Suspendido el juicio contra el banquero Jaime Botín por el presunto contrabando de un ‘picasso’

Jaime Botín se encerró en el silencio. Y en un coche negro, que le llevó lejos del juzgado de lo penal número 27 de Madrid. No tuvo que declarar ante la jueza: el proceso contra él por el presunto contrabando de un picasso valorado en 26,2 millones de euros, Cabeza de mujer joven, fue suspendido, la mañana de este lunes. Ni tampoco el banquero, de 83 años, habló con los periodistas a la salida. Gafas de sol oscuras, boca cosida y hasta noviembre. A principios de ese mes se retomará el caso, según ha establecido la juez Elena Raquel González Bayón: el expresidente de Bankinter está acusado de sacar la obra de España dentro de un yate con la intención de venderla, pese a no tener la autorización pertinente, y se enfrenta a cuatro años de cárcel y una multa de 100 millones de euros.

La magistrada explicó ante la prensa que la suspensión fue solicitada por la fiscalía y que se debe a “cuestiones procesales y de agenda”. González Bayón no confirmó, ni desmintió, que esta fórmula esconda en realidad un problema más trivial: el fiscal experto en patrimonio y responsable del caso se encuentra de vacaciones y no tiene un reemplazo especializado, como publicó El Confidencial. En otra ocasión, la defensa también había pedido el aplazamiento, ya que ambas partes están negociando en busca de un acuerdo. Sin embargo, esta mañana los letrados de Botín requirieron la celebración de la audiencia. “A la vista de que no era posible, claro”, insinuó González Bayón. Aunque desde la defensa del banquero señalan: "El juicio no se ha celebrado hoy por ausencia del fiscal asignado, que está de vacaciones. Estamos enormemente molestos con este retraso, cuyas razones verdaderas no se conocen y que vulnera el principio de igualdad de armas en el proceso", informa Peio H. Riaño.  

Con la suspensión, en todo caso, el litigio se estirará al menos hasta los siete años. Todo desde que el 5 de diciembre de 2012 Botín autorizó “de su puño y letra” —según un escrito del fiscal— la casa de subastas Christie’s Iberica a pedir una autorización al Ministerio de Cultura para exportar el picasso y venderlo en una puja en Londres unos meses más tarde. "Este permiso era necesario al tratarse de un bien perteneciente al patrimonio histórico español, dado su evidente interés histórico-artístico y por tener una antigüedad superior a los 100 años", relata el mismo escrito del fiscal. 

El 28 de diciembre, Cultura respondió con una negativa, que fue confirmada en 2015 por la Audiencia Nacional, ante el recurso del banquero. La justicia daba así la razón —a falta del Tribunal Supremo— a la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, que sentenció por unanimidad que no existía “una obra semejante en territorio español” y que era “una de las pocas realizadas por su autor dentro del periodo de Gósol”. Así se conoce la etapa de Picasso en el verano de 1906 en ese pueblo ilerdense, que tuvo una influencia “decisiva no solo en el cubismo, sino también en la evolución posterior de la pintura del siglo XX”, según la junta.

El fiscal cree que Botín, "pese a ser plenamente consciente de la total y patente prohibición administrativa expresa", mantuvo su idea original: subió el cuadro al velero Adix, atracado en Valencia, y dio "instrucciones a su capitán para que ocultara a las autoridades la presencia de la obra en el barco". En junio de 2015 la Guardia Civil inspeccionó el yate, solicitó una declaraciones de los bienes a bordo y el capitán omitió Cabeza de una mujer joven, según el ministerio público.

En julio, el barco navegó hasta Calvi, en Córcega (Francia): desde allí, el fiscal sostiene que Botín tenía contratado un vuelo privado para trasladar la obra hasta Ginebra, tanto que el capitán había embalado el cuadro y lo tenía preparado para su siguiente viaje. Así lo localizaron los servicios aduaneros franceses, que inspeccionaron el velero e se incautaron del picasso, que fue trasladado a España y se encuentra desde entonces en los almacenes del Museo Reina Sofía. Del juicio depende su incorporación al patrimonio nacional, aunque la Abogacia del Estado quiere más: pidió que incluso el velero Adix sea declarado de titularidad pública. 

"Es mi cuadro, no de España. No es patrimonio nacional y puedo hacer lo que quiera con él", aseguró en cambio Botín en una entrevista con The New York Times, en 2015. El banquero adquirió la obra en Londres en 1977 y su defensa, que cuenta con el célebre juez del 11-M Javier Gómez Bermúdez, afirma que el cuadro "fue pintado en el extranjero, se compró en el extranjero y allí ha tenido siempre su domicilio permanente. Por tanto, no ha podido ser exportado ni licita ni ilícitamente". También alegan que la obra estuvo durante años a bordo del Adix, de nacionalidad británica, de ahí que esté sumetido a las leyes de aquel país. Además, niegan que Botín pretendiera vender Cabeza de mujer joven: ya no consideraba el barco como un refugio seguro y pensaba que en Suiza estaría más protegida.

Lo cierto es que Botín se está acostumbrando a pelear hasta el fondo en los tribunales: también se enfrenta a un presunto delito fiscal por la matriculación de su jet privado en Portugal. Tras un acuerdo de conformidad entre las partes, el asunto pareció cerrarse. Sin embargo, el banquero rompió el pacto, lo que devolvió el litigio a la fase de instrucción. Curiosamente, este caso también recae sobre González Bayón: la juez se está especializando en Jaime Botín.