La decisión de aplazar la ley contra la deforestación genera inquietud por el retroceso de la agenda verde en la UE

Cuando la Comisión Europea de Ursula von der Leyen echó a andar hace cinco años, el llamado Pacto Verde y las políticas para combatir la crisis climática eran una prioridad total. La UE se puso a la vanguardia de la agenda ambiental. Ahora, cuando un nuevo Ejecutivo comunitario se prepara para tomar su puesto, con nuevos comisarios y nuevas estructuras, aunque con la alemana Von der Leyen de nuevo como presidenta, las señales de que esos temas ya no son una prioridad total preocupan a ambientalistas, legisladores y especialistas. La propuesta esta semana de aplazar un año la ley pionera contra la deforestación mundial tras enormes presiones de dentro y fuera del club comunitario, sobre todo de los sectores conservadores, es una de esas señales.

La decisión de retrasar el reglamento contra deforestación, que busca cerrar el mercado europeo a productos como la madera, el café o el cacao que procedan de tierras deforestadas o contribuyan a deforestar la Amazonia y otros valiosos bosques, aún necesita el visto bueno de los Estados miembros y del Parlamento Europeo. Pero ya se da por hecha. La medida se une a otras que ponen en duda la credibilidad de la Unión Europea con sus compromisos climáticos, se lamenta una alta fuente comunitaria. Como la reducción de la protección del lobo, una medida que los defensores medioambientales advierten sienta un precedente hacia otras especies en peligro; la dilución de la ley de biodiversidad, que recibió la luz verde por los pelos; que se haya aparcado la ley de reducción de pesticidas; o la flexibilización de los requisitos ambientales de la PAC, tras las protestas del campo en varios países, que asustaron a la Unión en los meses anteriores a las elecciones europeas. Sin olvidar el cambio de lenguaje: la Comisión ya no habla de “transición verde” sino de “transición limpia”.

Von der Leyen, a quien en sus inicios al frente del Ejecutivo comunitario, cuando llegó como una desconocida, algunos vieron como una evangelista climática, ha insistido en que no habrá retroceso en las políticas ambientales. De hecho, ha nombrado como primera vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva —el segundo puesto con más poder del Ejecutivo comunitario— a la española Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, contrapeso socialista y una de las voces verdes más reconocidas de la política climática europea. Sin embargo, el foco principal de la nueva Comisión ha cambiado del Pacto Verde a la política de competitividad y a cómo lograr que la industria de la UE compita con Estados Unidos y China y no se quede atrás; eso sí, con una transición “limpia y justa”.

De ahí, la inquietud por la decisión de aplazar un año la ley contra la deforestación mundial, que fue, además, aprobada por una inmensa mayoría de los Estados miembros y la Eurocámara en 2023 y que debía entrar en vigor el próximo mes de diciembre. “Es un verdadero revés y una medida muy preocupante de Von der Leyen”, insiste Anaïs Berthie, de ClientEarth, una organización de abogados que pleitean en 60 países contra empresas y gobiernos para que rindan cuentas de sus compromisos medioambientales. “También demuestra que la presidenta no resiste la presión de una parte de la industria, de ciertos Estados miembros y de su propio partido político para dar marcha atrás en los compromisos asumidos”, critica la experta.

La Comisión asegura que el aplazamiento de la ley contra la deforestación es una solución “equilibrada” y muestra el compromiso con que la regulación funcione y que los 12 meses de margen servirán para garantizar su aplicación. Varios lobbies productores, así como países como Brasil, Nigeria, México o Indonesia, habían reclamado a la UE que retrasase y retocase la norma, que aseguraban que no tenía en cuenta las legislaciones nacionales y que, además, perjudicaba a los pequeños productores. A esas voces se unieron también las de EE UU, Australia y la de varios Estados miembros, como Alemania. Este verano, el canciller alemán, Olaf Scholz, que gobierna en coalición con los Verdes, pidió a Von der Leyen un aplazamiento.

