La Seguridad Social permitirá sumar hasta cinco años de prácticas como becario para el cómputo de la jubilación

Desde el 1 de enero de 2024, las prácticas no remuneradas cuentan en la carrera de cotización. Esos periodos, tan a menudo un foco de precariedad y que a veces se cronifican durante años, ahora computan como tiempo trabajado de cara a la futura jubilación. Una vez en marcha este nuevo derecho para los becarios presentes (569.826 desde enero), el Ejecutivo ha regulado el acceso a él para los becarios pasados, una normativa que en breve entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Ministerio de Seguridad Social aprobó este lunes el reglamento que articulará la posibilidad de que quienes han sido becarios no remunerados en cualquier momento de su vida puedan sumar esos periodos a su carrera de cotización, así como las prácticas remuneradas previas a 2011, según confirman a EL PAÍS fuentes de ese departamento. La orden permitirá incorporar hasta un máximo de cinco años abonando un pago a la Tesorería General de la Seguridad Social, a razón de unos 290 euros por mes (según las estimaciones de este periódico). “Ampliamos los derechos de los más jóvenes, de personas que se están incorporando ahora al mercado laboral, pero también reparamos los desequilibrios y abrimos la ventana a aquellos que no tuvieron esa opción en el pasado”, afirma la ministra Elma Saiz en una valoración remitida por el ministerio.

Entre los beneficiarios de este derecho están los alumnos universitarios que hayan cursado prácticas formativas en títulos oficiales o propios de los centros universitarios, así como en masters de formación permanente o diplomas de expertos. También se podrán beneficiar los alumnos de Formación Profesional, salvo cuando sus prácticas se prestasen en régimen de formación profesional intensiva, y los de enseñanzas artísticas superiores, profesionales y deportivas del sistema educativo. La orden también habilita esta posibilidad para los doctorandos que hubieran participado en ellos antes de febrero del 2006 (después entró en vigor el Estatuto del Personal Investigador en Formación, lo que ya fija la cotización por estos periodos).

Como los becarios no remunerados cotizan desde este año, las prácticas de este tipo que se podrán incorporar al periodo de cotización son aquellas desarrolladas antes del 1 de enero de 2024. Y no hay límite: las de hace décadas también se pueden sumar. Por su parte, los periodos formativos remunerados que se podrán incorporar son aquellos realizados antes del 1 de noviembre de 2011. En octubre de aquel año se aprobó la cotización de las prácticas remuneradas y se habilitó un instrumento que contemplaba la incorporación de periodos previos, como el que se lanza ahora. Esa ventana se vuelve a abrir para esos estudiantes.

“Ahora es labor de todos y todas mentalizar a los jóvenes de que formar parte de este sistema y generar futuros derechos con un inicio más temprano de su carrera de cotización solo tiene ventajas. El sistema les necesita tanto como ellos le necesitan a él”, añade la ministra de Seguridad Social.

Plazo hasta 2026

La orden establece que se puede incorporar un máximo de cinco años de prácticas, vehiculados a través de un convenio especial. Este tipo de acuerdos son habituales y la Seguridad Social ya los contempla para diferentes casuísticas. La Tesorería General de la Seguridad Social calculará el importe de la cotización a ingresar en cada caso, cuantía que se podrá abonar en un pago único o fraccionado en varias mensualidades. Podrán ser tantas como aquellas para las que se formalice el convenio. Es decir, si se quiere incorporar un periodo de prácticas de cinco meses, se puede pagar en un máximo de cinco mensualidades. Por un periodo de esas características el pago rondaría los 1.500 euros.

Para acceder a estos periodos de cotización hay varios requisitos. El principal es la acreditación de la realización de las prácticas mediante un certificado que expida la universidad o centro educativo, en el que se deberá especificar si fueron remuneradas o no y su duración en días. Este certificado podrá ser elaborado por la empresa en el caso de las prácticas remuneradas.

Además se establece un plazo máximo de dos años para formalizar el convenio. 24 meses después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado se cerrará esta ventana, así que, como tarde, habría que realizar este trámite entre finales de abril o principios de mayo de 2026. Cabe destacar que, a diferencia de la cotización habitual, esta se centra en la cobertura a las prestaciones de jubilación; no aporta en el cómputo para los periodos de desempleo.

Acuerdo del diálogo social

La cotización de los estudiantes en prácticas se comprometió en 2021 con la primera parte de la reforma de pensiones, con el apoyo tanto de los sindicatos como de la patronal. Los becarios que perciben una compensación económica cotizan desde 2011 (una medida aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero), pero no lo hacían aquellos cuyas prácticas no estaban retribuidas.

Esta cotización apenas supone costes para las empresas, ya que está bonificada al 95%. Es decir, la Seguridad Social cubre la mayor parte del coste. Para las prácticas de Formación Profesional, el Ministerio de Educación asume el 5% restante. En las universitarias, en principio, sí debe pagar la empresa pública o privada (unos 10 euros al mes) que recibe al estudiante, pero este extremo no se está cumpliendo. Los datos proporcionados por varias universidades públicas a petición de EL PAÍS respecto a enero, el primer mes de aplicación de este nuevo derecho, indican que normalmente son ellas las que están asumiendo este pago. Lo que se establecía como una salvedad (que la universidad pague el 5% no bonificado en vez de la empresa), es lo habitual. Esto no varía la aplicación del derecho, solo su financiación.

Cabe destacar que el coste para las universidades no es muy alto, dada esa altísima bonificación. Por ejemplo, la Pompeu Fabra afirma que prevé que las cotización de las prácticas no remuneradas le cueste unos 22.000 euros a lo largo de 2024, la Universidad de La Rioja estima unos 30.000 y la Pública de Navarra, unos 60.000. “Ese coste está ahí y en principio no debíamos asumirlo las universidades, pero no es tan importante como la carga de trabajo administrativa que implica esta medida. Ese es el principal problema”, decía recientemente a este periódico María Antonia Peña, presidenta del área de Asuntos Estudiantiles de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rectora de la Universidad de Huelva.

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