90.000 fusilados, 900 desenterrados

Paseos, sacas, fusilamientos en cunetas o en mitad del campo. Las víctimas, en algunos casos, tuvieron que cavar sus propias fosas. Muertos por la represión política promovida y tolerada tras la guerra civil por las autoridades del bando franquista que al mismo tiempo sirvió, sobre todo en el medio rural, para depurar venganzas por rencillas personales o familiares, o simplemente envidias. La falta de documentación y el tabú forjado por el terror de la dictadura sobre los desaparecidos impiden a historiadores y arqueólogos ponerse de acuerdo sobre su número y los lugares donde fueron enterrados. El testimonio de los familiares y testigos que queden vivos a los 70 años de esos hechos será la fuente principal para elaborar los mapas de fosas que la futura ley de la memoria llevará a redactar.

En Órgiva (Granada) hay enterradas en una fosa común más de 4.000 personas

"Muchas familias no quieren exhumar, sino saber que pasó", dice el forense Etxberria

Los registros civiles, los expedientes de los consejos de guerra sumarísimos permitidos por Franco tras el golpe del 36, los archivos municipales y los libros de los cementerios son los principales lugares donde la represión dejó sus cifras. El hispanista británico Paul Preston, admitiendo cierta falta de exhaustividad, calcula que los muertos en la retaguardia franquista y los de los primeros años de la dictadura pudieron llegar a los 180.000. El historiador Santos Juliá, basándose en estudios realizados en 36 provincias (algunos incompletos), da una cifra mínima de unos 90.000. "Las inscripciones de los paseados [los asesinados sin juicio en cunetas y campos] vienen a representar sólo un tercio de la realidad", escribe en Víctimas de la guerra civil, el libro sobre la represión en ambos bandos que coordinó en 1999. El historiador advierte de que, para adentrarse en ese terreno, hace falta entrevistar a protagonistas y testigos o, en su caso, a sus familiares.

Basándose en esos testimonios, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y demás agrupaciones con los mismos fines han abierto ya 98 fosas de las que han exhumado a 905 víctimas. Su vicepresidente, Santiago Macías, tras cinco años de desenterramientos, tampoco se atreve a hacer números. "Lo que sí sabemos es que, en la parte del país controlada por Franco, hasta finales de 1937 se puede contabilizar, como mínimo, una fosa por cada pueblo", dice. La asociación comenzará dentro de una semana su próxima excavación en Parrillas y Navalcán, junto a Talavera de la Reina (Toledo). Macías asegura que sobre su mesa hay, por lo menos, 5.000 solicitudes más.

La futura ley de la memoria deja en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos la localización de las fosas al obligar en su artículo 14 "a las administraciones competentes" a elaborar "mapas en que consten los terrenos en que se localicen los restos". La norma prevé que el Gobierno elabore otro "mapa integrado de todo el territorio español, que será igualmente accesible para los interesados y al que se incorporarán los datos que, en los términos que se establezcan, deberán ser remitidos por las distintas Administraciones". Los lugares donde se localicen los enterramientos serán, según el anteproyecto, objeto "de especial preservación por parte de sus titulares".

En esos mapas tendrán que constar en primer lugar, las grandes fosas comunes situadas fundamentalmente en los cementerios de las capitales y grandes poblaciones o en parajes y pueblos de sus alrededores y que, en algunos casos, están bien documentadas. En la de Mérida, que acaba de aparecer debido a las obras de un jardín botánico que se construye junto al cementerio, se calcula que fueron enterrados entre 2.000 y 4.000 republicanos de los que la ARMH, en colaboración con la Universidad de Extremadura, ha identificado ya a unos 1.200. De los 1.600 que se calcula fueron sepultados en la fosa común del cementerio de Oviedo durante la guerra y los años siguientes, se conocen los nombres de 1.316. Y lo mismo ocurre con otros enterramientos masivos como los de Víznar y Órgiva (Granada, unas 6.000 personas), Badajoz (2.000 fusilados en la plaza de toros), Málaga (3.600 en cuatro fosas, según la Junta de Andalucía), Teruel (unas 1.000 en los Pozos de Caudé), Zaragoza, Córdoba, Jaén, Logroño, Madrid (más de 2.000 muertos en el cementerio de la Almudena), Valencia...

