportación o venta permite al Estado no solo tener información de la obra, sino convertirse en un potencial comprador a través de su derecho de tanteo.

La protección oficial, sin embargo, no resulta atractiva para muchos propietarios. “Se les imponen una serie de obligaciones para su exposición, análisis o restauración”, aclara Dedeu. Además, el dueño pierde la opción de vender la obra en el mercado internacional, de ahí que su valor baje. A cambio, recibe beneficios fiscales que casi todos los expertos juzgan poco alentadores.

Conocer el patrimonio

Un conocimiento completo es otra misión casi imposible. Las comunidades autónomas, desde las direcciones de Patrimonio Histórico regionales, se encargan de hacer su particular valoración, protección y catalogación de los bienes. El supuesto caravaggio, por ejemplo, está bajo la tutela de la Comunidad de Madrid, ya que fue en esta región donde se encontró. Desde Patrimonio de las comunidades se realizan además inventarios, una función que, al hacerse de manera independiente en cada región, multiplica el número de catálogos, de plazos de finalización de los mismos y por tanto, de falta de homogeneidad en la clasificación del patrimonio español.

En el caso del inventario de la Iglesia, la situación es especialmente complicada. “Llevamos décadas esperándolo”, dice Sánchez Gaona. “La ley del 85 en el artículo 28 prohíbe la enajenación de bienes de eclesiásticos a entidades privadas o particulares. Ese artículo especifica que hayan sido inventariados. Es decir, si no está inventariado se podría vender”. Pero esto es solo la teoría, porque como explica la jurista, hay una disposición transitoria en la ley que plantea que “se aplicaría a todos los bienes de la Iglesia hasta que se terminen los inventarios”. Por tanto, sin estos archivos ningún bien en posesión de la Iglesia se puede vender.

En el pasado, esta falta de control de los bienes eclesiásticos se tradujo en el expolio de muchas parroquias, iglesias y monasterios. No solo en forma de robo, también de ventas que no se han declarado, además de piezas que acaban en casas de subastas, son adquiridas y al intentar revenderlas comienzan los problemas. “No es justo que un particular compre de buena fe una obra sin tener idea de esa procedencia, pida permiso de exportación, se autorice y luego cuando se descubre que viene de un convento les obliguen a devolverla. No se puede pedir máxima diligencia a un comerciante si no hay inventarios bien hechos”, continúa la abogada. Italia, como recuerda Alessandrini, ha optado con cierto éxito por museos diocesanos provinciales que reunieran al menos las obras más relevantes en manos eclesiásticas. Y apunta otra solución: ante el expolio en yacimientos recónditos de ambos países, propone que para adquirir un detector de metales haga falta un permiso especial, como para la posesión de armas.

El expolio

Italia y España han sufrido un enorme expolio de patrimonio. El catedrático D’Orsogna recuerda que solo a partir de 1815 se difundieron las primeras ideas que apuntaban a que “las obras de arte son de todos”. Antes, básicamente, regía el Salvaje Oeste. Entre finales del XIX y principios del XX, España vivió la época de los cazatesoros estadounidenses, del marchante Arthur Byne y de Lionel Harris, dueño de The Spanish Art Gallery, en Londres. En este periodo salieron, en ocasiones piedra a piedra, edificios como el monasterio de Sacramenia (Segovia) y el de Ovila (Guadalajara); decenas de artesonados, tapices como los paños flamencos de la Catedral de Palencia o de Toledo; restos de fortalezas como la de Benavente. Muchas de estas piezas acabaron en el fastuoso complejo del magnate de la prensa William Randolph Hearst en California.

D’Orsogna cita el celebérrimo Vaso de Eufronio en Italia, sustraído de la necrópolis de Cerveteri y expuesto en los setenta en el Met de Nueva York: en su periplo hubo mentiras, millones, anticuarios muertos y viejas polaroids, hasta que terminó devuelto a su país de origen. Alessandrini menciona el Atleta Victorioso de Lisipo, expuesto en el Getty Museum de Malibú y cuyo capítulo final está por escribir: el Supremo italiano falló en 2018 que la estatua debía regresar. Pero todavía no ha sucedido. Alessandrini lo resume con una frase que le espetó hace años al entonces director del Metropolitan de Nueva York: “Los museos de EE UU son cuevas de Alí Babá”.

Los expolios españoles e italianos han provocado el desarrollo de leyes muy proteccionistas. En España, Ricardo de Orueta, desde su puesto de director general de Bellas Artes en la II República, puso en pie la Ley del Tesoro Artístico de 1933, una de las más avanzadas de Europa en aquel momento. En 1985, Javier Solana firmó la ley de Patrimonio vigente, que sucedió a la de Orueta. “Fue una ley necesaria en un país tan expoliado como España”, opina Sánchez Gaona. “Habría que actualizarla para integrar la faceta de los bienes culturales como objeto de mercado. Hay cierta confusión sobre cuándo uno puede verse restringido en su derecho de propiedad porque los criterios no son claros. Por eso muchas familias tienen miedo al bloqueo de sus bienes. Cuanto más se tenga en cuenta el interés privado, los particulares tendrán más fácil cumplir con sus deberes y así tener en cuenta su patrimonio como herencia cultural colectiva. Ahora hay tirantez, opacidad”, afirma.

Todos los expertos consultados coinciden, eso sí, en que los robos han disminuido. Además de ley y controles, sobre todo ha contribuido la diplomacia. Casi todos los países del mundo han ratificado una convención de la Unesco con la que se comprometen a no adquirir o importar bienes culturales de procedencia dudosa. Aunque la zona franca del aeropuerto de Ginebra sigue custodiando un tesoro artístico millonario, recuerdan varios expertos. Italia ha firmado además pactos de colaboración no solo con otros países, sino incluso con museos como el propio Met. “Se está creando la costumbre por la que los Estados deben buscar con buena fe una solución equilibrada”, agrega D’Orsogna. Y eso no siempre conlleva el regreso de una obra: a veces, el país de origen puede conformarse con que se reconozca su pertenencia y conceder un préstamo de larga duración. A los tiempos de los robos, están sucediendo los de la sensatez. Mejor para todos. Y para el patrimonio.