“La sentencia de Meirás es histórica, porque es la primera que tiene en cuenta el contexto de represión franquista”

“Para mi abuela, para mi padre, para mi familia entera, estén donde estén, si están en algún lugar, hoy será un día feliz, porque se ha hecho justicia”, celebraba ayer Carlos Babío Urkidi, el hombre que hace ya tres décadas empezó a rastrear archivos en busca de esos documentos que hace un año cimentaron la demanda del Estado. Babío, vecino de Sada y exconcejal por el Bloque Nacionalista Galego, está en la médula de la lucha por la recuperación pública del pazo de Meirás. Su abuela, Josefa Portela, viuda con cinco hijos, fue expropiada contra su voluntad y “expulsada” de su casa para magnificar los terrenos del caserón con el que las autoridades locales de A Coruña quisieron agasajar al dictador y atraer el aparato del Estado a Galicia en los meses de verano. La humilde vivienda de esta mujer se transformó en una desangelada torre en la que vivieron durante muchos años los guardias civiles destinados en el pazo.

La herida jamás se cerró en su familia, y el nieto ha dedicado su vida a buscar la reparación para las víctimas. Este miércoles 2 de septiembre, en su opinión, ha sido “un día histórico”, porque “es la primera vez que una juez en España sentencia teniendo en consideración el contexto de represión del Estado fascista, la dictadura, el totalitarismo de Franco”. También es histórico, dice, porque es un proceso “protagonizado por la sociedad gallega, que tenía grabado a fuego este abuso mantenido en el tiempo”.

Babío no fue el primero en reivindicar la devolución, porque la inercia que ha desembocado en esta sentencia comenzó a rodar poco después de morir el dictador, pero sí fue el investigador obstinado que hace unos años acabó pidiendo ayuda a un joven historiador, Manuel Pérez Lorenzo, para dar forma de ensayo a miles de papeles y testimonios. El libro en gallego publicado por ambos, Meirás. Un pazo, un caudillo, un espolio (Fundación Galiza Sempre, 2017), ultima ya su versión en castellano y describe todos los avatares del palacete, desde la cuestación popular forzosa para pagarlo hasta el todavía oscuro episodio del incendio que devoró medio edificio tras fallecer Franco. Los autores sabían, por referencias históricas, que había existido una escritura de 1938 previa a la de 1941 que la juez tacha de ficticia y que sirvió a Franco para inscribir a su nombre el pazo. Pero el documento, custodiado en el Archivo de Protocolos Notariales de A Coruña, era inaccesible para ellos.

Ese paso de gigante solo pudo darlo la Abogacía del Estado que, por lo demás, se apoyó en la investigación de Babío y Pérez Lorenzo para armar su demanda. Desde 2017, antes de que el Ejecutivo central se implicase, tanto la Diputación de A Coruña como el Parlamento gallego institucionalizaron esta vieja reivindicación cívica creando sendas comisiones de expertos, con juristas e historiadores de las universidades gallegas. Las dos concluyeron, por distintos caminos, que había base para reclamar a los Franco la propiedad.

Mientras tanto, Babío sigue demandado por los herederos de Carmen Franco, por lo penal y por lo civil, en dos juzgados madrileños por declarar en televisión lo mismo que sostuvo cuando prestó testimonio, durante seis horas, en el juicio de Meirás. “Es una situación esperpéntica”, comenta el investigador, “que vaya a ser juzgado por lo que ahora la juez de A Coruña ya considera probado”: “La estrategia de los Franco es crear temor en los medios de comunicación y los historiadores para intentar callarlos”.

Babío elogia el “inmenso trabajo” de los abogados del Estado, “que se empaparon de la historia del pazo y actuaron con profesionalidad y rigor” para acabar con la “anomalía democrática” de Meirás y la “impunidad” de los Franco, algo “insólito” que estaba ocurriendo en pleno “sur de Europa”. Y mientras los abogados de los nietos del dictador ya anuncian que recurrirán la sentencia, el investigador vaticina que “seguirán saliendo a la luz papeles históricos, todos en la dirección que marca el fallo de la juez de A Coruña”. Porque, de momento, aún no se puede acceder a “todos los archivos de menos de 50 años”, que aún permanecen clasificados.

El nieto de Josefa Portela cree que cuando sea devuelto al patrimonio público el pazo debería honrar la “memoria de Emilia Pardo Bazán”, ser un “espacio de disfrute de la ciudadanía” y, sobre todo, servir de “lugar de reconocimiento a las víctimas del franquismo”. Hoy las Torres de Meirás que mandó construir con aire de castillo medieval, a finales del XIX, la autora de Los pazos de Ulloa y que la Xunta declaró BIC en 2008 permanecen detenidas en el tiempo de Franco. Los retratos triunfales del Caudillo, los trofeos de caza, las antigüedades que atesoraba Carmen Polo, el escudo preconstitucional, la biblioteca que mantiene grabado en el mobiliario, con grandes letras góticas, un rimbombante lema escrito por el dictador. También elementos constructivos de otros edificios históricos gallegos que poco a poco fue acumulando el matrimonio, con la repetida fórmula de las donaciones, en el jardín y el interior de la residencia estival del jefe del Estado. Hay blasones, balaustradas, fuentes, bancos, pilas bautismales del siglo XII.

Y dentro de la capilla asisten a todos estos acontecimientos, ancladas con hierro a una pared blanca, dos grandes estatuas procedentes de la fachada románica de la catedral compostelana, Isaac y Abraham, que recientemente reclamó el Ayuntamiento de Santiago y un juzgado madrileño consideró legítima propiedad de los Franco. Estas imágenes esculpidas en granito en el taller del Maestro Mateo tendrán que emigrar a otra parte si la sentencia de la juez Marta Canales se transforma en firme. “Tiempo al tiempo”, avisa Carlos Babío: “Las estatuas no son del pueblo por ahora... pero esa lucha no se puede abandonar”.