Los tentáculos del franquismo se valían de “listas negras” para recaudar dinero para Meirás

La historia del pazo de Meirás en vida de Franco se escribe, hasta que exista una sentencia que determine quién es su legítimo dueño, a través de miles de documentos contables, cartas entre Administraciones y cargos del régimen, informes de obras, recortes de prensa en España y en el exilio y la memoria oral de los testigos de la operación de compra y sus descendientes. En los archivos históricos han aparecido listas de los vecinos de la provincia de A Coruña que contribuían a esa cuestación popular que organizaron los prohombres del franquismo, agrupados en la Junta pro Pazo. En documentos que se desclasificaron al cumplir 50 años (no todos los referidos a Meirás lo están) también existen referencias a los “buenos” y los “malos patriotas” que se veían obligados a sufragar, sin quererlo, la compra del palacete. Todo esto en medio de un “contexto de privaciones” y “extrema violencia”, como ha recordado esta tarde el catedrático de Historia Xosé Manuel Núñez Seixas, presidente de la comisión de expertos nombrada por la Xunta para rastrear las posibilidades legales de incorporar el pazo al patrimonio público.

En una sesión del juicio para dirimir la propiedad del pazo que se ha alargado siete horas y media (solo el interrogatorio a dos expertos que comparecieron juntos ha durado seis) se han conocido los documentos que sirven de base a los investigadores para afirmar que Meirás funcionaba como “una extensión” o “una dependencia” de El Pardo, la residencia oficial de Francisco Franco. Porque al palacete de Sada (A Coruña) se trasladaba en verano todo el “aparato” del jefe del Estado y esta sede de la corte gallega del Generalísimo se sostenía con medios públicos: a través de la llamada Casa Civil (lo equivalente en la dictadura a la Casa Real), que se encargaba de la intendencia, y de la Comandancia de Fortificaciones y Obras, que ejecutaba infraestructuras, mantenimiento y reformas.

En el juicio se ha leído un fragmento de un documento de la época de la cuestación popular escrito por el alcalde de Sada Toribio Pollán Nieto: “lamentaría que tuviese que incluirse a ningún sadense en las listas negras que por orden del gobernador civil se formarán”, decía. Todavía en plena guerra, toda la maquinaria del bando sublevado en la provincia se puso en marcha para comprar y engrandecer la mansión que las personalidades públicas y privadas del momento habían escogido para brindar al general.

Lo expresaba así el alcalde franquista de A Coruña Alfonso Molina cuando decía que Meirás era la “gran residencia oficial” que hacía de la ciudad “la capital de España”. Y lo describía también muchos años después la condesa de Fenosa, Carmela Arias, viuda de Pedro Barrié de la Maza, dueño del Banco Pastor y designado por el propio Franco, en un momento del proceso, presidente de la Junta Pro Pazo. La condesa aseguraba en una entrevista en La Voz de Galicia que el objetivo de agasajar al dictador con las Torres de Meirás era acercar el Estado a los entes locales durante al menos un mes al año: “La idea no era desinteresada, perseguía que [Franco] estuviera con nosotros durante un tiempo”.

Para ello, los próceres extendieron desde el Gobierno Civil de A Coruña todos sus tentáculos. La Junta pro Pazo se desplegó sobre los Ayuntamientos de la provincia, donde se crearon “juntas municipales”, que a su vez llegaban a cada puerta a través de las “juntas parroquiales”, como una red venosa que recogía pesetas “casa a casa”. Estos grupos estaban dirigidos por “curas, algunos maestros, concejales y cargos de Falange Española, el partido único”, ha detallado hoy el historiador Manuel Pérez Lorenzo, que junto con Carlos Babío ha publicado el mayor libro sobre el proceso, Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, escrito en gallego.

La cuestación para recaudar fondos para el palacete fue forzosa, según han defendido todos los testigos y peritos de la jornada, porque se produjo “en un contexto de extrema violencia, con cerca de 8.000 muertos en la retaguardia en Galicia”, ha explicado Núñez Seixas. El antecedente más parecido, ha apuntado el historiador, es la iniciativa del alcalde italiano de Predappio, cuando promovió una recaudación para regalar a Mussolini el castillo de La Rocca delle Caminante. En el caso de Meirás “había listas” cuyo “objetivo era saber quiénes no habían participado y quiénes sí”. Los primeros quedaban, “como mínimo, señalados como malos patriotas”. Era un ambiente “represivo”, ha insistido también Carlos Babío, que al igual que Pérez Lorenzo es miembro del BNG de Sada.

Pandemia de ‘hemorragias internas’

“Se elaboraban informes de conducta muy exhaustivos”, han dicho los investigadores, que podían marcar el destino de alguien definitivamente: “Conocemos casos como el de un niño de cinco años que necesita que el alcalde de Sada le firme un informe conforme no tiene antecedentes políticos para poder emigrar” . “Ahora que se habla de pandemia...”, ha comentado después Babío, “en aquel momento A Coruña vivía una pandemia de hemorragias internas. Por las noches había fusilamientos en el Campo da Rata, y por la mañana el parte médico decía que habían muerto de hemorragia interna”.

