Laura García Lorca denuncia al secretario de la fundación del poeta

La Fundación García Lorca atraviesa una grave crisis, con 12 millones de euros pendientes de pagar o justificar. El primer perjudicado ha sido el centro dedicado al escritor, que tenía que haber abierto sus puertas el 5 de junio pasado, pero no lo ha hecho porque la constructora del inmueble, Ferrovial, reclama una deuda de tres millones al consorcio promotor, que integran el Ministerio de Cultura, la consejería andaluza de Cultura, el Ayuntamiento y la Diputación de Granada y la propia fundación. La situación es tal que para mañana están convocadas en Madrid dos reuniones: una de la fundación para aclarar sus cuentas y otra posterior en el ministerio con todo el consorcio. Todos los indicios del caso apuntan a un caso de posible malversación de caudales públicos.

Laura García Lorca, sobrina del poeta y presidenta de la fundación, ha denunciado al secretario, Juan Tomás Martín, en los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid por falsedad documental y apropiación indebida.

El agujero económico tiene que ver con las ayudas concedidas para la construcción del inmueble, pero que se han justificado con facturas de créditos bancarios, sueldos, viajes, exposiciones y producciones teatrales ajenas a las obras del edificio. Las explicaciones que Martín, quien ha gestionado en total unos 27 millones de euros, ha ofrecido a las instituciones no convencen a nadie. Mientras, dos auditorías intentan arrojar luz sobre las cuentas.

Por un lado, la fundación debe pagar 7,7 millones en firme al ministerio, a Ferrovial y a La Caixa; el resto del dinero está pendiente de justificar a Cultura y a la Junta de Andalucía.

“Hasta que no tengamos la auditoría terminada y todos los datos no quiero aventurarme”, afirma Laura García Lorca.

“Interpretación de gastos”

Martín ha dicho que presentó “los gastos asociados a la construcción” por 1,7 millones al interventor y este dio su autorización. El secretario, cuyo salario incluía un porcentaje de las subvenciones logradas, asegura que el consejo rector del consorcio cifra el agujero en 4,4 millones. “Es una cuestión de interpretación de gastos. Nuestro compromiso ante la Junta fue la globalidad de todo”, justifica. Entre las facturas discordantes figuran los gastos por cancelación de obras como Comedia y sueño, producción teatral dirigida por Juan Carlos Corazza, representada en Madrid en 2013 dado que el centro granadino estaba cerrado.

El ministerio exige un total de 1,7 millones por facturas que ha rechazado. De ellos, 700.000 euros, más los intereses, ya son firmes y corresponden a ayudas nominativas de los años 2012 y 2013, ante lo cual solo caben dos opciones: pagar o interponer un recurso judicial. Las facturas presentadas por la fundación correspondientes a esos dos ejercicios no fueron consideradas válidas. El Gobierno abrió un expediente de reintegro a la fundación por vulnerar la ley de subvenciones y, tras escuchar sus alegaciones y reclamarle por tres veces facturas con gastos pertinentes, lo cerró hace un mes exigiendo el dinero.

Cultura reclama además a la fundación otra subvención por un millón de euros correspondiente a 2011. La reclamación, abierta a instancias de un informe de la Intervención Delegada del Estado, todavía se halla en periodo de alegaciones.

La constructora Ferrovial reclama tres millones por los impagos en la construcción de la nueva sede. El consorcio ha reconocido esa deuda y se ha comprometido a abonarla, según señala Teresa Lizaranzu, directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro. Por ello, no entiende que se haya retrasado la apertura del edificio. Los abogados del consorcio están buscando una vía para que el centro pueda inaugurarse cuanto antes, según Lizaranzu.

Trece años después

La Caixa aún debe cobrar un crédito de cuatro millones de euros que la fundación solicitó como adelanto a cuenta de la futura recepción de dinero del fondo europeo Feder y del que de momento no ha devuelto ni siquiera los intereses.

La situación con la Junta de Andalucía es la siguiente: se abrió un expediente de reintegro de cuatro millones que está pendiente de las alegaciones de la fundación. El Ejecutivo autónomo concedió la suma para levantar el edificio, pero en la justificación de gastos la consejería se ha topado con facturas por intereses bancarios que ascienden a un millón, la nómina de 4.500 euros netos mensuales del secretario y viajes de personal de la fundación a México y Estados Unidos. Además, han sido incluidos los presupuestos de exposiciones y producciones teatrales encargadas con vistas a la inauguración del centro, pospuesta una y otra vez a lo largo de los últimos cuatro años.

“Se acabaron los tiempos en que dábamos subvenciones sin seguir el destino. La Intervención de Hacienda es muy severa y si usted no inicia un expediente de reintegro un juez le puede imputar”, subraya la delegada de Cultura en Granada, Ana Gámez. Del total de esos cuatro millones aportados por la Junta, las discrepancias en la justificación afectan a 1,5 millones, según precisan fuentes del Gobierno andaluz.

Hace 13 años, Laura García Lorca ideó un centro cultural en el centro de Granada donde exponer la obra del escritor y rendirle homenaje. Su esfuerzo logró implicar a todas las Administraciones, que se comprometieron a financiar el centro. Hoy, después de múltiples retrasos, el inmueble ya está terminado, pendiente solo de la entrega de llaves por parte de Ferrovial, que se niega a ello por el citado impago de tres millones.

Las Administraciones (la Unión Europea, el Gobierno central, la Junta andaluza, la Diputación y el Ayuntamiento granadinos) cedieron las riendas del proyecto a la Fundación García Lorca mediante una encomienda de gestión y aportaron para levantar el edificio 23 millones de euros, que es el coste presupuestado de la obra. Hoy tras múltiples retrasos el edificio está terminado, pendiente solo de la entrega de llaves por parte de la constructora Ferrovial, que se niega a ello por el impago de tres millones.

A pesar de que la directora de la fundación ha estado centrada en la gestión artística y no en la económica, Laura García Lorca ha solicitado y firmado en las ayudas, por lo que la reclamación le afecta de lleno, aclaran fuentes del Ministerio. Todo apunta a que las supuestas irregularidades devendrán en una investigación judicial que aclarará el manejo de los fondos y determinará las responsabilidades contables o penales. El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, cuyo despacho dista apenas 500 metros del centro García Lorca, avanza que la policía judicial sopesa la elaboración de un informe preliminar sobre el caso.

“La fundación tenía una misión sencilla. Recogía un dinero y lo entregaba a la constructora para hacer la obra. En el camino se han distraído con mil gastos. Tenemos certezas, pero necesitamos papeles”, afirman fuentes del Consorcio.

Este galimatías contable no afecta sin embargo a los 4,8 millones aportados por Noruega, Liechtenstein e Islandia para la programación y el equipamiento del centro, que están a buen recaudo. Estos fondos han sido gestionados por el consorcio directamente, y la fundación no ha intervenido en su manejo. El gerente actual del consorcio y concejal de Cultura de Granada, Juan García Montero, recuerda que “hay que ser escrupuloso con la gestión del dinero público”, y confía en “que el legado llegue a Granada gracias a la coordinación ejemplar entre Administraciones”.

Casos de corrupción como los cursos de formación han creado en Andalucía un escenario nada propicio a la manga ancha. “Un expediente de reintegro es una cosa muy seria y estamos en tiempos diferentes a hace seis años, donde éramos todos bastante más laxos. El gerente no ha sido consciente de que las ayudas no están debidamente justificadas”, admite Gámez.