Los grandes frentes abiertos de la cultura
La rebaja del IVA, la ley de mecenazgo y la lucha contra la piratería son algunas de las tareas del nuevo Gobierno
“¿La cultura en España? Pues una catástrofe. Ni uno de nuestros políticos la mencionó en los debates electorales. Deben de pensar que eso de la cultura no da votos. ¡Cuánto se equivocan!” (Núria Espert, el pasado 21 de octubre en Oviedo, antes de recoger su Premio Princesa de Asturias de las Artes).
Si, obligado como parece por su minoría absoluta a enfundarse otra indumentaria distinta a la del gobierno por decreto, Mariano Rajoy pretende hacer algunas concesiones a la oposición y así evitar volcanes innecesarios, la cultura se antoja una materia muy apetecible para el nuevo ejecutivo. Volcanes habrá, y serán irremediables, en lo económico, lo político y lo social. Con la cultura siempre hay margen. Los bienes del espíritu, aun legislables, medibles y computables, no son ni la hucha de las pensiones ni el problema catalán. ¿Será esta la esperada moneda de cambio en una legislatura sin blancos y negros pero con mucha gama de grises? Estas son las tareas que Rajoy –que fue cocinero antes que fraile, o sea, ministro de Cultura antes que presidente- tiene por delante en el espinoso camino de recomponer tanto puente roto en materia cultural.
- La rebaja del IVA cultural. Desde el 1 de septiembre de 2012, y en lo que supuso la más dura de las medidas en materia cultural tomadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, el impuesto sobre el valor añadido equipara una obra de teatro, un espectáculo de danza, una película o un concierto a un artículo de lujo (la actividad comercial de las galerías de arte está gravada con un 10% y el libro con un IVA súper reducido del 4%). El 21% (antes de la reforma fiscal era el 8%) supone uno de los IVA culturales más altos de la zona euro, y sobre todo un guarismo demasiado sangrante para la industria cultural si se compara con el 5,5% que rige en Francia, el 10% alemán e italiano y el 13% de Portugal.
Este ha sido el principal motivo de disputa entre el Gobierno popular y la oposición. Los representantes de las diferentes industrias culturales consideran que la crisis y el recorte de casi un 50% en los presupuestos de la cultura desde 2011, unidos al aumento del IVA hasta ese 21%, han supuesto el estrangulamiento del sector. El documento titulado 150 compromisos para mejorar España que suscribieron a finales de agosto el Partido Popular y Ciudadanos incluía la reducción del IVA para conciertos y espectáculos escénicos… pero no para el mundo del cine.
Cualquier intento de vender políticamente una cesión a la oposición por parte del Gobierno Rajoy en temas culturales pasa por extender esa rebaja del IVA cultural al cine, tradicional enemigo del Partido Popular (y viceversa, asegura la industria cinematográfica, desde el ¡No a la guerra! de los Goya de 2003). ¿Convencerá/conminará Mariano Rajoy a Cristóbal Montoro de que baje por fin el IVA a la cultura?
- La Ley de Mecenazgo. Verdadera piedra angular de la política cultural en su programa electoral de 2011, la Ley de Mecenazgo –o mejor, la No Ley de Mecenazgo- acabó convertida en una de las piedras en el zapato del Partido Popular en la pasada legislatura. Una y otra vez prometieron el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, y el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, que la ley acabaría publicada en el BOE… y una y otra vez la evidencia fue la contraria. Hasta que, a la vuelta del verano de 2014, fue el propio Lassalle quien anunciaba que, finalmente, la esperada ley quedaba englobada –luego diluida- en el conjunto de la reforma fiscal acometida por el Gobierno popular.
Encallaba, así, una de las grandes promesas de Mariano Rajoy: facilitar e incrementar, mediante un nuevo texto legal que sustituiría a la ya obsoleta Ley de Mecenazgo aprobada en 1995 por la socialista Carmen Alborch (tras los fracasos de Semprún y Solé Tura), los incentivos a la empresa privada para obtener de ella nuevos recursos financieros para la cultura. La noticia de la No-Ley cayó como una bomba en el sector.
