La Comisión Europea cede a las presiones y aplaza un año la ley pionera contra la deforestación mundial

La Comisión Europea ha cedido a las múltiples presiones, sobre todo de la derecha, pero no solo, y ha decidido proponer que se posponga un año la entrada en vigor de la pionera ley contra la deforestación mundial, según ha anunciado este miércoles. La decisión es otra señal más del retroceso de la agenda ambiental en la UE. Los Estados y el Parlamento Europeo —que deben ahora aprobar el aplazamiento— ratificaron por mayoría la normativa en 2023, pero el Partido Popular Europeo (PPE), la familia política de la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, se había movilizado para aparcar la medida —como otras muchas de la agenda verde—, que busca cerrar el mercado europeo a productos como la madera, el café o el cacao que procedan de tierras deforestadas ni contribuyan a deforestar la Amazonía y otros valiosos bosques.

También los lobbies productores y los principales países afectados por el reglamento, como Brasil, se habían pronunciado contra el reglamento y lo han criticado por “punitivo” y por no ser claro. El canciller alemán, Olaf Scholz, socialdemócrata que gobierna en coalición con Los Verdes y que había votado a favor de la norma en su momento, pidió en verano a Von der Leyen retrasar la regulación. Desde las protestas del campo en varios países europeos, una veintena de ministros de Agricultura pedía una revisión del reglamento; algo a lo que se sumó Estados Unidos y Australia.

“La Comisión reconoce que, tres meses antes de la fecha de aplicación prevista, varios socios mundiales han expresado reiteradamente su preocupación por su estado de preparación, la última vez durante la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York”, ha dicho el Ejecutivo comunitario en un comunicado. “Además, el estado de los preparativos entre las partes interesadas en Europa también es desigual. Si bien muchas esperan estar listas a tiempo, gracias a los intensos preparativos, otras han expresado su preocupación”, ha añadido en una comunicación en la que vende el aplazamiento como una iniciativa e apoyo a la normativa.

El retraso 12 meses de la pionera ley es un triunfo de los sectores que buscan aparcar la agenda verde europea, con leyes como la de biodiversidad. Claman que las medidas ambientales van demasiado rápido y tienen un gran impacto en la industria y la ciudadanía.

Cerca del 10% de la deforestación mundial se atribuye al consumo en la Unión Europea. El nuevo reglamento (EUDR), cuando entre en vigor, cerrará el espacio europeo a importaciones como el aceite de palma, el ganado, la madera, la soja y derivados —desde productos de cuero a cosméticos o chocolate— que contribuyan a la deforestación o degradación de los bosques.

El texto legal, que ahora las voces críticas piden revisar, indica que, para acceder al mercado europeo, los productores deberán tener una declaración de “diligencia debida” que certifique que el producto no procede de tierras deforestadas, ni ha provocado degradación forestal, tampoco de bosques primarios irremplazables, después del 31 de diciembre de 2020.

A principios de septiembre, 15 países, entre ellos Brasil, México, Colombia, Nigeria o Indonesia, reclamaron a la UE que revise la regulación. En una carta dirigida a la cúpula de las instituciones comunitarias, acusaron a la Unión de ser “inflexible” y de no tener en cuenta las circunstancias ni legislaciones nacionales; tampoco los mecanismos de certificación de los países productores. Además, sostienen que perjudica a los pequeños agricultores.