Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La reforma europea del derecho de autor celebra su asalto final

El Europarlamento vota mañana para convertir en directiva o tumbar el polémico texto, que busca proteger a los creadores frente a colosos como Google

Una usuaria consulta su tableta ante las páginas del Europarlamento, YouTube y Wikipedia.
Una usuaria consulta su tableta ante las páginas del Europarlamento, YouTube y Wikipedia.

El derecho de autor en la UE llega al duelo final. Tras dos años y medio de disparos cruzados, ya solo queda una bala. Mañana martes, a las 12.30, ambos bandos se medirán en el Europarlamento de Estrasburgo, que acogerá el asalto definitivo. La reforma del copyright saldrá adelante sobre sus piernas, convertida en directiva y, una vez que los Estados la ratifiquen, en ley. O caerá, herida de muerte. Las polémicas, que han incluido manifestaciones en las calles y amenazas a los eurodiputados, continúan hasta el último segundo útil: políticos, activistas, expertos, académicos, creadores, colosos como Google y hasta la ONU tratan de condicionar la votación. Para sus defensores, la propuesta garantiza una retribución más justa y un futuro mejor para los artistas y los periodistas ante los gigantes de Internet que se enriquecen gracias a la explotación de su obra. Los críticos, en cambio, señalan que la directiva golpea el corazón mismo de la Red. "Tendremos un Internet censurado, de la edad del neolítico, mientras competiremos con uno abierto en EE UU donde podrá circular la información libremente", defiende Simona Levi, del colectivo activista Xnet.

Palabras mayores, como los cientos de millones de euros que también están en juego. No por nada, varios eurodiputados confiesan que se trata del debate más encendido que se recuerde en Estrasburgo. En concreto, las llamas se concentran sobre todo en dos artículos. El 13 —que el texto final, en otro guiño al caos, ahora ha convertido en el 17— obliga a los portales que almacenan, organizan y difunden contenidos de usuarios con fines comerciales (por ejemplo, YouTube) a contar con una licencia previa de los creadores de esas obras. El 11 —de golpe transformado en el 15— otorga a los editores de prensa el derecho a conceder o no el visto bueno (y a negociar, por tanto, un posible pago) a webs con ánimo de lucro (como Google News) para que compartan fragmentos significativos de sus publicaciones. La intención, en ambos casos, es garantizar una remuneración apropiada a los autores originales: estos lamentan que sus obras reciben más público que nunca, pero los ingresos se quedan en otros bolsillos.

A partir de ahí, sin embargo, se multiplican matices, datos, estudios, mentiras y profecías. Cada bando tiene su visión blanca y negra, lo que hace que la reforma acabe muy teñida de gris. El nuevo artículo 17 exige implicación a los portales como YouTube: hasta ahora se les consideraba “puertos seguros”, obligados exclusivamente a un control a posteriori, cuando se les notificaba que alojaban alguna violación del copyright. En cambio, la reforma les pide un esfuerzo proactivo: si no han logrado un acuerdo con los creadores para obtener licencias, son responsables –denunciables- de lo que los usuarios compartan bajo su paraguas. Salvo, eso sí, que demuestren haber realizado “los máximos esfuerzos” para alcanzar un pacto, retirar rápidamente los contenidos sospechosos y evitar que vuelvan a aparecer en su portal.

El eurodiputado popular Axel Voss, ponente de la iniciativa, considera que la solución ideal serán las licencias, y ve lo demás como últimos recursos, necesarios pero indeseados. Pero Julia Reda, del Partido Pirata, denuncia que el artículo 17 puede destruir Internet tal y como se conoce. Desde luego, cierto consenso rodea el hecho de que, a falta de acuerdo, es impensable una selección manual de cada contenido. De ahí que a los portales solo les quede una vía: un algoritmo. ¿Qué criterio aplicará la máquina? ¿Se multiplicará la censura? ¿Cuánto cuesta instalar un sistema parecido? ¿Se reducirá la Red a un oligopolio? Ante el río de preguntas, lanzadas por la campaña online #SaveTheInternet, que invita a trasladarlas por mail o teléfono a los propios eurodiputados, el texto prevé unas cuantas excepciones. Por un lado, se intenta tutelar a las startups: las compañías que lleven menos de tres años de actividad e ingresen menos de 10 millones anuales no serán responsables de lo que alojan, siempre y cuando se esmeren en colaborar. Si superan los cinco millones de usuarios únicos al mes, también habrán de garantizar que los contenidos no autorizados no vuelvan a aparecer.