Cuando fracasó el método, no porque la gente no se privase de una parte de su dinero para participar sino porque se disparó el coste del proyecto que daría al pazo un esplendor acorde con el Generalísimo de todos los ejércitos, hubo que recurrir a otras vías de financiación. Se sacó directamente de las arcas municipales de los ayuntamientos coruñeses, se restaba dinero de las nóminas de trabajadores e incluso se privaba de parte de su sustento a los que no tenían nómina fija, como “marineros de bajura a los que se les quitaba parte del porcentaje de las capturas antes de que se subastasen en la lonja”.

El abogado de los nietos de Francisco Franco ha puesto en duda la imparcialidad de los tres especialistas que han declarado en esta segunda sesión, las dos personas que han dedicado más años a investigar Meirás (Babío y Lorenzo) y el catedrático de la Universidade de Santiago Núñez Seixas. A todos les ha preguntado si “desean” que sea el Estado el que gane la demanda para que los herederos deban devolver la propiedad inscrita en el registro a su nombre. Y aunque por un lado ha asegurado que no quiere “abrir ese melón”, por otro ha sugerido que lo que inicialmente es un juicio civil, a cargo del juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña, esté en riesgo de convertirse en un “proceso político” por las implicaciones de memoria histórica que conlleva.

“Es un proceso de debate abierto en un ágora pública”, le ha contestado el presidente de la comisión de expertos designada por la Xunta de Galicia en 2017. “La sociedad española tiene derecho a debatir sobre su proceso dictatorial”, ha defendido, después de explicar que es un patrón común a muchos regímenes en el mundo el hecho de que hagan falta “unos 30 años”, o “una generación” completa, antes de esta revisión. Los nietos “quieren recuperar” lo que los padres “quieren olvidar”, ha recordado el historiador.

Pero más que las circunstancias “coactivas” con las que se produjo la cuestación popular, el objeto de controversia, en esta demanda civil que presentaron los abogados del Estado hace ahora un año, es la de si la mansión se le regaló al dictador a título personal o en calidad de máximo mandatario del país. Núñez Seixas ha reconocido que inicialmente la recaudación de fondos para pagar el agasajo, tal y como rezaba la propaganda de prensa de la época, se enfocaba a “la Jefatura del Estado”. Sin embargo, en un momento dado, supuestamente la voluntad del caudillo torció la idea primigenia.

La propiedad se escrituró a su nombre y todo quedó atado y bien atado desde el momento en que se rubricó el acta notarial de 1941 en la que aparecía como comprador directo de la propiedad a Manuela Esteban Collantes, viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió presentar la demanda en julio de 2019 después de que sus abogados en A Coruña localizasen otra acta anterior, fechada en 1938, en la que la Junta pro Pazo adquiría por 406.000 pesetas el inmueble. Los letrados públicos defienden por ello que la del 41 (por 85.000 pesetas) fue “fraudulenta”, “simulada”, porque Esteban Collantes no podía vender por segunda vez un pazo que ya había vendido tres años antes.

Además de los gastos que corrían a cargo de la Casa Civil y de la Comandancia de Obras, el Ayuntamiento de A Coruña hacía las funciones de “empresa de servicios”, y periódicamente mandaba jardineros, canteros, electricistas y cisternas con agua para abastecer a todo ese “aparato” que desembarcaba en Meirás durante el verano. En el lugar se celebraban consejos de ministros y todos los dispendios aparecían recogidos en la contabilidad de la Casa Civil, con el epígrafe “residencia de verano”. Es más, cuando Franco estaba en el pazo de Sada, según han declarado los testigos, se usaban los mismos papeles oficiales que en El Pardo, solo que se tachaba este nombre y se escribía “Meirás” en el membrete.

Las expropiaciones para engrandecer las fincas del pazo, cuya superficie pasó de 5,7 a 9 hectáreas, duraron varios años. Se levanta un acuartelamiento extramuros para que residan los guardias civiles que se encargan de la vigilancia (y que siguieron unos años tras la muerte de Franco), se construye una pista de tenis y la red de suministro de agua, hay sucesivas obras en los artesonados de madera, la capilla, los baños, las escalinatas, las estancias, las cubiertas. Incluso se retranquea la carretera ante los “inconvenientes” que produce su trazado, escribe el Gobernador Civil en una carta al ministerio de Obras Públicas. En esa misiva, invita a seguir con las obras con el mismo “entusiasmo” que se puso cuando se hizo “público que el Pazo de Meirás era residencia oficial de nuestro Caudillo”.

Pero reiteradas veces, en los documentos, figura que la donacion se hace a Francisco Franco Bahamonde, Jefe del Estado, y a esto, también, se aferran sus sucesores. “Si alguien me regala algo a mí y a continuacion [en el escrito] dice que soy abogado, no quiere decir que se lo esté regalando a mi despacho”, ha reprochado a los investigadores esta mañana Luis Felipe Utrera, letrado de los Franco. “¿Y cuántos jefes del Estado ha habido en España que se llamen Francisco Franco, Fundador del Nuevo Imperio, Generalísimo de los Ejércitos y Caudillo de España?”, les ha preguntado acto seguido, en referencia a los documentos de la donación en los que aparece así citado.