El final del ‘caso Odyssey’ complica el futuro de los ‘cazatesoros’

Odyssey tiene hasta el 27 de febrero para usar el último cartucho en el litigio que le enfrenta a España por los derechos del tesoro que encontró en mayo de 2007 frente a las costas de Portugal. Ese es la fecha límite para que la empresa estadounidense presente un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. “En este momento no hay un fallo definitivo y sería prematuro hacer comentarios”, señaló ayer un portavoz de la compañía.

A pesar de que el Tribunal Supremo aún no ha tomado cartas en el asunto, lo cierto es que, según los expertos consultados, los jueces del Supremo no suelen revisar casos en los que otros dos tribunales hayan coincidido en su resolución. “Es muy improbable”, explicó ayer el abogado de España, James Gould. “Odyssey podría solicitar una medida de emergencia que parase la entrega pero esta solo sería concedida si el supremo decidiera revisar el caso”.

Desde que el litigio empezó, hace ya cuatro años y medio, los jueces de Tampa, primero, y los de la Corte de Apelaciones de Georgia, después, han fallado una y otra vez a favor de España. Su argumento fue siempre que el tesoro encontrado por Odyssey pertenecía a un buque de guerra español, Nuestra Señora de las Mercedes, hundido el 5 de octubre de 1804 tras un ataque de la flota británica, y que, por tanto, todos los derechos sobre la carga y el pecio pertenecen al país que abanderaba el buque.

La última orden de la Corte de Apelaciones de Georgia de este martes es simplemente una frase en la que se niega a la compañía la solicitud de suspender una resolución previa que le obligaba a entregar a España el tesoro. Denegada la petición, y sin que el Tribunal Supremo se haya aún manifestado, el caso regresará en los próximos siete días a Tampa, cuyo juez Mark Pizzo falló en junio de 2009 a favor de España. A partir de ahí, Odyssey tendría 10 días para entregar la carga bajo la supervisión del magistrado.

En estos años, la pugna entre la compañía y el Gobierno español ha sido dura. Para empezar, cuando España comenzó el litigio ante el tribunal de Tampa, donde Odyssey había llevado la carga, ni siquiera tenía todavía pruebas contundentes de que el tesoro procedía de La Mercedes. Esas pruebas, cientos de documentos de los archivos históricos de la Armada fueron aportándose a medida que avanzaba el proceso. De allí salió la carta de Godoy enviada el 13 de septiembre de 1802 al ministro de Marina, Domingo de Grandallana, en la que sugiere que se envíen algunos buques de guerra a recoger “caudales y frutos preciosos para España”. Apenas dos meses después, el rey Carlos IV ordenó despachar “dos fragatas de guerra con el objeto de traer los caudales y efectos de la Real Hacienda que hubiese prontos en aquella América”. Una de las fragatas era Nuestra Señora de las Mercedes. “Tuvimos que demostrar que era una fragata del Estado en una misión oficial y no comercial, como ellos afirmaban”, explica el almirante Gonzalo Rodríguez González-Aller, director del Museo Naval. Odyssey defiende que la carga pertenece a los descendientes de los mercaderes que viajaban en el buque, pero esta tesis fue contrarrestada en el proceso judicial por la administración española al presentar los documentos históricos que avalaban que los familiares de las víctimas habían sido indemnizados tras el naufragio.

Uno de los hechos que han ayudado a decantar las decisiones judiciales hacia el lado español ha sido el apoyo del Gobierno de Estados Unidos. En septiembre de 2009, la Administración de Barack Obama presentó un escrito en Tampa con “la posición oficial de Estados Unidos en apoyo de los intereses de España”. La razón de ese apoyo está en el mismo escrito: “Estados Unidos debe apoyar los principios que protegen los barcos hundidos, no solamente para cumplir las leyes internacionales, sino para asegurar un trato recíproco de las demás naciones con nuestros buques”.

“Su apoyo fue importantísimo”, explica Mariano Aznar, miembro de la comisión científica del Plan Nacional para la Protección del patrimonio subacuático. “Este caso sienta un precedente que se suma a los casos del Juno y La Galga, barcos hundidos en 1802 y 1750. En aquella ocasión, los pecios se hallaban en aguas estadounidenses. Los tribunales dieron la razón a España en 2001. Ahora también le han dado la razón con un pecio que estaba en aguas internacionales. Con la decisión de ahora, este tipo de empresas saben que, cuando se trata de un barco de otro estado, los tribunales estadounidenses tendrán en cuenta preferentemente el derecho del estado de pabellón sobre sus buques de estado”.

Medio millón de monedas de plata y oro dan para muchos museos. De entrada, el tesoro de la Mercedes se repartirá previsiblemente entre el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqua), ubicado en Cartagena (Murcia), y el Museo Naval de la Armada, con sede en Madrid, según Gonzalo Rodríguez González-Aller. El almirante ha propuesto a Cultura que se donen pequeñas colecciones de monedas a museos de EE UU y también ve con buenos ojos la cesión de monedas a museos de América Latina.

El caso Odyssey, además, no solo se ha ganado en los tribunales. El almirante Gonzalo Rodríguez González-Aller cree que “ha movilizado conciencias” y ha obligado a tomar medidas para proteger el patrimonio histórico sumergido. “Conviene aprender la lección y pasar a la acción”, concluye.