El Gobierno presenta con 10 meses de retraso su propuesta para compaginar trabajo y pensión y los sindicatos la rechazan

El Gobierno se comprometió a presentar antes del 30 de junio del año pasado ante el Pacto de Toledo su propuesta para reformular la jubilación parcial, un modelo que permite compatibilizar el cobro del salario con parte de la pensión. Sin embargo, todavía hoy este punto está siendo sometido a debate con los agentes sociales, y no ha sido precisamente hasta este lunes, casi 10 meses después, cuando se ha puesto por primera vez sobre la mesa tras las reiteradas demandas de los sindicatos.

A pesar de los muchos meses de espera, el punto de partida de la negociación no ha sido del agrado de las centrales ni de los empresarios, puesto que el Ejecutivo ha dibujado un plan en el que desaparecería el actual sistema que se da en el sector manufacturero —y que ofrece mayores ventajas para los interesados—, entre otras razones, por el elevado coste que supone para las arcas públicas. Mientras que los representantes de los trabajadores consideran que esta propuesta “recorta derechos”, los empresarios tampoco la ven con buenos ojos, puesto que de retirar ese apoyo público, el sobrecoste recaería sobre ellos. Desde el departamento que dirige la ministra Elma Saiz —quien comparecerá esta tarde ante la comisión del Pacto de Toledo— han tratado de rebajar el tono al asegurar que la propuesta es un mero borrador y que será sometido a la negociación. El próximo encuentro entre las partes se producirá dentro de dos semanas, el próximo día 22.

“El ministerio nos ha dado una propuesta que está muy lejos de nuestras expectativas”, ha indicado Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT. “Creemos que recorta derechos. No solo para la industria manufacturera sino también para otros sectores. Vamos a elaborar un contra documento, pero ya hemos manifestado que es una pérdida de oportunidad para el rejuvenecimiento de las plantillas y para una salida flexible y pausada del mercado de trabajo”, ha añadido. “El Gobierno ha traído un planteamiento general que dista mucho de estar en términos de poder alcanzar un acuerdo. Ni recupera la regulación del 2011, ni parte de ella para una adaptación distinta, tiene algunos elementos interesantes y otros que directamente disminuyen los derechos de acceso a esa regulación y genera elementos de penalización que no compartimos”, ha señalado, por su parte, Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO.

La jubilación parcial —que también contemplan países como Alemania, Francia y el Reino Unido, y a la que en España acceden entre un 9% y un 10% del total de los jubilados— fue uno de los pocos elementos que no se modificó en la reciente reforma de las pensiones por falta de acuerdo de los agentes sociales, y que se decidió orillar con vistas a una revisión posterior. De ahí que el Gobierno comprometiese a presentar antes del 30 de junio ante el Pacto de Toledo una nueva propuesta de regulación negociada previamente con sindicatos y patronales. Sin embargo, la convocatoria de elecciones generales anuló esta previsión, que no había vuelto a ser abordada hasta hoy.

El choque principal entre sindicatos y Gobierno está en la recuperación del modelo que operaba en 2011 y que reclaman los primeros, por ser el que ofrece mejores condiciones a aquellos trabajadores interesados —les permite acceder a este modelo hasta cuatro años antes de alcanzar su edad ordinaria de jubilación y da pie a que se firme un contrato de relevo para dar entrada a un nuevo trabajador que cubra las horas que quedan descubiertas—, pero que, al mismo tiempo, resultaba muy costoso para el Estado, puesto que era el encargado de abonar la parte de la cotización del trabajador que este dejaba de aportar al reducir su jornada. En 2013, el Partido Popular aprobó una reducción progresiva del margen de acceso hasta los dos años, que desde entonces sigue vigente en todos los sectores, salvo en el manufacturero, y dentro de él, particularmente en el del automóvil.

El Ministerio de Seguridad Social ha defendido su postura asegurando que “con el nuevo marco regulador de la compatibilidad de trabajo y pensión” se busca “favorecer una salida progresiva del mercado de trabajo que permita incrementar el número de ocupados y la prolongación de las carreras profesionales”; “evitar la salida prematura del mercado laboral”, “preservar el equilibrio financiero del sistema”, “reforzar la calidad del empleo de relevista y jubilado parcial”; “corregir el sesgo de género”, y ”extender el régimen de compatibilidad de la pensión con el trabajo a partir de la edad ordinaria de jubilación”. Sin embargo, las posturas están muy alejadas en estos momentos, y se espera que las conversaciones “vayan para largo”, según una fuente conocedora de la negociación.

Escasos avances

Además de presentar este borrador, otro de los aspectos principales de la reunión de este lunes ha sido la aceptación por parte del Gobierno de la recuperación del coeficiente multiplicador de 1,5 del tiempo cotizado para los trabajos fijos discontinuos con carácter periódico —muy habitual en la hostelería o el campo— y que había desaparecido con la reforma de las pensiones. Cuando la última modificación normativa estableció que un día de trabajo parcial equivaldría a un día entero cotizado —como sucede con los trabajadores a jornada completa—, los fijos discontinuos resultaron indirectamente perjudicados por esta equiparación, puesto que a ellos, por la eventualidad de sus trabajos, les ofrecía un mejor resultado la aplicación del coeficiente multiplicado de 1,5. Esta corrección, reclamada por los sindicatos, ha sido admitida por el Ejecutivo, tal y como ha transcendido tras la reunión de este lunes.

De la misma forma, la participación activa de las mutuas en la gestión de la recuperación de los trabajadores de baja por problemas traumatológicos derivados de enfermedades comunes y accidentes no laborales —otra de las patas centrales de la futura reforma del sistema— también ha sido abordada, aunque se han producido “muy escasos avances” tanto en esta materia, como en la definición de los coeficientes reductores de la edad de jubilación con razón de actividad.

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