La reforma legal de los derechos de autor enfrenta a Europa

Por una reforma del derecho de autor se puede recibir una amenaza de muerte. Tal vez más de uno se extrañe, pero difícilmente lo hagan los diputados del Parlamento Europeo: a varios en los últimos meses les han deseado también que les encarcelen y torturen, por sus ideas sobre el copyright. Cuesta entender cómo el debate sobre los artículos que se votan hoy en Estrasburgo haya alcanzado tal crudeza. Para el bando del sí, el proyecto protege a los creadores y arregla fallos y desigualdades de la Red. En la otra trinchera, se dice que el texto destruirá Internet como lo conocemos. La discusión divide dentro de los partidos —el grupo socialdemócrata, entre otros, dejará libertad de voto— y los sectores afectados y ha sumado a creadores, gigantes como Google y Facebook, académicos expertos de propiedad intelectual, políticos o activistas. En dos años, desde que la Comisión Europea puso en marcha la propuesta, el fuego cruzado no ha callado, al igual que la propaganda. Más bien, se recrudece al acercarse cada etapa importante. Y la de hoy, desde luego, lo es.

El texto, salido de la Comisión de Asuntos Legales, se votará en bloque: de un golpe, el Europarlamento aprueba o rechaza seguir avanzando hacia una directiva en cuestiones como la creación de un nuevo derecho conexo para los editores de prensa, de cinco años de duración, que les permita autorizar o prohibir a los agregadores de noticias online (como Google News) que reproduzcan las publicaciones de sus medios, y cobrar por ello —artículo 11—; responsabilizar a portales como YouTube por el contenido que suben sus usuarios, obligando a la plataforma a obtener licencias de los dueños de las obras y a detener previamente cualquier material que viole el copyright —artículo 13—; reforzar a los creadores en su relación con los intermediarios como productoras, discográficas o editoriales —artículos 14, 15 y 16—.

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Las polémicas más incendiarias rodean los artículos 11 y 13. El primero “solo afectará a las plataformas que agreguen artículos y a quien los use comercialmente”, aclara a EL PAÍS Axel Voss, eurodiputado popular y ponente de la iniciativa. Los editores verán reconocido un derecho sobre el periódico en su conjunto, para negociar una retribución con los portales que generan tráfico recopilando fragmentos de sus noticias. Hay excepciones previstas para fines como los educativos o de investigación. Un simple enlace tampoco valdría. ¿Y los snippets (pequeños textos que acompañan un link)? Voss reconoce que se negociará, pero que actualmente estarían incluidos. Julia Reda, del Partido Pirata, va más allá: “No se podrá ni compartir el titular de una noticia”. De ahí que la campaña #SaveTheLink alarmara a millones de usuarios. A lo que Voss responde que ningún internauta será afectado directamente por la medida. La eurodiputada alemana, en todo caso, cree que bastaría con una simple “presunción de titularidad”, en lugar de un nuevo derecho, para que los editores negocien licencias.

Las dudas abarcan incluso el modelo económico: para un frente, los diarios ya se benefician con el tráfico que los agregadores dirigen hacia sus páginas. La radio también difunde a los músicos pero no deja de pagarlos por ello, responde el otro bando. Y muchos recuerdan que Google News, ante una reforma de la ley que le obligaba a pagar en España, se marchó para no volver.

Quizás todavía más polémico sea el artículo 13. Voss vuelve a matizar: solo tendrán que conseguir licencias y bloquear previamente la piratería los portales que, con fines comerciales, almacenen contenidos subidos por los usuarios, protegidos por el copyright, den acceso a ellos y los optimicen. Y cita el ejemplo más obvio: YouTube. "No tiene nada que ver con páginas como Dropbox, Tinder o Ebay", insiste. Los contrarios, como Reda, detectan sin embargo muchos peligros: un filtro a priori necesita un software caro, que pocos se pueden permitir; fiar el bloqueo a un algoritmo puede generar miles de “censuras” injustificadas; y el sistema podría facilitar parones de contenidos por otras razones, políticas o ideológicas. La Red, además, se aterra ante el temor de que muchos memes (pequeños vídeos) también sean detenidos por infringir la ley. Aunque Voss promete que están a salvo.

Por encima de la letra pequeña, en todo caso, resuenan palabras mayores. “Libertad” es la más usada, por ambos bandos. Voss cree que solo si los creadores reciben más tutelas y retribuciones frente a las grandes empresas serán libres de realizar su trabajo, con mayor calidad. Cuenta con el respaldo de miles de artistas, de Ennio Morricone a Alberto Iglesias, firmas culturales y gestoras de derechos como la SGAE. “Son artículos que van en contra de las empresas más poderosas jamás creadas por la humanidad”, sentencia Mark Kitcatt, presidente de Impala, asociación de compañías de música independiente. Tanto que, en este bando, denuncian una campaña masiva de movilización online y de acoso por mail a los eurodiputados, orquestada por los colosos de Internet. “He recibido 60.000 correos en dos semanas”, denuncia Voss.

Reda, en cambio, considera que detrás de nuevos derechos y filtros únicamente se hallan censura y retrocesos. Para ella, se romperá el espíritu que ha caracterizado la Red desde su creación. El inventor del World Wide Web, Tim Berners-Lee, es uno de los muchos gurús que se decantan por el no, en un frente que, por las razones más dispares, reúne a Google y activistas de Internet, a manifiestos de académicos y a la Wikipedia, que ayer cerró por protesta —aunque Voss repite que no se verá afectada por la reforma—.

Entre tanta discusión, sí hay acuerdo en unas pocas cuestiones: ante todo, la necesidad de proteger más a los creadores y la urgencia de una reforma, ya que la directiva en vigor procede de 2001, el Paleolítico del mundo digital. El consenso también reina sobre los artículos 14, 15 y 16: piden más transparencia y una retribución más justa de los intermediarios culturales hacia los artistas, a la vez que facilita a estos acudir a un arbitraje o retirar la cesión de sus derechos si consideran que no se están gestionando bien. Finalmente, Voss y Reda muestran otra certeza compartida: hacía años que el Parlamento Europeo no vivía un clima tan envenenado. La última vez ocurrió en 2012. La cuestión a estas alturas ya no sorprende: fue, cómo no, el derecho de autor.