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Cultura anuncia la intervención de la SGAE

El ministro José Guirao enviará la semana próxima el escrito en el que aclarará al juez las razones para intervenir la sociedad de autores y cómo quiere hacerlo

José Guirao, en la presentación de los presupuestos.

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha anunciado tras el Consejo de Ministros lo que era un secreto a voces: pedirá la intervención judicial para intentar arreglar los desaguisados de la SGAE. El lunes próximo el gabinete de crisis tiene una cita con los abogados del Estado para decidir los pasos a seguir y si se presentará ante la Audiencia Nacional la petición de la intervención de la sociedad de autores. “Debemos afinar mucho para no fallar”, explican fuentes del ministerio, porque una vez dado este paso será el juez el que determine si hay razones para intervenir la sociedad tutelada por el ministerio o no.

La razón que esgrimirá el ministerio para reclamar la acción de la justicia es el incumplimiento de los requerimientos de la entidad de gestión de derechos de autor a su departamento, así como la suspensión de la reforma de los estatutos en la última asamblea general de la SGAE. El ministerio sacó tarjeta amarilla con un apercibimiento a la anterior junta directiva de la sociedad, con José Miguel Fernández Sastrón al frente, por no cumplir con la reforma estatutaria, y ahora saca la roja para resolver de una vez este problema. La presidencia de la SGAE prefiere no pronunciarse sobre la medida.

En el escrito que el ministro Guirao mandará al juez “debe entender el objetivo de la intervención”. A saber: “Solucionar tres problemas. Por un lado, aclarar la trazabilidad del reparto de los derechos recaudados y de las recaudaciones no aprobadas (sobre todo 2017 y 2018); la puesta al día de los estatutos, según la normativa vigente; y la instauración del voto electrónico para todos sus procedimientos de toma de decisión que implique a los socios”, añaden las fuentes. “Cuando se solucionen estos asuntos pendientes, se devolverá el control a la sociedad”, aclaran.

Un ministro harto

Por eso el ministro ha preferido llamarlo “intervención parcial”. Ha descartado la retirada de la licencia, una medida mucho más gravosa para la entidad y sus representados. Sin embargo, las fuentes consultadas de Cultura son conscientes de que esta jugada puede llevar un año de trámites y movimientos hasta limpiar la sociedad. Añaden que se ha trabajado al margen de las cartas pidiendo la intervención, la conclusión de la comisión deontológica (que acusa a 14 miembros de la cúpula de la SGAE de conflictos de intereses) o de la denuncia contra las editoriales. La decisión estaba tomada desde hace semanas, aseguran, y solo han esperado a tener la medida planificada para no tropezar con nada. “No es intervenir para tomar el poder total”, sostienen.

Hace una semana el ministro estalló en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores, Josep Borrell, en la que demostró su hartazgo con el asunto SGAE: "Tengo la sensación que están más pendientes de resolver sus propios problemas que el verdadero problema de fondo. Durante mis reuniones no tuve claro que quisieran resolver de forma efectiva los asuntos clave”, afirmó. “El Gobierno”, añadió Guirao, “puede intervenir en aquellos asuntos que son de su competencia; los demás los debe resolver la propia sociedad. Con arreglo a eso, espero que en dos semanas tengamos una solución jurídica para poder tomar una decisión".

El procedimiento

Si como ha indicado el ministro, el lunes se manda la solicitud al juez, en ese escrito el ministerio aportará pruebas, habrá atado todo el aparato técnico para que cualquier recurso sea rechazado por el juez y especificará al magistrado el procedimiento que pretende seguir en la intervención. ¿Mantendrá el ministro a la junta directiva, con José Ángel Hevia al frente? Las fuentes consultadas por este periódico, cercanas al ministerio y a las sociedades de gestión conocedoras de las intenciones, explican que en dicho escrito pedirá la destitución de la junta directiva y nombrará a un interventor o gestora para hacerse cargo de la solución de estos tres asuntos.

Si el juez da su visto bueno, el ministro deberá elegir al interventor responsable de gestionar el plan que se va a aplicar. Lo más probable es que la junta directiva sea apartada mediante suspensión o destitución, para no mantener “un cuerpo extraño, interrumpiendo su labor”. Una vez haya concluido su trabajo y redactado los nuevos estatutos —diseñados por el ministerio a través del interventor— serán presentados en la asamblea general para su votación.

Entonces los socios decidirán si son válidos con sus votos. Y con toda probabilidad, en el orden del día, se incluirá también la votación para mantener o destituir la actual junta directiva. Si los 34 miembros actuales son rechazados, la SGAE volverá a convocar elecciones para nombrar una nueva cúpula posintervención. Sin embargo, en la junta directiva hay miembros que prefieren una intervención total, sin pasar por la asamblea general "para que no se enfangue más el proceso" y romper con la dinámica de la mayoría cualificada de los dos tercios.

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