La Fiscalía se querellará contra Torra por desobedecer a la Junta Electoral

Quim Torra se asoma a un proceso penal. La Fiscalía General del Estado ha dado instrucciones para que "se proceda a ejercitar acciones penales" y se interponga "la correspondiente querella" contra el presidente de la Generalitat por desobedecer a la Junta Electoral Central. Aunque el breve escrito de la Fiscalía no lo menciona, fuentes judiciales dan por hecho que la querella se presentará por un delito de desobediencia, que no implica penas de prisión pero sí de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La Fiscalía Superior de Cataluña, dirigida por Francisco Bañeres, deberá encargarse de la querella "una vez tenga conocimiento de todas las actuaciones". La nota de la Fiscalía ha sido remitida poco antes de las dos de la tarde de este viernes. Se da la circunstancia de que a mediodía, antes de que cumpliera el plazo para que los Mossos retiraran los símbolos —fijado a las 15.00— el presidente catalán ha pedido que retiren la pancarta de la Generalitat. La Junta Electoral Central (JEC) trasladó ayer al ministerio público la negativa de Torra a retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos.

Mientras medio Govern de Carles Puigdemont afronta penas de cárcel muy severas en el Tribunal Supremo, Torra encarará su propio proceso penal. Las consecuencias pueden ser menos devastadoras para él —la desobediencia no se castiga con penas de prisión— pero enormes en el plano político: la causa puede llevar, en caso de condena, a apartarle del cargo.

La Fiscalía considera que hay indicios de que Torra pudo cometer un delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal. Ese delito castiga a las "autoridades o funcionarios públicos" que se nieguen "abiertamente" a dar "el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia". Además de una multa, la desobediencia implica la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un tiempo que va de los seis meses a los dos años. Otro antecesor suyo, Artur Mas, fue condenado por ese delito al organizar la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 pese a que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.

El ministerio público tenía ya abiertas unas diligencias a raíz de la denuncia presentada por Ciudadanos contra Torra después de que este incumpliera el primer requerimiento de la JEC, del 11 de marzo. El organismo remitió al president un segundo requerimiento, que tampoco fue atendido, el 18 de marzo. La Fiscalía, sin embargo, no había avanzado en la investigación a la espera de que la Junta Electoral Central diera un paso adelante.

La JEC ordenó la retirada de símbolos independentistas —como los lazos amarillos a favor de los políticos presos— de los edificios públicos, como el Palau de la Generalitat. El organismo considera que esa simbología rompe la neutralidad institucional en tiempo electoral. Torra, sin embargo, decidió mantenerlos pero aseguró que seguiría las recomendaciones del síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó. Éste aconsejó la retirada de esos símbolos. Pero Torra tampoco hizo caso y ordenó que los lazos amarillos fueran sustituidos por otros lazos blancos, aunque con los mismos mensajes de apoyo a los líderes independentistas procesados. Este viernes a mediodía, ha terminado dando la instrucción para que retiren la pancarta. Los consejeros de ERC se han adelantado y han quitado los símbolos antes que el presidente catalán.