Paloma Aguilar: “Nunca se puede pasar página del todo”

Más de 80 años después de que se produjera el golpe de los militares rebeldes contra la República en 1936, la Guerra Civil que vino después sigue pesando sobre la España que conquistó la democracia hace 40 años. La politóloga Paloma Aguilar (Madrid, 1965) lleva años ocupándose de las formas de gestionar el pasado, y ha vuelto al tema tratando las fosas de las víctimas y las confesiones de los verdugos, junto a la socióloga Leigh A. Payne, en El resurgir del pasado en España (Taurus).

P. ¿Cómo es posible que la guerra siga estando ahí?

R. Duró casi tres años y luego vino una larga dictadura que perpetuó la discriminación entre vencedores y vencidos; ni siquiera se le permitió hacer duelo a la mitad de la población. Son heridas profundas que tardan mucho en cerrarse. 

P. La Transición intentó cerrarlas.

R. Se decidió en el ámbito político —y en parte también social— liquidar el pasado de forma precipitada con una serie de medidas de reparación fragmentadas e incompletas. Pero no hay que olvidar que no sólo se trata del trauma de una guerra, sino de la terrible represión de la posguerra. Los especialistas consideran que la dictadura mató entre 30.000 y 50.000 personas después del conflicto.

P. ¿Hubo realmente un pacto de silencio? La bibliografía sobre la Guerra Civil es verdaderamente inmensa.

R. Se pasó del silencio obligado a un olvido aparente, pero no en el ámbito cultural, donde siempre he dicho que la producción fue muy abundante. Los investigadores y los creadores culturales empezaron con la tarea desde muy pronto. Pero se encontraron con numerosos escollos, como el acceso a los archivos y la destrucción de información. Algunos fondos fueron deliberadamente destruidos: el propio Martín Villa ha reconocido que hizo desaparecer los de la Falange. Muchos de los archivos de los Gobiernos Civiles se destruyeron. Además, España tiene una política de acceso a determinado tipo de documentación mucho más restrictiva que otros países de Europa. Seguimos funcionando con una ley de secretos oficiales del año 1968 que no tiene límites temporales, ni contempla mecanismos de desclasificación.

P. Hubo muchos que no querían escuchar hablar de la guerra, que preferían el olvido.

R. La sociedad española tenía un miedo atroz a que se repitiera el conflicto si se miraba el pasado de una manera descarnada. Y la larga dictadura nos ofrece una imagen fea de nosotros mismos: duró mucho tiempo y contó con un apoyo nada desdeñable.

P. ¿Cómo volver atrás entonces en ese contexto de la Transición?

R. Llevo tres años investigando las iniciativas que llevaron a cabo en esos años familiares que tenían a los suyos en cunetas después de que los fusilaran los vencedores. Decidieron que la reconciliación no podía saldarse a costa de que no pudieran recuperar los restos y rendirles homenaje.

P. ¿Lo consiguieron?

R. Ya entonces hubo gente que no aceptó pasar página y, cuando consiguieron recuperar los restos, construyeron unos mausoleos extraordinariamente vistosos en los cementerios. No lo tuvieron nada fácil, pues con frecuencia sufrieron amenazas, pero muchos municipios de Navarra, Badajoz, La Rioja y otros lugares lo consiguieron. Sin embargo, los medios apenas se hicieron eco de aquellas iniciativas, salvo la revista Interviú.

P. Tiene sentido la idea de no convertir el pasado en un arma arrojadiza en la política de aquellos días.

R. Tenían que acordar nuevas reglas de juego, y era una tarea demasiado delicada como para que unos y otros se echaran encima las culpas de lo que había ocurrido. Así que hubo un acuerdo de no instrumentalización del pasado. Se quiso compensar a las víctimas del franquismo con una serie de medidas parciales; el problema es que se creó la ficción de que con eso se habían saldado las cuentas. La asimetría en relación con las reparaciones que recibieron las víctimas del bando vencedor —honores, homenajes, pensiones, oportunidades para encontrar acomodo en la dictadura— fue brutal. Las otras víctimas querían recuperar los restos de los suyos para darles una sepultura digna, y que se conociera lo que les había ocurrido. Lo tuvieron que hacer por su cuenta, hasta que llegó algo de dinero con la Ley de Memoria Histórica. Hoy, como el PP ha cancelado las ayudas, han tenido que volver a recurrir a la autofinanciación, como en la Transición. Es lamentable.

P. ¿Por qué no se atendió a las víctimas cuando la izquierda llegó al poder en 1982 con Felipe González?

R. Los socialistas funcionaron como si la sociedad española hubiera, realmente, pasado página. Es algo que hoy en día les reprochan los familiares de las víctimas, muchas de las cuales eran de la familia socialista.

P. ¿Hubo entonces muchas reclamaciones formales?

R. Las víctimas, hasta el año 2000, han estado escasamente asociadas y poco movilizadas, pues no existían estímulos institucionales para ello. Pero es bien sabido que siempre han querido encontrar los restos de los suyos y darles una sepultura digna. El problema es que se las ha escuchado poco, y que el Estado y la sociedad han sido muy poco empáticos con ellas.

P. ¿Qué queda pendiente para pasar página?

R. Nunca se puede pasar página del todo. En la Transición se les dijo a las víctimas que era demasiado pronto, ahora se les dice que es demasiado tarde, que sus reivindicaciones son extemporáneas. Lo que debe hacerse es cumplir con la Ley de Memoria Histórica y paliar sus déficits con medidas complementarias. Eso apaciguaría mucho el debate sobre el pasado en España. Hace poco he pasado por el Pasaje General Mola de Madrid. Siguen existiendo lugares con nombres como el de este militar que invitó públicamente al exterminio sin piedad del adversario. Eso sí que es extemporáneo.

P. Vayamos a cuestiones concretas.

R. El Estado sigue estando ausente, cuando debería tomar la iniciativa para recuperar los restos que quedan aún en las fosas y trasladarlos a los cementerios. Hay que terminar lo que queda pendiente en cuanto a políticas simbólicas —¿cómo puede ser que la Fundación Francisco Franco se dedique a obstaculizar muchas de estas iniciativas?— y llevar a cabo las recomendaciones de la comisión que se creó sobre el Valle de los Caídos. El Estado debe anular los juicios injustos y devolver los patrimonios que fueron requisados. Y hay una cuarta tarea pendiente: sólo el Estado tiene capacidad y recursos para acabar con la disputa que existe entre los historiadores sobre cuántos muertos hubo en la guerra y en la posguerra. Una comisión de expertos ayudaría mucho.