Santiago Macías explica que la mayoría de esos casos, "casi nadie pide la exhumación" (algo que haría muy difícil la identificación genética debido al volumen de restos) sino la confirmación de que el desaparecido en cuestión se encuentra enterrado en esas grandes fosas a través de la documentación que se conserve, ya que la mayoría contienen los cuerpos de condenados a muerte en consejos de guerra o juicios sumarísimos. El vicepresidente de la ARMH pone como ejemplo los archivos militares gallegos en los que trabaja actualmente. Asegura que en muchos de los expedientes que está manejando "aparece una ficha que señala el lugar exacto del cementerio en que la víctima fue enterrada".

En los pueblos, sin embargo, el trabajo de campo es fundamental, y la localización de las fosas, en la mayoría de los casos, nace de los testimonios de los parientes de los represaliados que ponen en marcha sus propias investigaciones. Luego piden ayuda a las asociaciones que, en gran parte del país, carecen de ayudas oficiales para llevar a cabo las exhumaciones. Por ahora, solo Euskadi y Cataluña han aprobado programas y censos de identificación y exhumación de víctimas en colaboración con las asociaciones. Andalucía ha dado un paso más y hace un año que elabora su mapa de fosas.

Adelantándose a la ley de la memoria, la consejería andaluza de Justicia, junto a las distintas asociaciones regionales, comenzó el año pasado a investigar los enterramientos comunes ubicados en su territorio. "Contamos con los estudios de los historiadores, los datos de los registros civiles y de los cementerios, además de las correspondencias entre los responsables de las cárceles y, sobre todo, la información que aportan los vecinos de los municipios", afirma Manuel Velasco, responsable de la Asociación Guerra-Exilio y Memoria Histórica de Andalucía, una de las que colaboran en el proyecto.

La parte occidental de Andalucía, donde primero llegaron los franquistas, es donde se encuentra la mayoría de las fosas. Los expertos hablan también de miles de muertos que deben estar enterrados a lo largo de la carretera que va de Málaga a Almería, donde se produjeron fusilamientos de personas que huían hacia la zona republicana. Un caso particular es el de Órgiva (Granada) donde según los historiadores, hay enterradas en una fosa común más de 4.000 personas. "Se trataría, en caso de ser comprobado, de la mayor fosa a campo abierto de Andalucía y España", afirma el coordinador del proyecto, Ángel del Río.

La Junta de Andalucía ha aportado para la investigación un máximo de 55.000 euros por provincia y, al mismo tiempo, colabora con asociaciones y sindicatos en el proyecto Todos los nombres (www.todoslosnombres.org) que ha creado una base de datos con más de 10.000 nombres de desaparecidos durante la guerra que puede consultarse a través de Internet.

Diversos estudios calculan que unas 40.000 personas pudieron ser ejecutadas sin juicio en Andalucía y que, de ellas, más de 15.000 yacen en fosas comunes. Del Río considera que "prácticamente en todos los municipios hay, al menos, una fosa, sobre todo, en la zona occidental", como demuestran las investigaciones realizadas hasta ahora, que han servido para empezar con los desenterramientos.

En el término gaditano de El Bosque (Ubrique y Benamahoma) aparecieron 21 personas, en Palomares del Río (Sevilla) otras cinco y en Santaella y La Guijarrosa, 5 y 17, respectivamente, aunque se cree que puede haber más. En el cementerio de San Rafael de Málaga se exhumará en septiembre a más de 3.000 personas. También se excavó en el de Cádiz y en el de Valverde del Camino (Huelva, una persona). En el cementerio de San Rafael de Málaga se exhumará en septiembre a más de 3.000 personas enterradas en cuatro fosas localizadas gracias al Instituto Geofísico de Andalucía, dependiente de la Universidad de Granada.