La otra excepción protege el uso puntual de contenidos protegidos en parodias, caricaturas, citas, reseñas y críticas, así como enciclopedias sin ánimo de lucro (Wikipedia) o plataformas como DropBox o Tinder, entre otras. Memes y GIFs parecen así estar a salvo. Pero el frente de Reda insinúa otra duda: ¿si los algoritmos ya censuran el desnudo de un cuadro de hace siglos, cómo pueden ser capaces de entender el humor? La directiva, en todo caso, establece mecanismos para que los usuarios puedan reclamar si el filtro tumba un contenido legítimo. Aunque Google insiste en que los internautas serán los mayores damnificados.

Fragmentos de prensa

El incendio sobre el nuevo artículo 15 también arde desde el comienzo de la negociación. El texto aclara que no afecta a enlaces o palabras sueltas, ni tampoco al usuario: solo se activa cuando buscadores, agregadores de noticias u otra webs comparten fragmentos relevantes de un artículo. La idea del legislador es que estos portales paguen a los editores de prensa, ya que se benefician de las creaciones de periódicos y revistas. Google responde con objeciones y estudios: por un lado, recuerda que Google News dejó España tras la aprobación de una ley parecida, y que podría abandonar Europa, dañando a todos los medios. Por otro, defiende que su agregador de noticias ya ayuda a los diarios disparando el tráfico hacia ellos, y que este caería un 45% de salir adelante la norma. Además, aunque la directiva establece que parte del beneficio ha de repercutir en los redactores, los opositores sostienen que la norma está hecha por y para los editores.

Por lo menos, otros artículos, como el 18, el 19 y el 20, sí generan más consenso: obligan a los portales a la transparencia, a informar a los creadores, al menos una vez al año, de sus ingresos y el uso de su repertorio, y facilitan que un artista retire su licencia si no está satisfecho. Sin embargo, incluso así hay fisuras. Entre creadores y discográficas a favor, hay quien lamenta que la directiva se queda corta, o, al revés, que puede acabar siendo dañina. Y ciertas interpretaciones miran más adelante: dicen que el texto es suficientemente ambiguo como para que su traslado a las leyes nacionales abra la puerta a nuevas controversias.

Todo ello estará mañana sobre la mesa del Parlamento Europeo, junto con la incertidumbre. Lo único seguro es que la directiva en vigor es de 2001, hace milenios digitales, y que, como apuntaba un reciente artículo de The Economist, la UE es el principal guardián mundial de los colosos tecnológicos, a los que no duda en perseguir por presuntos fraudes fiscales, limitaciones de la competencia o de la privacidad.

Los pronósticos son prácticamente imposibles. Estrasburgo tumbó la reforma en julio, pero la aprobó en septiembre con 438 votos a favor, 226 en contra y 39 abstenciones. Las elecciones europeas del 26 de mayo sentencian que este es el último intento: ahora, o a saber cuándo. De fondo, durante la votación, la Eurocámara bien podría emitir una de las sinfonías para westerns de Ennio Morricone. Siempre y cuando, eso sí, tenga la licencia.

PP, Ciudadanos y PSOE, a favor; Podemos, en contra

La nueva directiva concita el favor de la mayoría de eurodiputados españoles. Los parlamentarios del Partido Popular, Ciudadanos y PSOE votarán afirmativamente a su implantación. Enfrente, los miembros de Podemos en la Eurocámara rechazarán el texto a no ser que se aprueben varias enmiendas, algo que desde el partido de Pablo Iglesias consideran muy improbable.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >