La Comisión cambia el sistema de las ayudas públicas al cine

La Comisión Europea da por zanjado el conflicto abierto con directores como Pedro Almodóvar, Wim Wenders, Ken Loach o los hermanos Dardenne. Los realizadores habían firmado una carta conjunta contra sistema de ayudas públicas al cine que las autoridades de Competencia debían aprobar hoy. Pero el comisario Joaquín Almunia, responsable de la reforma, no ve el problema por ninguna parte. "Aprecio a esos directores y a algunos los conozco personalmente. Para cuando llegó la carta ya habíamos resuelto lo que les preocupaba", ha asegurado.

Es cierto que, tras consultar con los afectados, Bruselas ha dado marcha atrás en ampliar el concepto de discriminación en la concesión de ayudas públicas, uno de los aspectos que más malestar había generado en industrias como la francesa. Pero el sistema impulsado por Almunia sigue adelante con uno de los principios en los que Bruselas estaba más interesado: poner coto al principio de territorialidad, por el que se obliga a que un determinado porcentaje del presupuesto de una película se gaste en el país donde se produce.

La Comisión Europea admite que un filme que reciba el máximo legal de ayuda pública (el equivalente a la mitad del presupuesto total) pueda obligar, como hacen ahora, que el 80% del presupuesto se gaste en el territorio del país que concede la ayuda. El equipo de Almunia reconoce que este tipo de condicionantes pueden ser necesarios para mantener un cierto nivel de la infraestructura necesario para la supervivencia de la industria cinematográfica. Pero con lo que no está de acuerdo es que estas limitaciones se impongan independientemente de cuánta ayuda pública reciba la producción. Con las reglas actuales, si un país concede un euro de dinero público, puede seguir obligando a que el 80% de todo el presupuesto se gaste en ese Estado. Y eso es lo que quiere evitar Bruselas.

La Comisión ya alertó de que esta normativa atentaba contra las reglas de competencia en 2001, y lo ha repetido desde entonces.

No hay ningún cambio en la norma que permite a los Estados subvencionar cualquier producción hasta el límite del 50% del presupuesto total. Pero esta frontera se eleva hasta el 60% en las coproducciones europeas. Estas normas no afectarán a los proyectos más arriesgados comercialmente, como por ejemplo cortometrajes, óperas primas, documentales o filmes de bajo presupuesto. ¿Quién decidirá si una determinada producción merece un trato diferencia por tener un futuro comercial complicado? Cada país que conceda las ayudas.