La eurodiputada de los Socialistas y Demócratas (S&D) Kathleen van Brempt remarca que el retraso crea un entorno “desleal” para las empresas que se habían esforzado en cumplir. “El problema no es solo la señal que envía ese retraso, que es admitir que se han hecho las cosas mal y ahora hay que corregirlas, sino también que se abre un margen para retocarla, para diluirla”, advierte una fuente europea, involucrada en los temas verdes en las instituciones de la UE. “¿Habrá más retrocesos?”, se pregunta la fuente.

Equilibrio delicado

El nuevo Ejecutivo comunitario, que ahora debe recibir la aprobación del Parlamento Europeo tras varias audiencias de examen a sus comisarios, y que se espera que empiece el 1 de diciembre, tiene varias carteras ambientales. La de Ribera es la principal, pero también el vicepresidente para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Sejourné, tiene una parte. Y hay otras, como la de Clima o la de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular. Algunas fuentes europeas creen que dividir el trabajo diluye el efecto, pero otros aseguran que es una muestra de que la transición verde ocupa un puesto destacado en la nueva estructura. Esa es la opinión del eurodiputado liberal francés Pascal Canfin. “Demuestra que ahora estamos en la siguiente fase del Pacto Verde: el despliegue de una economía limpia”. Y asevera: “El Pacto Verde sigue vivo”.

Sin embargo, una de las variables clave sobre el recorrido de la agenda verde es que el paisaje y el ecosistema político europeo han cambiado. En el Parlamento Europeo hay una presencia mucho más amplia de la ultraderecha —donde algunos partidos hablan de la “locura del clima”— y de una derecha tradicional, la del Partido Popular Europeo (PPE), cada vez más escorada hacia ese extremo y que está tendiendo a aliarse con los ultras, que también ha puesto el foco en la agenda verde y asegura que se han hecho demasiadas cosas demasiado rápido y que el precio es demasiado caro. Eso, unido a una Comisión más conservadora y, sobre todo, a un Consejo Europeo con más presencia de gobiernos de derecha y de extrema derecha, proporcionan una perspectiva menos propicia para la ambición ambiental en los próximos cinco años.

Todo, en un caldo de cultivo con dos guerras, la de Rusia contra Ucrania y la de Israel en Gaza y Líbano, el aumento del coste de la vida y, a esa luz, el incremento también de los populismos que culpan de todo a la agenda verde o, incluso, a la Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo de la ONU. La Comisión Europea estima que se necesita una inversión adicional de 620.000 millones de euros anuales hasta 2030 (un 3,7% del PIB de la UE), para lograr los objetivos climáticos. Mientras, los daños provocados por inundaciones, sequías, incendios, olas de calor o enfermedades relacionadas con el calentamiento global provocarán, según el Ejecutivo comunitario, una caída de al menos el 7% del PIB de la UE hasta finales de siglo.

“Existe un gran riesgo de que veamos una reducción de las condiciones en todo lo relacionado con la transición verde”, insiste Pär Holmgren, meteorólogo y eurodiputado sueco de Los Verdes, la familia política que, aunque ha perdido peso esta legislatura, fue clave precisamente para la reelección de la conservadora alemana para un segundo mandato. “Ahora tenemos un Parlamento mucho, mucho más conservador, mucho más populista y nacionalista. Y sabemos que los grupos de extrema derecha ahora tienen mucho más poder que durante el último período de mandato, por lo general, intentan oponerse a todo lo que parezca limpio, sea limpio o cualquier cosa que venga de nosotros que sea verde”, añade.

Ninguno de los eurodiputados o especialistas consultados quiere aventurar qué otras leyes que, como la de deforestación ya se daban por garantizadas, pueden caer, aplazarse o diluirse. Pero ahora se juega otra gran pelea: aumentan las presiones para que se revise la norma que, a partir de 2035, prohibirá la venta de vehículos de combustión en la UE.