Torra lleva al límite su pulso al Estado por los lazos amarillos

Aunque el presidente catalán apuró los plazos, la Junta Electoral estaba preparada para responder de inmediato. A las 14.30 horas de este martes, la JEC recibió un nuevo escrito de Torra con la petición de más aclaraciones que el órgano electoral contestó y rechazó en apenas 50 minutos. “No ha lugar a suspender el plazo concedido, que deberá observarse con toda exactitud”, advirtió la JEC. Ese plazo era de 24 horas, una vez vencido el anterior, de 48. Torra fue instado a retirar esos símbolos al considerar la Junta que no representan a todos los catalanes, sino que tienen un sesgo ideológico y por tanto no pueden exhibirse en edificios públicos durante el periodo electoral. Únicamente los partidos pueden hacer uso de ellos si lo desean en sus actos electorales o en sus sedes. La Junta tomó la decisión tras una denuncia presentada por Ciudadanos.

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Una vez vencidos los plazos, la JEC se reunirá en breve para dar una respuesta al desafío del líder independentista. Todavía hay una posibilidad, aunque fuera de plazo, de que esos símbolos se retiren en caso de que esta misma mañana el Síndic de Greuges presente el informe que le pidió Torra con la promesa de que lo considerará vinculante. Si la recomendación insta a retirar lazos y banderas, y el president la cumple antes de que se reúna la JEC, es probable que el procedimiento sancionador se paralice. Pero si eso no ocurre, el jefe del Ejecutivo catalán se enfrentará a un problema muy serio ya que la Junta considera grave su negativa a acatar los requerimientos, según se desprende de las deliberaciones que mantuvo este órgano el pasado lunes. Los magistrados y juristas que componen la Junta consideraron que el comportamiento de Torra encaja en un delito de desobediencia, explicaron fuentes próximas al máximo órgano de la justicia electoral. El ambiente general fue de “determinación” para hacer cumplir la ley, señalan estos interlocutores.

El delito de desobediencia se recoge en el artículo 410 del Código Penal y lleva aparejada la inhabilitación para cargo público entre seis meses y dos años y multa de entre 300 y 3.500 euros. Aun así, el president puede presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, que debería decidir si suspende la orden de la JEC o mantiene la obligación de retirar los símbolos. La Junta encargó a la Delegación del Gobierno en Cataluña que verificase si se había cumplido su orden. A primera hora de la tarde, el órgano de la justicia electoral recibió una relación, acompañada de fotografías, de edificios del Govern en los que continuaban colgados lazos amarillos y banderas independentistas. Entre ellos, el Palau de la Generalitat y las sedes de las consejerías.

La posición de Torra de llevar hasta el límite su desafío le sitúa ante una decisión que puede comprometer su propio cargo. Instalado en una presidencia simbólica, con un Gobierno sin presupuestos y que apenas ha legislado, es la primera vez que el president se enfrenta a la posibilidad de desobedecer, en este caso por la cuestión emblemática de los lazos amarillos que reivindican la libertad de los líderes independentistas juzgados por el Tribunal Supremo. La desobediencia continuada del president debilitaría el discurso del Gobierno de Pedro Sánchez, que defiende, frente a la presión de PP y Ciudadanos, que no hay razones para aplicar el artículo 155 ya que hasta ahora el actual Ejecutivo catalán se ha ceñido a la legalidad.

Torra comunicó a su Gobierno, a primera hora de la mañana, su decisión de no retirar la pancarta con un lazo amarillo que preside la fachada del Palau de la Generalitat. Dio la opción a sus consejeros de retirar o no los símbolos en sus respectivos departamentos. Los consejeros, aseguró la portavoz del Ejecutivo, Elsa Artadi, decidieron “de manera coordinada” no hacerlo. La decisión no fue bien recibida por ERC, uno de los dos partidos del Gobierno catalán. Fuentes de esta formación lamentaron que se ponga en riesgo al actual Ejecutivo por una cuestión simbólica como la de los lazos. En público, sin embargo, los diputados Joan Tardà y Gabriel Rufián afirmaron que esos emblemas son necesarios para evidenciar que hay políticos catalanes encarcelados.

Todo está en manos ahora del Síndic de Greuges. “Haremos lo que el Síndic nos diga”, prometió Artadi, que aseguró que el Govern no se pondrá “en contra de las instituciones catalanas”, pese a que en otras ocasiones sí ignoró avisos de su defensor del pueblo. El Síndic comunicó que hará públicas sus recomendaciones en los próximos días. Este órgano lo dirige desde hace 15 años Rafael Ribó, antiguo dirigente ecosocialista. En la actualidad está en funciones tras caducar su mandato. Ribó ha sido un Síndic cómodo para los gobiernos independentistas, y en otras ocasiones se ha mostrado a favor de la presencia de lazos amarillos en los edificios públicos, aunque esta vez concurre la circunstancia de la campaña electoral, en la que se exige neutralidad a las instituciones.