La historia del PP a través de la Comunidad Valenciana: de los mítines multitudinarios en la plaza de toros a las protestas en la calle
Exdirigentes del partido recuerdan los hitos, éxitos y terremotos políticos en un territorio emblemático para las siglas: “Lo de Mazón nos hace mucho más daño que la corrupción”


La Comunidad Valenciana parecía un buen escaparate cuando, en julio del año pasado, los populares decidieron que fuera en su capital donde se celebrase, a finales de este mes, el congreso del PP europeo. La cuarta comunidad más poblada es un feudo tradicional del partido, que ha gobernado la región durante dos décadas ―entre 1995 y 2015 y desde 2023―, pero a unas semanas de celebrarse, Alberto Núñez Feijóo intentó, sin éxito, cambiar la sede del cónclave. Arguyó que esos días hay sesión de control en el Congreso, pero conocían el calendario desde enero. La razón más inmediata es que el anfitrión, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, ha tenido que reducir al máximo sus apariciones públicas porque allá donde va es abucheado por su gestión de la dana y esa no era la imagen que los populares querían ofrecer ante sus colegas europeos; entre ellos, la mujer más poderosa de la UE, Ursula von der Leyen. La razón de fondo es que la comunidad alberga una falla que periódicamente desata un terremoto político. La historia del partido puede contarse a través de ese territorio que fue epicentro de los escándalos de corrupción e inauguró la segunda oleada de los pactos de Gobierno con Vox que monopolizan desde entonces la conversación en torno al PP.

“La Comunidad Valenciana es un estandarte, cuna de pesos pesados y nos ha hecho ganar muchas elecciones”, afirma un exdirigente popular, “pero nos ha pasado de todo allí. La etapa de los escándalos de corrupción fue muy dura, pero creo que lo de ahora es mucho peor”. Isabel Bonig, la predecesora de Mazón al frente del partido en la región, recuerda: “Todo el mundo quería venir al PP valenciano porque era una fiesta. Gobernamos la comunidad durante 20 años y el Ayuntamiento de la capital, 24. Es el símbolo de las plazas de toros llenas, de las mayorías absolutas, con una implantación territorial muy fuerte. A veces pensabas: ‘¿cómo hemos podido ganar con este candidato o candidata?’ Y era porque detrás había una maquinaria muy fuerte. A mí me tocó bregar con los escándalos, pero creo que lo de Mazón es mucho peor que aquello porque aquí hay muertos, la gente ha sufrido mucho y está desengañada, se siente abandonada y eso es muy difícil de remontar electoralmente”.
La Comunidad Valenciana aportó 33 escaños al Congreso en las elecciones de julio de 2023. Es uno de los principales caladeros de votos del PP a nivel nacional, pero los resultados de las generales reflejan también los efectos de esa actividad sísmica en torno al partido en la región. En 1996, año de la primera victoria de José María Aznar, los valencianos otorgaron a las siglas 15 diputados ―la ventaja total que obtuvo el entonces presidente del PP sobre el socialista Felipe González― con 1,13 millones de votos (el 43,7%). En el año 2000 subieron a 1,26 millones de papeletas y 19 escaños; en 2008, obtuvieron casi el 52% de los sufragios (1,4 millones) y 19 asientos en la Cámara; en 2015 bajaron a 11 y en abril de 2019, a 7, con menos de 500.000 votos. Fue en Valencia donde el PP llegó a plantearse, en 2016, cambiar de nombre. “Pido a los militantes que están hartos”, declaró entonces Bonig, “que den un paso adelante para construir un nuevo partido desde la honradez”. Las siglas estaban ligadas a una catarata de escándalos de corrupción y la “refundación” debía ser, a su juicio, total. “Llegamos a barajarlo”, explica hoy, “porque la sensación era que había que empezar de cero. Habíamos perdido los gobiernos, prácticamente nadie quería recibirnos, el partido, tan acostumbrado a ganar, estaba absolutamente desmoralizado... Barajamos lo del cambio de nombre y planteamos las primarias, la limitación de mandatos... “.
“Todos los concejales del PP de Valencia”, recuerda un exdirigente popular, “llegaron a estar imputados”. Los escándalos se reproducían a nivel municipal, provincial y autonómico. Tres de los cuatro presidentes de la Generalitat que ha tenido el partido, Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps, fueron procesados. El primero, que llegó a ser ministro en los Gobiernos de Aznar, fue condenado el pasado octubre a 10 años de cárcel por los delitos de cohecho, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales en el caso Erial, sobre la trama de adjudicación de las estaciones de servicio de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) a cambio de sobornos entre 1997 y 2000. Olivas resultó absuelto por el mismo caso, pero fue condenado a un año y medio de prisión por emitir una factura falsa para justificar un ingreso de 500.000 euros por un trabajo que nunca realizó. La Audiencia Nacional absolvió a Camps el pasado mayo en un juicio del caso Gürtel en el que sí fueron condenados los principales cabecillas de la trama (entre ellos, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes). Los jueces dieron por probado el amaño de adjudicaciones de la administración autonómica durante la presidencia de Camps, pero consideraron que los indicios recabados contra él no eran suficientes. Los tribunales también condenaron por corrupción a buena parte de su equipo, entre otros, su secretario general, Ricardo Costa; su vicepresidente Víctor Campos —otro de sus vicepresidentes, Juan Cotino, murió en pleno juicio contra él—; su gerente regional, Cristina Ibáñez; su secretario general del grupo parlamentario, David Serra; su tesorera, Yolanda García; su consejera y presidenta de la Cámara autonómica, Milagrosa Martínez; su conseller Rafael Blasco; y su director en la Radio Televisión Valenciana, Pedro García Gimeno. En 2012, Camps también salió absuelto en otro juicio por cohecho en el llamado caso de los trajes. Un jurado de nueve le consideró “no culpable” por 5 a 4.

