Los Franco mantienen su petición de condena para nueve activistas que protestaron contra su expolio

“Con la frente alta, orgullosos de lo que hicimos y dispuestos a asumir las consecuencias”. Con este talante acudieron este jueves a los juzgados de A Coruña los nueve militantes del BNG, incluido el responsable de Organización, Bieito Lobeira, acusados por la familia Franco de un delito leve de coacciones por haber realizado en 2017 una protesta en la Casa Cornide, un palacete del siglo XVIII ubicado en el casco histórico de A Coruña del que disfrutan los herederos del dictador pese a que, según un informe del Ayuntamiento, se hicieron con él “de forma fraudulenta”. “Los Franco pueden denunciar las veces que quieran, pero no podrán nunca robar la dignidad del pueblo gallego”, afirmó a las puertas del juzgado Elvira Branco, una de las activistas.

Para conseguir sentarlos en el banquillo, los descendientes de Franco se vieron obligados a rebajar su pretensión inicial de condena, tumbada por la Audiencia Provincial de A Coruña, que sumaba 81 años de cárcel para todo el grupo por delitos de odio y allanamiento de morada. Acabaron acusándolos de un delito leve de coacciones sin cuantificar la pena.

En la vista oral celebrada este jueves, los nueve acusados se reiteraron en la reclamación del “fin del expolio franquista” que habían demandado con su protesta cuando hace tres años accedieron por una escalera al balcón del palacete en donde desplegaron una pancarta con el lema “Que nos devuelvan lo robado. Franquismo nunca más”. Una actuación que tildaron de “simbólica” y que enmarcaron en el movimiento histórico iniciado en Galicia por colectivos culturales, investigadores, Administraciones y partidos políticos contra el expolio de patrimonio público de la familia Franco.

Su actuación fue de hecho similar a la realizada aquel mismo año por otros 19 activistas, entre ellos el actual diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, que desplegaron en el pazo de Meirás una pancarta reclamando a los Franco su devolución “al pueblo gallego”. Una actuación por la que ese grupo fue también denunciado por los descendientes del dictador. Ahora están pendientes de juicio, aunque la titularidad del pazo no es ya de los nietos del dictador.

En el juicio por la manifestación en la Casa Cornide, los acusados insistieron en lo simbólico y pacífico del acto. Algo que acabaron confirmando los testigos de la acusación.

Un policía que estuvo presente aquel día declaró que los activistas “no bajaron a la primera, tardaron unas dos horas”. No obstante señaló que no recordaba si fueron ellos quienes plantearon bajar por las escaleras del interior de la casa o si se lo pidió él. “Estaban en el balcón y nada más”, contestó a la pregunta de la defensa sobre si los participantes mantenían una actitud agresiva.

Por su parte, el guardés de los Franco, que vive en el inmueble, aseguró que un policía le planteó la posibilidad de que los activistas bajasen por dentro de la casa, pero que fueron sus jefes, a los que llamó, quienes lo descartaron. También aseguró que la Policía le informó de que iban a esperar a que bajasen, ya que se trataba de “un acto pacífico” y que “si después la familia quería denunciar, ya lo haría”.

El letrado de los Franco mantuvo en sus conclusiones la petición de condena por el delito leve de coacciones con la pena que determine el juez, que no le permitió plantear las cuestiones rechazadas ya por la Audiencia de A Coruña como la vinculación de los hechos con los supuestos delitos de allanamiento de morada y de odio.

“Su pretensión era coaccionar a alguien para que renuncie a unos derechos de propiedad”, señaló el letrado de la acusación. La defensa, que pidió la absolución, situó lo sucedido en un “ejercicio de la libertad de expresión” y rechazó la existencia de “elementos” para un delito de coacciones dado que “ello exige violencia y no la hubo”.

Junto a ello, aportó como prueba la documentación de las acciones que el Ayuntamiento de A Coruña anunció que emprenderá para recuperar el edificio. Y señaló que la denuncia es “una interpretación de la realidad” de la familia Franco, para quien “los tiempos no han cambiado”.

“No tenemos nada que ocultar”

“Fuimos nosotros (...) No tenemos nada que ocultar”, proclamó a las puertas del juzgado Elvira Branco, una de las acusadas, explicando que querían “denunciar el robo y llamar la atención” sobre este inmueble con un acto que tuviese impacto social.

Esperaban así, afirmó, “activar a la Xunta para que avanzase en la declaración de Bien de Interés Cultural” del edificio y para que el Ayuntamiento de A Coruña acelerase la presentación de la querella judicial para que la casa pase a ser patrimonio público. Ello habría impedido, señaló Branco, que se vivieran escenas como las de las últimas semanas, “cuando varias furgonetas vaciaron la casa”.

Los acusados denunciaron además la “actitud vengativa” de los descendientes del dictador, “que no entienden de democracia y solo pretenden defender sus privilegios”. “Estamos viendo el mundo del revés. Tenemos una familia enriquecida con un patrimonio que llegó a sus manos por medios espurios y que ejerce la acusación y, por otra parte, estamos acusados un grupo que defiende la justicia y la democracia”, destacó Branco.

Mientras se celebra el juicio la familia Franco tiene a la venta el inmueble, adquirido en 1962 por el conde de Fenosa en una subasta en la que solo pujaron él y un cargo falangista y en la que dejó claro que la propiedad sería para Carmen Polo. Según consta en la web de la inmobiliaria, el edificio cuenta con 11 habitaciones, 13 baños y una superficie de 1.430 metros cuadrados.