El Gobierno acude en auxilio de la RAE con cinco millones de euros

“La Real Academia Española [RAE] es cuestión de Estado”. Fue el titular que dejó Santiago Muñoz Machado tras resultar elegido nuevo director de la institución el pasado mes de diciembre. Lo dijo nada más aparecer ante los medios y no ha dejado de repetirlo en los tres meses que lleva ejerciendo el cargo. En público y en privado. Y con buenos resultados, parece, cuando así se lo ha transmitido al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a varios miembros de su gabinete. La consecuencia ha sido que el Estado acudirá en auxilio de la Real Academia con cinco millones de euros para 2019.

Así lo refleja el convenio que ha firmado el director de la RAE con Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades la pasada semana en Madrid. Un acuerdo del que se va a dar cuenta en Córdoba (Argentina), donde el miércoles, los reyes y el presidente de la República, Mauricio Macri inaugurarán el Congreso Internacional de la Lengua Española.

Muñoz Machado llegará mañana martes a la ciudad argentina donde tiene previsto anunciarlo en público. Se trata de un acuerdo que cambia radicalmente la actual relación entre la RAE con los sucesivos gobiernos. Sin perder su independencia –algo que ha preservado a la institución a lo largo de tres siglos-, el convenio admite que el papel que desempeña la Academia respecto al idioma es de interés público. Lo hace en cuanto concierne a una materia común a todos los hispanohablantes y de importancia política y diplomática excepcional, según reconocen tanto el Gobierno como la propia RAE, respecto a las más de 500 millones de personas que la utilizan en todo el mundo. Por tanto, la relación con el Estado debe cambiar sustancialmente.

La RAE se encargará de al menos 20 proyectos de interés excepcional –incluida la elaboración de los distintos diccionarios, la gramática o, ahora, su labor de velar por el correcto uso del idioma en la era digital, entre otras materias- con un monto que asciende a la cantidad citada. Se canalizará mediante el ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, encargado de las relaciones con las distintas academias. Pero Muñoz Machado lo ha negociado directamente con Sánchez y de manera muy cercana con Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, y con María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

El presupuesto de la RAE para 2019 asciende a 8 millones de euros. En sus gastos, incluyen la nómina de 85 empleados entre filólogos, lexicógrafos, estudiosos y personal administrativo. Los miembros de número de la misma apenas suponen gasto, ya que solo perciben una dieta de 140 euros por cada pleno al que acuden, celebrados semanalmente. No cobran a menos que estén presentes en los debates y los plenos que tienen lugar los jueves por la tarde.

Hasta 2008, la institución recibía cuatro millones de euros del Estado. Pero la crisis y los recortes dejaron la aportación pública en 1,5 hasta este mismo año. Un monto ridículo al que el anterior Gobierno del PP no quiso atender a razones para que fuera aliviado más cuando han declarado un déficit que asciende a dos millones. A eso había que sumar la inquietud por la mala situación en que quedaron otros ingresos fijos de la propia RAE. La edición impresa del Diccionario dejó de venderse como hace décadas tras su vuelco a la red y los intereses que les producía la renta del capital de la Fundación pro RAE cayeron sucesivamente.

Fuentes de la Real Academia aseguran a EL PAÍS que la actitud del Gobierno de Sánchez ha cambiado de manera radical respecto a sus predecesores. “Han entendido a la perfección el papel que jugamos”, comenta un académico. La negociación la ha llevado personalmente Muñoz Machado. Lo ha hecho de manera intensa desde que tomó posesión. La prioridad, aparte del dinero conseguido, radica en que la actual cantidad no se quede simplemente en un salvavidas momentáneo, sino en una nueva relación que pueda perpetuarse a largo plazo y en los mismos términos.

El propio director ha expresado en más de una ocasión que la situación resultaba dramática. El objetivo es desahogar a la institución de forma permanente. “Tanto en sus gastos corrientes como en los proyectos a poner en marcha”, afirma la misma fuente. No permitir que se vea obligada a pedir auxilio, como ha venido sucediendo en la última década y con especial énfasis en la etapa del anterior director, Darío Villanueva.

De ahí, el nuevo concepto del acuerdo. Este reconoce el papel histórico de la institución desde hace tres siglos, cuando fue fundada por Felipe V en 1713. Un papel que se ha extendido en las últimas décadas sobre el eje del panhispanismo, implantado en la etapa de Víctor García de la Concha. Esta estrategia cambió radicalmente el rumbo de la institución y su manera de proceder. A partir de entonces, todos sus trabajos se han realizado con el consenso de las 24 academias de la lengua existentes en todo el mundo y amparadas bajo la asociación que las reúne, ASALE.

La contribución de la RAE al bien común de la lengua a nivel global crea una obligación pública con el nuevo convenio, hasta ahora inexistente sobre el papel. Será la primera vez en la historia de la institución, comentan dentro de ella, que se reconozca en un pliego de normas su poder de regular una materia tan sensible y en base a la autoridad que ejerce sobre la misma como parte de un asunto de Estado.