Los socios de la SGAE suspenden los estatutos de Hevia y la entidad queda a expensas del Ministerio de Cultura

El presidente de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), José Ángel Hevia, ha ganado la votación en la asamblea general de la modificación de los estatutos de la entidad de gestión de derechos, pero sin los votos suficientes como para llevarla a efecto. La reforma propuesta necesitaba la mayoría cualificada de dos tercios, el 66%, pero se ha quedado muy lejos de alcanzar esa cifra: han votado sí el 58,01% y no, un 40,91%. La abstención ha sido del 1,07% y el número total de votos ha sido de 22.536. Han faltado 2.000 votos para sacar adelante la propuesta.

Fuentes de la entidad aseguran a este periódico que “es un vuelco importante” respecto a la asamblea general del pasado mes de junio, cuando José Miguel Fernández Sastrón presentó su propuesta estatutaria y fue rechazada. “No sabemos qué va a pasar mañana. Vamos a trasladar los resultados al Ministerio de Cultura para que, esperemos, valoren positivamente el vuelco y el 58,01% de votos a favor, porque no es un rechazo mayoritario como en junio”, añaden las fuentes de la dirección a EL PAÍS. El ministerio ha comunicado que “está preocupado por los resultados de las votaciones que ha conocido a través de la prensa”. Da cinco días a la entidad para que envíe el acta de la asamblea y así “evaluar la situación y tomar una decisión”. La intervención del ministerio tiene que pasar por la autorización previa de un juez de lo civil.

La reforma estatutaria era imprescindible para adaptarse a las exigencias de la normativa de la Unión Europea. El voto contrario ha sido identificado con el rechazo al descontrol de la recaudación de la franja nocturna, conocida como “la rueda”, y el conflicto interno que ha generado. Con este resultado, la SGAE no esquiva la intervención del Ministerio de Cultura, que ahora tendrá que dar un paso al frente para que la entidad se adecúe al reglamento que impera en las entidades de toda Europa. El equipo de Guirao podría decretar una orden ministerial para aprobar estos estatutos con los cambios que considere pertinentes y salvar a la actual junta directiva.

Hevia ha hecho crecer la confianza entre los socios de la entidad, pero no ha sido suficiente. Quizá la propuesta no haya sido tan ambiciosa como para movilizar el “sí” en masa. En declaraciones a EL PAÍS ha dicho que “si fuera un político te diría que es un gran triunfo”. “Espero que la lectura que haga el ministro sea respetuosa con la mayoría de los socios, que han dicho que quieren cambiar la marcha de la entidad. Invito al ministerio a que vea a la SGAE no como un ente que tiene que castigar. Debe tutelarnos y esperamos su colaboración”, ha añadido. Y ha querido destacar que “la voluntad de los socios ha sido acatar el límite” de la música nocturna que establecerá la nueva Ley de Protección Intelectual (LPI). “Hay más de esperanza que de abismo porque imperará la razón. La SGAE no puede desaparecer”, ha añadido.

Uno de los puntos clave que tendrá que tener en cuenta el Ministerio de Cultura ha sido el rechazo de los socios (un 53,23%) al reparto de la recaudación de diciembre de 2018 (el último antes de la aplicación del artículo 159 de la nueva LPI, que limitará al 20% lo facturado por la música de madrugada). Y, sobre todo, los socios han aprobado por mayoría simple (el 54,74%) la nueva normativa de reparto, en la que la junta directiva tendrá que implantar el tope del 20%. Los socios no quieren más ruedas.

“El ministro debe considerar si interviene la sociedad cuando el 58% de los socios han votado lo que quería el ministerio”, ha explicado Antonio Onetti (vicepresidente del Colegio Audiovisual) a este periódico. En su opinión, si interviene daría la razón a los socios que han preferido no adaptarse a la ley. Fermín Cabal (vicepresidente del Colegio de Gran Derecho) tiene una valoración positiva del resultado por el apoyo del 58% de la asamblea. “Eso es un respaldo mayoritario incontestable. Ahora esperemos que el Ministerio nos ayude a incorporar las exigencias de la Ley de Propiedad Intelectual”, asegura, porque no cree oportuno una intervención, dado que en su opinión no hay un “incumplimiento grave”.