La parcela gallega de la edad del hielo se salva de la subasta

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Hacienda no sabía ya cómo deshacerse de unos 35.000 metros cuadrados de terreno ubicados en el municipio de Vilalba (Lugo). Se los endosó en 2012, con yacimiento paleolítico incluido, su anterior propietario, el Gobierno gallego, que tampoco supo qué hacer con ellos. En total, una treintena de fincas agrupadas por la concentración parcelaria en la planicie de la Terra Chá, la comarca más grande de Galicia; un paraíso de lagunas y pastos que atrajo a pobladores desde el origen de los tiempos y que ha dejado un legado de castros, sepulcros megalíticos y yacimientos. Entre ellos, el de Pena Grande —referente del paleolítico superior de Galicia—, del que el Museo de Prehistoria y Arqueología de Vilalba (Mupav) custodia más de un millar de piezas, un terreno que iba a ser subastado la próxima semana. Pero, tras las presiones de grupos políticos y sociales, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometió el pasado jueves con el diputado de En Marea Miguel Anxo Fernán Vello a ceder la parcela al Ayuntamiento de Vilalba.

La Dirección General de Patrimonio del Estado declaró en 2016 que el terreno que acoge el conjunto paleolítico de Pena Grande, un refugio de cazadores en la Edad de Hielo, en torno al año 14000 antes de Cristo, “no es necesario para el uso general ni para el servicio público”, como tampoco “para su explotación”, con lo que el Estado lo sacó a subasta hasta tres veces; la última iba a ser el próximo día 15 de noviembre, a un precio de salida de 7.785 euros, unos 3.000 menos que en la primera puja.

La finca le llegó a Hacienda de rebote. La Consellería de Medio Rural de la Xunta se topó con los terrenos cuando, tras realizar la concentración parcelaria en la comarca, en la década de los noventa, no apareció ningún dueño. El gabinete autonómico mantuvo la parcela arrinconada entre 2007 y 2012, cuando pasó automáticamente al Estado. El Ministerio “actúa como mero instrumento desde el momento en que la Xunta renunció a la titularidad pública”, sostiene Eduardo Ramil, director del Mupav, que no puede entender “por qué el gobierno gallego no se ha quedado con la parcela”. En su opinión, la falta de interés evidencia un problema de delimitación del paisaje, “de no saber qué modelo de país queremos”.

Ramil cree que todo lo ocurrido con este terreno ha sido “un cúmulo de despropósitos”, ya que, señala, “antes de privatizarlo mediante subasta debería haberse puesto a disposición del Ayuntamiento de forma gratuita”, como finalmente ha ocurrido in extremis tras el revuelo de los últimos días y el registro de iniciativas parlamentarias por En Marea y el BNG.

“En Europa, las instituciones públicas compran hasta montes de tojos si hay un mero indicio de patrimonio, y aquí, por no saber qué hacer con importantes legados históricos, se privatizan, y ni siquiera para obtener un beneficio económico, porque en este caso la subasta era un regalo”, protesta el director del Mupav.

La Consellería de Medio Rural no se da por aludida. Justifica su desinterés por este pedazo de patrimonio señalando que “no está declarado Bien de Interés Cultural (BIC)” y que desde la Dirección General de Patrimonio del gobierno gallego no les alertaron de su valor, más allá de que señalar que está “catalogada en las normas subsidiarias que lo protegen de posibles actuaciones” en un perímetro de unos 200 metros cuadrados.

Por su parte, la Conselleria de Cultura, de la que depende Patrimonio, explica que no le ha concedido la declaración de BIC porque “pese a su indudable valor, no alcanza la condición de singular”. La abundante riqueza patrimonial de Galicia juega a la contra. “Hay 19.000 yacimientos, la mayoría en parcelas privadas, y si pasasen a ser públicos, no tendríamos capacidad económica para gestionarlos”, justifica Cultura su apatía respecto a estos legados.

Tampoco le preocupaba mucho la privatización del yacimiento al alcalde de Vilalba, Agustín Baamonde. “Aunque no está clasificado como BIC, tiene protegido el perímetro y el resto es todo roca, con lo que poco puede hacer ahí un particular; eso no lo quiere nadie”, sostiene el regidor. En cualquier caso, reconoce que es “poco razonable” que se ponga a la venta a través de una administración pública “que estaría obligada a defenderlo”, y expresa su satisfacción por que lo haya recuperado el Ayuntamiento.

La Xunta también se felicita ahora. Y se apunta el tanto: “Ya habíamos decidido pedir a Hacienda que paralizase la subasta y cediese la finca al Ayuntamiento”, sostiene una década después de haberla tenido en propiedad y dejarla escapar.