La negociación sobre pensiones sigue aletargada pese a la creación de “mesas técnicas”

La mesa de diálogo social entre el Gobierno y las organizaciones más representativas de trabajadores y empresarios sobre Seguridad Social y pensiones se dirime ya en un marco mucho más técnico, y en el que, sin embargo, se alojan las mayores diferencias, lo que impide vislumbrar un acuerdo próximo, según han anunciado los sindicatos tras la finalización del encuentro que han mantenido este lunes.

En este punto de la negociación, la única modificación acordada por las partes sigue siendo la recuperación de los coeficientes multiplicadores del periodo trabajado por los fijos discontinuos —lo que aumenta su periodo cotizado—, que se retiró en la última reforma aprobada el año pasado. La definición de coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación en ocupaciones, categorías o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre también sigue atascada; de la misma forma que los mecanismos de acceso a la jubilación parcial, aún sin definir.

“No hemos llegado a acuerdos todavía, pero en las distintas materias se han ido mejorando textos”, ha reconocido Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT. “Estamos llegando a las cuestiones mollares, para las que acordamos que estableceríamos mesas técnicas para diseccionar cuestiones muy específicas. Hemos perfilado y cambiado textos, entrado más en detalle en algunos de ellos, pero hay algunas cuestiones que nos separan mucho”, ha ampliado. Desde el Ministerio de Seguridad Social han recalcado el “espíritu constructivo” del encuentro, y que “ha permitido acercar posiciones para avanzar en la negociación”. Todas las partes se han emplazado a una nueva reunión dentro de tres semanas.

“Queda mucho camino por recorrer”, se ha sumado Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO, quien ha señalado que en la primera parte de la reunión se ha analizado el contenido del informe sobre el impacto del envejecimiento de la Comisión Europea, conocido como Ageing Report, que calculaba que España tendrá que abordar un ajuste del 0,8% del PIB anual en las pensiones entre 2026 y 2030. “La reforma [de pensiones] está dando un resultado excelente. Sabemos que de aquí al 2050 hay que seguir haciendo revisiones y evaluaciones, pero creemos que no es necesario adoptar medidas a corto plazo”, ha reflexionado.

Diferencias notables

En el último encuentro, celebrado hace dos semanas, el Gobierno trasladó por primera vez su propuesta para reformar el acceso a la jubilación parcial, una de las patas troncales de esta negociación. Sin embargo, su planteamiento se encuentra en las antípodas del que reclaman los sindicatos. “Lo que nosotros queremos es extender la fórmula que rige en el sector manufacturero al resto de los sectores. Y el planteamiento que hace el Gobierno hace que se rebajen derechos en todas las modalidades de jubilación anticipada”, ha indicado Estévez, de UGT. “Hay que mejorar la calidad del empleo de los trabajadores relevistas, y por ello, lo más importante es que el empleo al que accedan sea indefinido, a tiempo completo y en un puesto no amortizable”, ha reclamado Bravo, de CC OO. Los sindicatos reclaman que la jubilación parcial se pueda anticipar cuatro años y que se despliegue en todos los sectores —ahora solo es viable en el manufacturero, con especial implantación en el automovilístico—.

A pesar de que en encuentros anteriores el Gobierno había planteado distintas fórmulas para definir qué ocupaciones, categorías o actividades profesionales copaban trabajos de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre —tomando en cuenta el número de bajas o la alta mortalidad—, la determinación de estos indicadores sigue sin salir adelante.

“Se ha mejorado mucho el texto sobre los coeficientes reductores, pero nos sigue faltando concreción en materia de penosidad. Como está planteado el nuevo reglamento quedarían fuera profesiones muy feminizadas, como son las camareras de piso, o aquellas que trabajan en ayuda a la dependencia, por lo que no podemos asumir un reglamento asumiendo que la gran parte de la población queda fuera”, ha incidido Estévez. “Tenemos diferencias relevantes en este punto, puesto que hay muchos colectivos en los que medir cuántos accidentes o incapacidades temporales se producen no es eficaz y, además, tiene impacto de género”, ha complementado Bravo.

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