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Europa afronta dividida el futuro de los derechos de autor

El Parlamento vuelve a votar la reforma de una norma de 2001 con la discrepancia sobre cómo controlar portales como YouTube y dar una remuneración justa a los creadores

El hemiciclo del parlamento europeo de Estrasburgo.
El hemiciclo del parlamento europeo de Estrasburgo. EL PAÍS

Los tambores de la guerra del derecho de autor vuelven a resonar por Europa. El próximo miércoles, 12 de septiembre, el Parlamento de Estrasburgo acoge una nueva votación crítica sobre la reforma del copyright, el asunto más polémico que ha afrontado en los últimos años, según reconocieron varios eurodiputados a EL PAÍS. En el objetivo de fondo coinciden todos: los artistas merecen una remuneración más justa por el uso masivo de sus obras en Internet. A partir de ahí, sin embargo, un abismo de ideas e intereses contrapuestos separa a creadores, catedráticos, activistas, políticos y gigantes como Google o Facebook entre quienes defienden el texto y los que lo rechazan. En julio, la propuesta de reforma, procedente de la comisión de Asuntos Jurídicos, ya fue tumbada con 318 votos en contra, 278 a favor y 31 abstenciones. El Europarlamento se dio un tiempo para reflexionar, abrió un proceso de enmiendas y ahora regresa al momento fatídico: sí o no. El fin de su mandato, en mayo de 2019, añade prisa y dramatismo al debate.

Con la votación, vuelven las polémicas que han acompañado esta reforma desde su nacimiento. Hace dos años que la Comisión Europea concibió una propuesta que actualizara la normativa en vigor, de 2001, el amanecer de Internet, cuando YouTube ni siquiera existía. Hoy, en cambio, es el foco más controvertido. Para Axel Voss, eurodiputado popular y ponente de la iniciativa, y los miles de artistas que le respaldan, si el texto sigue adelante garantizará más protección y mayores ingresos a los creadores frente a las plataformas que ganan millones gracias a sus obras: es decir, YouTube, aunque también se alude a Vimeo, SoundCloud o Daily Motion. Para los opositores del proyecto, sin embargo, la propuesta no soluciona esos problemas pero sí pone en riesgo la libertad de expresión y la Red tal y como ha funcionado hasta hoy.

Ahora como en julio, el destino de la reforma pende de dos hilos: el artículo 11 y, sobre todo, el 13. El primero crea un derecho conexo para los editores de prensa, para que puedan autorizar o prohibir a los agregadores de noticias online (como Google News) que reproduzcan las publicaciones de sus medios, y decidir si quieren exigir un cobro por ello. El artículo 13, el corazón de esta batalla, quiere que los portales que almacenan, optimizan y difunden contenidos de usuarios con fines comerciales (como YouTube) se responsabilicen por lo que los internautas suban. Hasta la fecha, solo tienen que ejercer un control a posteriori, cuando se les señala una violación del copyright. La reforma pretende que obtengan una licencia de los dueños de los contenidos e implementen medidas como filtros previos para evitar alojar obras protegidas sin autorización. Para los críticos, controlar a priori millones de contenidos es tecnológicamente y económicamente inviable, además de peligroso.

Ambos artículos apenas han cambiado respecto a la versión rechazada en julio, aunque Voss ha propuesto retirar la referencia a los filtros y a su obligatoriedad. Por tanto, las argumentaciones de ambos frentes también se mantienen idénticas, al igual que las divisiones internas a los eurogrupos. Todo, o casi, dependerá de cómo quede el artículo 13 tras las enmiendas. Mientras, unos dicen que salvan a los creadores; los otros, a Internet. Aunque los defensores de la reforma ahora buscan gritar más alto sus ideas: consideran que la propuesta fracasó por una campaña de desinformación online orquestada por colosos tecnológicos como Google y quieren rebatirla punto por punto.

