Los científicos redoblan la presión para no tener que pagar hasta 17.000 euros para poder jubilarse

La comunidad científica española ha redoblado la presión sobre el Ministerio de Seguridad Social, para que rectifique su decisión de obligar a pagar unos 290 euros por mes a los investigadores que deseen recuperar, como años cotizados, los periodos trabajados con becas precarias en el pasado. La física Perla Wahnón, presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), se ha reunido esta tarde con la ministra Elma Saiz en una primera toma de contacto. Según el Ministerio, “la ministra ha trasladado su compromiso personal de revisar la orden”.

La medida, anunciada el 30 de abril, implica que los investigadores tendrían que pagar hasta 17.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social para recuperar un máximo de cinco años y poder jubilarse antes de los 70. Cientos de afectados, agrupados en la plataforma Antiguos Becarios de Investigación y Docencia (ABID), consideran su situación “una injusticia histórica”. Denuncian que trabajaron, sobre todo antes de 2011, empalmando becas predoctorales y posdoctorales, sin que las entidades, principalmente del sector público, cotizasen por ellos a la Seguridad Social.

La COSCE, que representa a 88 sociedades científicas y unos 40.000 investigadores, ha celebrado en un comunicado la disposición del Ministerio a introducir mejoras. “Es necesario encontrar una solución específica para reconocer todo el tiempo trabajado como becarios/as de investigación, ya que es una situación diferente de las prácticas formativas”, ha recalcado la organización. “Es una cuestión de justicia social que se atiendan nuestras reivindicaciones”.

Numerosos científicos llevan dos semanas publicando sus quejas en las redes sociales, como el microbiólogo Ignacio López Goñi, catedrático de la Universidad de Navarra. “Así se hacía la ciencia en España: no éramos alumnos becarios en prácticas, era un trabajo encubierto sin contrato y sin cotizar a la Seguridad Social”, lamentó este lunes. La Ley de la Ciencia de 2011, aprobada durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cambió por fin las becas de investigación por contratos con cotización.

La plataforma de afectados ha convocado una concentración para el próximo sábado a mediodía, en la puerta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en Madrid. Los investigadores exigen “un convenio especial justo” que sustituya las condiciones anunciadas, que consideran un “timo”. El endocrinólogo Justo Castaño, catedrático de la Universidad de Córdoba, es otro de los afectados. “Fui investigador predoctoral entre 1989 y 1993. A este trabajo se le llamaba ser becario, sin casi derechos, sin cotización. Piden que paguemos lo que no pagó el Estado: ¡Es injusto!”, ha criticado en la red social X.

El Ministerio se ha abierto a introducir modificaciones y ha llevado el asunto a la mesa de diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales, según comunicó el lunes el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez. “Lo que vamos a hacer es escuchar a todo el mundo y, si es necesario, adoptar medidas adicionales”, declaró. Los afectados exigen eliminar el “límite arbitrario” de cinco años, una rebaja económica —el nuevo convenio utiliza la base mínima de cotización para la jubilación del régimen de 2024, en vez de usar la vigente en el año de la beca— y no tener que pagar de su bolsillo la cuota patronal que habría correspondido a las entidades que se beneficiaron de su trabajo sin cotizar por ellos.

La Federación de Jóvenes Investigadores Precarios fue clave en la lucha para convertir las becas en contratos. “Durante años el personal investigador en las universidades públicas y centros adscritos estuvo realizando labores docentes y de investigación sin cotizar, con todas las consecuencias y precariedad que ello implica. Entre ellas, tener cero días trabajados de cara a distintas prestaciones sociales, como es la jubilación”, ha señalado este martes en un comunicado. “Es inadmisible el precio exorbitado que se ha estipulado (290 euros al mes) y, sobre todo, que sean los propios trabajadores y trabajadoras, en lugar de las organizaciones e instituciones financiadoras, quienes se hagan cargo de estos costes. Estamos hablando de 17.000 euros para poder acceder a este derecho, garantizado en la actualidad”, ha denunciado la federación.

La bióloga Marisol Soengas, presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), explica que representantes de otras 10 entidades se reunirán el viernes con el secretario de Estado Borja Suárez, un día antes de la concentración convocada en la puerta del Ministerio. ASEICA y otras tres organizaciones —la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios, la Sociedad Española de Neurociencia y la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular— exigieron el 6 de mayo la rectificación de la orden ministerial, que a su juicio “ha desatado la ira entre la comunidad científica”. Otras cinco entidades se han sumado desde entonces a su protesta: la Real Sociedad Española de Física, la Sociedad Española de Genética, la Asociación Española de Astronomía, el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos y la Sociedad Española de Microbiología.

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