Torra desoye a la Junta Electoral y mantiene los lazos amarillos
El presidente catalán pide un informe al Síndic de Greuges sobre la simbología en edificios públicos
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha decidido pedir un informe al Síndic de Greuges sobre la conveniencia de retirar los lazos amarillos, banderas independentistas y demás símbolos de los edificios públicos de la Generalitat que, por ahora, no serán retirados. Así lo ha hecho saber Torra a su Govern en la reunión ejecutiva de este martes, una decisión que, ha dicho, ha tomado a título personal sobre la pancarta que hay en el balcón del Palau de la Generalitat. Torra no ha dado ninguna instrucción a sus consejeros sobre los símbolos colgados de los edificios de sus respectivos departamentos, dando vía libre para que decidan si los retiran o no. Los consejeros han decidido de manera coordinada mantenerlos. Torra ha adoptado su decisión al límite de que se cumpla el plazo impuesto por la Junta Electoral Central (JEC), que ayer le dio 24 horas más de margen, hasta esta tarde, para retirar los símbolos. La Delegación del Gobierno de Cataluña ha informado a la Junta Electoral Central que a las tres de la tarde, el Palacio de la Generalitat y ocho consejerías del Gobierno catalán continuaban exhibiendo lazos amarillos, según informa el Ejecutivo.
La consejera de Presidencia, Elsa Artadi, ha explicado que entre esta tarde y mañana miércoles por la mañana el Govern dará más información sobre qué decidirá sobre la simbología independentista. Lo hará después de volver a consultar con el Síndic de Greuges, el equivalente en Cataluña al Defensor del Pueblo. "Haremos lo que nos diga el Síndic", ha dicho Artadi.
Torra también ha encargado un segundo informe jurídico sobre el requerimiento de ayer de la JEC sobre la retirada de símbolos independentistas, y ha mandado un nuevo escrito al órgano electoral "con aclaraciones y aportaciones para ver cómo abordar esta situación". El nuevo escrito presentado por el president insiste en la "imposibilidad de llevar a cabo" el requerimiento dada la gran cantidad de edificios que forman parte de la Administración.
"Algunos están gestionados por empresas públicas o entes instrumentales que forman parte del sector público de la Generalitat, otros se encuentran cedidos a empresas privadas prestadoras de servicios públicos, a consorcios, fundaciones, mancomunidades, entidades sociales ... Son centros con autonomía funcional, tales como centros de investigación, hospitales y centros de asistencia primaria, universidades, institutos de educación, escuelas, centros de jóvenes, de jubilados ... ", destaca en las alegaciones.
La Junta Electoral no se reunirá hoy. Como adelantó ayer en su resolución de respuesta al recurso de Torra, si constata la desobediencia del presidente catalán lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía. Luego será esta la que decida cómo actuar teniendo en cuenta que Torra es aforado y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tendría que decidir sobre cualquier procedimiento que le afecte.
La Delegación del Gobierno en Cataluña informará a la JEC a partir de las 15.00 de este miércoles sobre el grado de cumplimiento de su orden de retirar los lazos en los edificios públicos que dependen de la Generalitat, según ha informado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La Delegación del Gobierno presentará un escrito y una serie de fotografías de los edificios públicos más representativos dependientes de la Generalitat. "A partir de ese momento, todas las instituciones quedan a disposición de lo que determine la Junta Electoral Central, a la vista de lo que ocurra", explican las mismas fuentes. "Es la Junta la exclusivamente competente para dar los siguientes pasos, tanto si decidiera remitir los hechos a la Fiscalía como si ordenase al cuerpo de seguridad competente el cumplimiento de su instrucción de retirar los lazos; en este caso, serían los Mossos los encargados de esta función", añaden, informa Anabel Díez.
"Preservar la libertad de expresión"
"Ahora mismo la decisión es mantener la pancarta. El presidente Torra entiende que esto es preservar la libertad de expresión", ha dicho Artadi en la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo del Govern. Todo depende ahora de las recomendaciones que exprese el Síndic de Greuges. "Seguiremos las recomendaciones del Síndic, lo que no haremos será ir contra las instituciones catalanas", ha dicho la portavoz del Govern. Preguntada sobre por qué el Govern hará caso del Síndic y no lo ha hecho, en más de una ocasión, del Consell de Garanties, Artadi ha asegurado que "son dos órganos diferentes, no se pueden comparar".
Sobre la resolución de la JEC, que busca preservar la neutralidad de los edificios públicos en periodo electoral, Artadi ha afirmado que estas elecciones "ya están totalmente afectadas por la situación política" que se vive. "Tenemos a dos miembros de la junta electoral que están juzgando ahora mismo a los presos en el Tribunal Supremo. Estamos en este marco mental de la Junta Electoral Central", ha afirmado. El Govern tiene la opción de recurrir ante el Supremo el requerimiento de la JEC. Artadi ha explicado que el Govern está estudiando presentar este recurso, pero que todavía no lo ha realizado.
La Junta Electoral Central, después de que Torra le enviara alegaciones sobre el primer requerimiento para retirar los símbolos, dio ayer otras 24 horas al president. En caso de no cumplir con el mandato, avisó la JEC, se adoptarán las acciones pertinentes. Concretamente se le podría imponer una multa de 300 a 3.000 euros pero también podrían aplicarse responsabilidades penales. El precedente que se cita al respecto por una situación parecida le ocurrió a la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, de la CUP, condenada en 2018 a seis meses de inhabilitación para cualquier cargo público y una sanción de 540 euros, la mínima para un delito de desobediencia por no descolgar la estelada del balcón de su Consistorio en las elecciones autonómicas y generales de 2015.
Artadi deja su cargo
El requerimiento de la JEC parte de una petición hecha por el partido Ciudadanos, y busca garantizar que los edificios públicos mantengan "una rigurosa neutralidad política". Torra había pretextado, para no retirar los símbolos, que su deber es proteger el derecho a la libertad de expresión de los trabajadores de la Generalitat, y en su escrito de alegaciones había esgrimido como argumentos dos resoluciones aprobadas en el Parlament de Cataluña. La Cámara resolvió que la bandera estelada "es un símbolo que representa un anhelo de libertad y una reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta".
La de este martes ha sido la última rueda de prensa de Artadi como portavoz del Govern, ya que a finales de semana dejará su cargo, y también en el de consejera de Presidencia, para centrarse en la campaña de las elecciones municipales en Barcelona, donde se presenta en segunda posición por Junts per Catalunya, por detrás del preso Joaquim Forn. También ha sido el último consejo ejecutivo de la consejera de Cultura, Laura Borràs, que irá en la lista de Junts per Catalunya al Congreso también en segunda posición, por detrás del también preso Jordi Sànchez. El relevo de ambas consejeras se hará el próximo lunes por la mañana, cuando tomarán posesión Meritxell Budó, sustituta de Artadi, y la nueva consejera de Cultura, cuya designación todavía no se ha cerrado.
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