Camps intenta desde hace años volver a la primera línea de la política. “Escribe a todo el mundo, manda mensajes a través de terceros, hace saber que Vox le ofreció ser candidato a la alcaldía de Valencia; que estuvo cerca de crear un partido independiente...”, relata un exdirigente popular que no descarta su regreso, “pero no en el puesto que él quiere, sino como senador”. El expresident fue decisivo en otro momento clave de la historia del PP: el primer congreso que el partido celebró fuera de Madrid, precisamente en Valencia, cuando, en uno de esos movimientos tectónicos que periódicamente sacuden al partido, quisieron moverle la silla a Mariano Rajoy. Era el año 2008. En marzo, el PP había perdido las generales y unos días antes del cónclave de junio, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pronunció ante su jefe de filas un discurso en un foro Abc que fue interpretado como el pistoletazo de salida de su campaña. La lideresa empleó hasta 15 veces la expresión “no me resigno”: ”No me resigno a que el Partido Popular no dé las batallas ideológicas. No me resigno a que tengamos que parecernos al PSOE para aparentar un centrismo o una modernidad. Y como no me resigno a estas y a otras muchas cosas, estoy en el Partido Popular dispuesta a dar la batalla para que los españoles conozcan de verdad la opción abierta, moderna y liberal que es nuestro partido”, dijo. En su libro Yo no me callo (2016), Aguirre se refiere así al episodio: “Tengo que explicar que, por más que Zaplana y Nacho González [su sucesor al frente del gobierno madrileño, acusado en varias causas por corrupción] me animaran, yo nunca estuve decidida a presentarme”. Pero ninguno de los consultados para este reportaje tiene dudas de que se echó para atrás por el apoyo de Camps, que movilizó a los compromisarios valencianos para que no hubiera sorpresas: “Aguirre no dio el paso por el peso que Valencia tiene en el PP”, zanja un exdirigente.
Unos años después, en julio de 2011, Camps dimitió como presidente de la Generalitat y del PP en la Comunidad Valenciana. Presentó su despedida como “un sacrificio personal y político” para “no ser un obstáculo” en el camino de Mariano Rajoy a La Moncloa. El president había ganado las autonómicas de mayo de ese año estando ya imputado, aumentando su mayoría absoluta en un escaño, pero el partido no quería acudir a la campaña de las generales de noviembre con uno de los suyos en el banquillo. Camps se había resistido a dimitir, así que la dirección nacional del PP promovió una solución intermedia: que se declarase culpable y firmara la conformidad para evitar el juicio. Cuando todo estaba preparado, y después de que Federico Trillo, según admitió, “orientase un poco la decisión”, el president accedió a abandonar todos sus cargos, consciente de que eso era lo que quería Rajoy. “La política”, resume Bonig de aquel lapso entre el congreso de Valencia y la dimisión, “da unas vueltas increíbles”. Camps había sobrevivido a la guerra con Zaplana, al que sustituyó como totem del PP en la comunidad, pero no a los recados del hombre al que había salvado en 2008.
En 2021, la dirección de Génova, encabezada entonces por Pablo Casado y Teodoro García Egea, volvió a pescar en la familia zaplanista ―el expresident había nombrado a Carlos Mazón director general del Instituto Valenciano de la Juventud con solo 25 años― para tratar de recuperar la Generalitat. En 2023, el candidato de Casado se convirtió en el más votado, al mejorar en 21 escaños el resultado de los comicios anteriores, pero se quedó a 10 de la mayoría absoluta. A espaldas del nuevo líder el partido, Alberto Núñez Feijóo, según los dirigentes consultados para este reportaje, Mazón negoció un pacto de gobierno con Vox en el que asumía parte de sus postulados, por ejemplo al referirse a la “violencia intrafamiliar”, no machista. “Aquello”, explica un exdirigente popular, “le costó a Feijóo poder gobernar, porque no se lo consultó y le condicionó en la campaña de las generales de julio”. El de la Comunidad Valenciana fue el primero de los acuerdos de coalición derivados de las autonómicas de mayo de 2023. El propio portavoz del PP, Borja Sémper, atribuyó entonces a “gestos estrambóticos y frikis” de quien aspiraba a ser su “socio de gobierno” que muchos de los que pensaban votarles no lo hubieran hecho “ante el riesgo de que Vox pudiera condicionar la política española”.
Esta semana, Mazón lo ha vuelto a hacer. Para sacar adelante los presupuestos, ha abrazado el catecismo de la extrema derecha en materia de inmigración, vinculándola a la delincuencia, o sobre el cambio climático, criticando el Pacto Verde europeo. “Está totalmente en manos de Vox”, afirma Bonig. “Que con todo el trabajo que hay que hacer, lo más importante sea saber la nacionalidad de los que participaron en los saqueos me parece infantil y pobre, y revela poca altura política y moral. Pero a medio plazo no veo que vaya a haber un cambio porque la presión ha sido enorme y no se ha ido, salvo que Feijóo diga hasta aquí hemos llegado, como pasó con Camps cuando iba a sentarse en el banquillo”.
Otro exdirigente popular comparte que con Mazón no tienen “ninguna posibilidad” y que su gestión en la dana “está dañando profundamente a la marca PP”. “Aquí”, añade, “hay un componente emocional, hay muertos, y no hay sentencia que te absuelva de eso. Pero no soy pesimista. Con un buen perfil, tenemos mimbres para lograr un buen resultado porque el partido está muy asentado en Castellón, en Alicante y en el sur de Valencia, y hay una implantación de alcaldes muy importante. Pero de momento esto nos está haciendo mucho más daño que la etapa de la corrupción”.
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