Insisten, sobre todo, en desmentir los fantasmas que más atemorizan a los usuarios. Sostienen que la normativa exclusivamente afecta a agregadores de noticias y grandes plataformas con intereses comerciales, pero no toca Dropbox, eBay, Tinder o Wikipedia, ni mucho menos a los internautas; afirman que estos mantendrán su libertad de enlazar, compartir o parodiar lo que deseen, y que habrá mecanismos para recuperar los contenidos legítimos que acaben tumbados por algún error de los filtros. Para demostrarlo, la web Europe for Creators ha publicado una explicación precisamente a base de memes (imágenes acompañadas por un texto humorístico), una de las creaciones que la reforma eliminaría, según sus críticos.

Además, cineastas como Paolo Sorrentino, Jacques Audiard o László Nemes han firmado una carta en la que expresan su apoyo a la reforma. Y el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, se ha reunido en Bruselas con los eurodiputados españoles para pedirles que compartan el apoyo del Gobierno a la directiva.

Ante ello, el frente contrario aplica la misma receta que ya le sirvió en julio: movilización masiva. Julia Reda, eurodiputada del Partido Pirata, Wikimedia (la fundación detrás de la Wikipedia) o David Kaye, relator especial de la ONU sobre libertad de expresión y opinión, ya han dejado clara su oposición. Mientras, la campaña online Save your Internet invita a bombardear de mails y telefonazos a los eurodiputados, como ya ocurrió en julio, para que rechacen al artículo 13. Divide, país por país, a los parlamentarios en dos equipos: de “la libertad” y de “la censura”. En el segundo, coloca todos los que votaron a favor y han de ser convencidos, como los socialistas y populares españoles. Podemos, IU, Esquerra y Ciudadanos aparecen en verde, porque estuvieron entre los noes. La postura se resume en un lema: “El artículo 13 amenaza todo lo que haces en Internet”.

El martes, la Eurocámara debatirá estas posturas. Y al día siguiente, votará: primero las enmiendas y, finalmente, el texto. Un sí lleva al paso siguiente: negociación a tres bandas, entre Europarlamente, Consejo Europeo y Comisión, para consensuar en pocos meses el texto definitivo. El no hiere de nuevo la directiva. Esta vez, quizás, de muerte.

Un diálogo necesario

Uno de los caballos de batalla de la reforma europea de los derechos de autor afecta directamente a los medios de comunicación. En concreto, el artículo contempla la creación de un derecho conexo para los editores de prensa, para que puedan autorizar o prohibir a los agregadores de noticias online (como Google News) que reproduzcan las publicaciones de sus medios, y decidir si quieren exigir un cobro por ello.

Manuel Mirat, consejero delegado de PRISA (editor de este periódico), considera que “la propuesta de directiva sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital es relevante por el peso que concede a los derechos de autor en nuestra industria así como por el interés que muestra en ayudar a los medios de comunicación en su proceso de transformación digital. Contiene también otros elementos, como las medidas orientadas a equilibrar las relaciones entre los autores y las personas o entidades a quienes ceden sus derechos, que merecen ser igualmente valoradas en clave positiva”. “Sin embargo”, prosigue Mirat, “el exceso de regulación y la complejidad operativa derivada de la misma puede resultar contraproducente en la consecución de los objetivos perseguidos. Actualmente los medios nos enfrentamos al desafío de desarrollar un modelo de negocio sostenible en un entorno digital en el que diferentes actores —entre ellos, de manera muy especial las grandes plataformas tecnológicas— juegan un papel crítico en la distribución de noticias y en garantizar el acceso a las mismas. Hacer frente a dicho desafío no requiere de un marco legal que empuje a la confrontación entre los participantes del ecosistema digital. Lo deseable es la búsqueda de soluciones más colaborativas que normativas, con el objetivo de contribuir a que el sector informativo europeo crezca en lectores e ingresos y resulte competitivo y sostenible a escala global”.