memoria histórica

Los Franco logran sentar en el banquillo a nueve activistas por una protesta contra su expolio

La familia los acusa de coacciones por manifestarse en la Casa Cornide de A Coruña, el nuevo palacete que la Administración reclamará por la vía judicial

Protesta para reclamar a los Franco que devuelvan la Casa Cornide de A Coruña al patrimonio público celebrada en septiembre de 2017.
Protesta para reclamar a los Franco que devuelvan la Casa Cornide de A Coruña al patrimonio público celebrada en septiembre de 2017.

El histórico movimiento iniciado en Galicia por colectivos culturales, investigadores, Administraciones y partidos políticos contra el expolio de patrimonio público de la familia Franco tiene su siguiente parada en la Ciudad Vieja de A Coruña. Allí se levanta la Casa Cornide, un palacete del siglo XVIII del que disfrutan los herederos del dictador pese a que, según un reciente informe del Ayuntamiento, se hicieron con él “de forma fraudulenta”. Mientras el Gobierno municipal de la ciudad prepara acciones legales para reclamar la devolución del edificio en los tribunales, nueve militantes del BNG, entre ellos su responsable de Organización, Bieito Lobeira, se sentarán el 14 de octubre en el banquillo por una protesta celebrada en septiembre de 2017 en la que, tras subir al balcón de la casa por una escalera, colgaron una pancarta con el lema “Que nos devuelvan lo robado. Franquismo nunca más”. Los Franco los acusan de un delito leve de coacciones, después de que la Audiencia de A Coruña tumbara su petición inicial de 81 años de cárcel por delitos de odio y allanamiento de morada.

“El hecho de que por esta acción simbólica y pacífica nueve activistas tengamos que sentarnos delante de un juez, dice mucho de cómo están las cosas. ¿Qué Estado, qué Gobierno, puede permitir la persecución de activistas y luchadores por la democracia en Galicia, mientras la familia de un dictador que dejó miles de muertos en nuestro país campa impunemente y disfruta del Patrimonio expoliado? Es el mundo al revés”, se queja Elvira Branco, una de las encausadas. Branco considera que “al igual que pasa con Meirás, rescatar del expolio la Casa Cornide es una exigencia democrática y una manera de dignificar y hacer justicia a las víctimas del franquismo”. La defensa de los activistas sostiene que la protesta fue un “acto reivindicativo y un ejercicio de libertad de expresión" en el que no hubo “ningún tipo de violencia” y que está respaldado por un movimiento social que reclama la devolución de bienes públicos expoliados por los denunciantes durante la dictadura.

La Casa Cornide era de propiedad pública hasta 1962 y en ella se iba a instalar un conservatorio municipal. Sin embargo, de forma repentina la Administración decidió sacar el edificio a subasta. Un informe realizado recientemente por el historiador Emilio Grandío para el Ayuntamiento de A Coruña revela que “el proceso que tramaron los Franco para hacerse con un bien de la ciudad”, según palabras de la alcaldesa, la socialista Inés Rey. En esa sospechosa puja se quedó con el inmueble el empresario coruñés Pedro Barrié de la Maza, fundador del Banco Pastor y de la eléctrica Fenosa y principal impulsor de la colecta forzosa entre los vecinos de la comarca para regalarle el pazo de Meirás al dictador. Barrié de la Maza pagó 305.000 pesetas por la Casa Cornide y tres días después se la vendió a Carmen Polo por 25.000 pesetas. Pese a estar el palacete en manos de los Franco, el Ayuntamiento pagó obras de reforma en el inmueble hasta 1976.

Los nueve manifestantes por la recuperación de la Casa Cornide no son los únicos militantes del BNG a los que los Franco quieren sentar en el banquillo. Están encausados también otros 19 activistas que por las mismas fechas de 2017 colgaron de la torre del pazo de Meirás una pancarta reivindicativa contra el expolio de la familia del dictador. Uno de ellos es el diputado en el Congreso, Néstor Rego, cuyo aforamiento ha provocado que la causa haya sido enviada al Tribunal Supremo, un movimiento contra el que han recurrido los Franco. La familia los acusa de delitos de odio, daños, vulneración de morada y contra el honor y pide para cada uno de ellos penas que oscilan entre los 3 y los 13 años de cárcel y multas que rondan los 500.000 euros.

Las protestas ante Meirás y la Casa Cornide se celebraron hace tres años, cuando las Administraciones empezaron a dar los primeros pasos en la lucha por recuperar unos bienes reclamados desde hace décadas por organizaciones políticas y vecinales. El Ayuntamiento de Santiago, gobernado por Compostela Aberta, emprendía entonces su batalla judicial para recuperar las estatuas de Abraham e Isaac que formaban parte del Pórtico de la Gloria, y la Diputación de A Coruña, dirigida por PSOE y BNG, impulsaba estudios para armar una demanda por el Pazo de Meirás. Esta última, interpuesta finalmente por el Estado, ha sido estimada en primera instancia. El pleito por las figuras de los profetas no ha corrido igual suerte y está pendiente de que el Tribunal Supremo acepte el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento compostelano. El gobierno local de A Coruña espera emprender su lucha judicial por el palacete de la Ciudad Vieja dentro de unos meses, cuando tenga en sus manos otro informe histórico-artístico que ya está en elaboración y que busca que la Casa Cornide sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC), una protección que no recibió mientras ha estado en manos de los Franco pese a su incuestionable valor arquitectónico.

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