La Generalitat de Cataluña calcula que más de 9.000 personas están enterradas en 157 fosas comunes de la guerra y el franquismo, de las cuales 115 ya han sido localizadas y 104 se hallan dentro de cementerios. En junio de 2005, el Gobierno catalán publicó un proyecto de decreto para regular las exhumaciones "muy limitado y restrictivo", según Manuel Perona, coordinador de la ARMH en Cataluña, que asegura que, debido a los requisitos que impone, sólo permitiría abrir 15 enterramientos.

El Ejecutivo autónomo exige que se pueda conocer previamente la identidad de, al menos, una de las personas enterradas; que las fosas no estén situadas en cementerios; que las víctimas sean civiles y no militares y que, como máximo, alberguen a 10 personas. La solicitud para desenterrar no puede ir más allá de la tercera generación de familiares de los enterrados y se cancelaría si alguno se opusiera.

El proyecto de decreto tampoco prevé dar subvenciones para sufragar los gastos de las investigaciones previas a las exhumaciones, que correrían a cargo de las familias. Lo mismo que las autorizaciones para excavar, que sólo se acompañarán de fondos públicos en caso de que el Ejecutivo considere la fosa "de interés".

Tras su publicación, el proyecto catalán se abrió a la presentación de alegaciones pero, tras la expulsión de ERC del tripartito, quedó suspendido. Para asesorar y controlar las exhumaciones, la Generalitat creó una Comisión Interdepartamental integrada por representantes de seis áreas del Ejecutivo y que presidía el republicano Apel.les Carod. Esa comisión dependía del departamento de Presidencia, entonces dirigido por Josep Bargalló, también de ERC.

Después de que el Parlamento catalán aprobara una moción sobre la recuperación de la memoria histórica en marzo de 2003, cuando aún gobernaba CiU, el tripartito realizó la primera exhumación de una fosa en la comarca de Osona (Barcelona) en junio de 2004. En la excavación, que era una prueba piloto para establecer un protocolo de actuación, se encontraron seis soldados republicanos y un civil, al que se logró identificar. El Ejecutivo inició en abril de 2006 una investigación para ubicar con exactitud la fosa de Can Maçana, en El Bruc (Barcelona), pero no se encontraron indicios de ninguno de los ocho fusilados que se suponían enterrados en la zona.

El Gobierno catalán también tiene previsto crear dos censos: uno de todas las fosas de la guerra civil y la represión franquista en Cataluña con el fin de señalizarlas, y otro con los nombres de las personas desaparecidas. Pero de momento todo está paralizado a la espera de las elecciones.

Euskadi es la tercera comunidad que ha regulado y subvencionado la apertura de sus fosas. El Gobierno vasco encargó en 2003 a la Sociedad de Ciencias Aranzadi la puesta en marcha de un programa de desenterramientos. Desde que se abrió una ventanilla para atender a las familias de las víctimas, la dirección de Derechos Humanos, dependiente de la Consejería de Justicia, ha atendido 450 solicitudes.

El equipo de Aranzadi desarrolla su trabajo en dos frentes. Por una parte, la investigación histórica y documental para completar la información personalizada de los desaparecidos y la recogida de testimonios que graban en vídeo y entregan a los familiares. Por otra, localizan fosas, recuperan los restos y realizan los estudios antropológicos correspondientes. "La mayoría de las familias no quiere exhumar y hacer pruebas de ADN, sino saber únicamente qué pasó, de qué acusaron a su familiar, cuánto tiempo vivió", cuenta el forense Francisco Etxeberria, responsable del programa.

Según el historiador Iñaki Egaña, 2.500 vascos murieron fusilados en los años de guerra y represión. 5.000 desaparecieron, 60.000 padecieron la cárcel y otros 150.000, entre ellos, 35.000 niños, tuvieron que exiliarse. "Esa es la cifra que manejó el lehendakari Aguirre en la ONU, pero creo que está un poco hinchada", matiza Egaña.

Reportaje elaborado con informaciones de Pilar Choza, Marta Albiñana y Maribel Marín