La Seguridad Social lleva al diálogo social las protestas de los científicos en la compra de su cotización

El Ministerio de Seguridad Social se ha dado por aludido con las protestas de los científicos, molestos por una orden aprobada en mayo por el departamento que dirige Elma Saiz. Esta permite a los becarios comprar sus periodos de prácticas no remunerados —por unos 290 euros por mes— e incorporarlos a su carrera de cotización para que computen en el cálculo de su pensión. En respuesta a ese malestar, el Gobierno ha traslado el asunto al diálogo social un día antes de reunirse con la Confederación de Sociedades Científicas de España.

Así lo ha reconocido este lunes el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, tras el encuentro mantenido con los agentes sociales en la sede del Ministerio, en Madrid. “Esta medida tiene su origen en el diálogo social, y a partir de las manifestaciones que los propios sindicatos y la patronal han hecho, además de otros actores, nos ha parecido oportuno abordar este asunto”, ha indicado Suárez. El número dos del Ministerio, sin embargo, ha negado que su departamento haya presentado una propuesta alternativa a la existente que pudiera satisfacer al colectivo de científicos. Algo que han corroborado posteriormente los representantes sindicales.

“Con la actitud de escucha que practicamos siempre hemos atendido las aportaciones que han hecho unos y otros, y vamos a valorarlas todas ellas. En los próximos días tenemos reuniones con colectivos afectados por esta medida, y lo que vamos a hacer es escuchar a todo el mundo y si es necesario adoptar medidas adicionales”, ha abundado Suárez, en referencia al encuentro que su departamento mantendrá este martes con la Confederación de Sociedades Científicas de España. El traslado al diálogo social de este lunes, aunque haya sido a nivel muy preliminar, puede entenderse como un movimiento para tratar de apaciguar el malestar de los afectados.

El colectivo de investigadores científicos es contrario a la norma aprobada el 1 de mayo por la Seguridad Social que establece un máximo de cinco años recuperables —vehiculados a través de un convenio especial—, por considerar que no tiene en cuenta las particularidades del gremio —donde es habitual acumular grandes periodos de tiempo trabajado en prácticas, especialmente para organismos públicos—, y porque el nuevo convenio toma en cuenta la base mínima de cotización para la jubilación del régimen de 2024, en lugar de la vigente en el año en que realizaron la beca. Una particularidad que encarece la cuantía a abonar para llevar a cabo la compensación.

“Saludamos la buena predisposición del Gobierno de renegociar esta orden ministerial”, ha valorado Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. Y entre los elementos a readaptar, ha señalado “el periodo de reconocimiento” y “las cuantías que se tendrían que pagar en este convenio especial”. “No hemos entrado en materia de contenidos, pero hay referencias muy claras. La referencia es el acuerdo de 2011, en el que las condiciones eran bien distintas a las de ahora”, se ha sumado Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO.

El Real Decreto 1493/2011 reguló la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que llevaban a cabo programas de formación remunerados (no así a aquellos que no percibían ningún salario) durante el tiempo en el que se hubieran desempeñado bajo esta modalidad. Además, a diferencia de lo que ocurre con la actual orden, la base mínima de cotización establecida era aquella que estuviera vigente en el período en el que estas se produjeron. Los sindicatos quieren recuperar esta particularidad, y extender el periodo máximo recuperable de cinco a siete años.

“Hemos trasladado la necesaria corrección de la orden ministerial, y que en nuestra opinión vulnera los acuerdos alcanzados en el ámbito social en relación con la posibilidad de recuperar periodos cotizados de antiguos becarios de investigación y que hace materialmente imposible para mucha gente, especialmente para aquella que no ha tenido un desenvolvimiento en la carrera profesional que le haga tener hoy un salario más o menos elevado”, ha incidido Bravo. La plataforma Antiguos Becarios de Investigación y Docencia (ABID) calculó que cada año de cotización rescatado supondría abonar 3.456 euros.

Reforma potente

Situar la modificación de esta orden ministerial en el centro del diálogo social es solo el primer paso, y el tiempo no juega a favor de la negociación. La aprobación de este marco se produjo el 1 de mayo, y será el próximo 1 de junio cuando entre en vigor. De ahí que haya un reducido plazo de dos semanas para definir una nueva fórmula que satisfaga a todas las partes. Fuentes de la negociación reconocen que la solución pasa por reducir la cuantía a abonar por cada mes de prácticas, y aumentar el cómputo de meses que pueden canjearse. Las peticiones de los sindicatos no son mal vistas por las patronales—sobre las que no recae ningún sobrecargo por esta circunstancia—, y solo es cuestión de limar los detalles del nuevo marco con el Ministerio.

Toda esta revisión legal y laboral del periodo de prácticas y su cómputo de cara la jubilación se entronca con el hecho de que desde el 1 de enero de este año las prácticas no remuneradas cuentan para el cálculo de la pensión. Esta mejora para los estudiantes en prácticas se comprometió en la primera parte de la reforma de pensiones, con José Luis Escrivá al frente de la Seguridad Social y con el apoyo tanto de los sindicatos como de la patronal. “Desde ese día hasta hoy ya están cotizando 650.000 personas”, ha anunciado Bravo, quien ha celebrado la “potencia” de una reforma “que está claramente orientada a los jóvenes”.

A pesar de que no se ha fijado fecha para una próxima reunión —habitualmente han venido celebrándose cada dos semanas—, los sindicatos confían en recibir lo antes posible una propuesta concreta sobre la que debatir. Con este cambio de guion, el resto de materias a tratar en esta mesa —como la definición de coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación en ocupaciones, categorías o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre; o los mecanismos de acceso a la jubilación parcial— se mantienen ahora en un segundo plano, a pesar de que la voluntad de los agentes sociales es llegar a un acuerdo común que englobe a todos los apartados.

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