El entonces presidente de la Fundación Arte y Mecenazgo, el empresario, coleccionista y mecenas Leopoldo Rodés (fallecido en accidente en julio de 2015), declaró que se sentía “traicionado” ante “esta tomadura de pelo” y añadió: “En el fondo, Cristóbal Montoro nunca ha querido una Ley de Mecenazgo”. ¿Nueva oportunidad?
- La lucha contra la piratería. Según el último informe elaborado por la Coalición de Creadores, la piratería cultural causó en España en 2015 un lucro cesante de casi 1.669 millones de euros, y la pérdida de 547 millones para las arcas del Estado. Durante 2015, y tras la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, se presentaron en España 27 denuncias ante la Comisión Administrativa encargada de perseguir y combatir la piratería cultural: solo una quedó resuelta, siete fueron archivadas y el resto sigue su proceso de tramitación. Según el Ministerio de Educación y Cultura, la Comisión ha solucionado en los últimos cuatro años “el 95% de las 458 solicitudes recibidas.
A pesar de que el Gobierno del PP –con el secretario de Estado José María Lassalle a la cabeza- sostiene que la reforma de la Ley (que sacó adelante en solitario gracias a su mayoría absoluta en el Parlamento) ha mejorado mucho las cosas, queda claro que esta seguirá siendo una de las tareas pendientes del nuevo ejecutivo, y eso pasa por dotar de mayores recursos legales y humanos a la sección segunda de la mencionada Comisión si no quiere verla convertida en un gendarme sin porra, y por emprender campañas de concienciación y educación contra la piratería en los colegios y en las universidades.
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual permitía incrementar hasta los 600.000 euros las multas a los responsables de páginas web que facilitaran las descargas de contenidos protegidos por derechos de autor, y ampliaba la posibilidad de estas sanciones a las páginas de enlaces y a aquellos intermediarios y anunciantes que colaboren con dichas webs. Pero ¿es la represión el único arma contra los piratas culturales?
- El Instituto Cervantes. Creado en 1991 por el Gobierno de Felipe González con bastante precipitación y con Nicolás Sánchez-Albornoz como primer director, el Instituto Cervantes nunca ha justificado su verdadera razón de ser: el gran paquebote no solo de la lengua española a nivel internacional, sino también de la cultura española. Y no lo ha hecho básicamente por dos motivos: uno, las constantes batallas por su control entre los ministerios de Exteriores (de quien depende orgánicamente) y Cultura; y dos, los progresivos e incesantes recortes en sus presupuestos.
El Cervantes ha visto menguar en casi un 50% sus recursos en el transcurso de la última legislatura, hasta situarse en un paupérrimo (para las misiones requeridas) presupuesto de 115 millones de euros. El nuevo Gobierno, y en especial los ministros Alfonso Dastis en Exteriores e Iñigo Méndez de Vigo en Educación y Cultura –pero sobre todo el propio presidente- deberían recapacitar sobre la situación del organismo y su razón de ser. Una ley de autonomía similar a las que rigen en el Museo del Prado y en la Biblioteca Nacional ayudaría bastante a demostrar que este Gobierno se cree de verdad el Cervantes.
- El (No) Ministerio de Cultura. Una vez más, como ya ocurrió en el pasado, el Partido Popular en el poder opta por prescindir de un Ministerio de Cultura como tal y continuará diluyendo la política cultural en el gran ente llamado Educación y Cultura, con Iñigo Méndez de Vigo como ministro y ya se verá quién como secretario de Estado. Nueva decepción (como ya ocurrió en 2011) en el mundo del cine, el libro, el arte, el teatro y la música: una secretaría de Estado no tiene ni el poder simbólico, ni la capacidad de interlocución ni mucho menos la capacidad económica de un ministerio. Bastante tendrá Méndez de Vigo con las controversias habituales en torno a la implantación de un nuevo modelo educativo. Por si fuera poco, ahora será también portavoz del Gobierno. Así que la cultura no tendrá ni voz ni voto en el Consejo de Ministros, y si los tiene serán banales. No parece el mejor contexto para que el Gobierno zanje de una vez la gran duda que parece asaltar a muchos: ¿Es la cultura una necesidad o un capricho?
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