El Gobierno sufre en el Congreso por la división de los socios y el castigo del PP y Junts en asuntos ya pactados

La legislatura nació tan embarrada que cualquier pleno en el Congreso se puede transformar en una trinchera, hasta el —en teoría— más pacífico o anodino, como pasó de nuevo este jueves. El Gobierno, tras unas semanas inhábiles y poco fructíferas en lo legislativo, ha comenzado a llevar a las sesiones de los jueves en la Cámara proyectos de leyes diversos, en los que juega en el alambre de su inestabilidad parlamentaria. Casi todos los socios habituales son inseguros, pendientes de su particular agenda, y Junts siempre está dispuesta al órdago. El PP, en esa tesitura, aprovecha para desglosar las votaciones por puntos, para dar más oportunidad a la división de los aliados del Ejecutivo, como sucedió en una moción del BNG sobre el rearme para la guerra en Ucrania en la que el PSOE y Sumar volvieron a votar separados, pero también para aliarse si hace falta con Junts y ERC para tumbar la creación de la Agencia Estatal de Seguridad que debe combatir futuras pandemias (contradiciendo su propio posicionamiento anterior) o para montarle cualquier tángana a la Presidenta de las Cortes, con la que tienen auténtica fijación.

El de este jueves podría haber sido un pleno del Congreso más, con los líderes de los dos grandes partidos, PP y PSOE, ausentes y en Bruselas, pendientes de cómo se rearma Europa ante la amenaza rusa. Pero ya comenzó revirado, con un incidente provocado por el portavoz popular, y terminó peor, con alguna derrota más allá que simbólica y relevante para el Gobierno de Pedro Sánchez.

La jornada de este jueves tan solo ofrecía la incógnita, de partida, de si PSOE y Sumar se dividían ante una moción puramente representativa del BNG que requería la postura del Gobierno “ante los anuncios intervencionistas, belicistas, anexionistas y de apoyo a la limpieza étnica de los Estados Unidos de América”. El texto defendido por el diputado galleguista Néstor Rego aprovechaba para rechazar las recientes declaraciones de Donald Trump, sobre terceros países y condenaba su “propuesta de control de la Franja de Gaza con una limpieza étnica de la población palestina” o los intentos de comprar el canal de Panamá y Groenlandia.

El BNG incluía en su propuesta su oposición a que la Unión Europea destine 800.000 millones de euros a comprar armamento, a que se aumente el gasto militar en España, y pedía la salida de la OTAN. Como se votó por puntos, las primeras reclamaciones salieron adelante con 177 votos a favor, 32 en contra de Vox y 135 abstenciones del PP, pero las más radicales fueron rechazadas por socialistas y populares, pese a que Sumar, que está en el Ejecutivo de coalición, se adhirió a esas tesis. Esa evidente y previsible separación fue utilizada de nuevo por todo el PP para subrayar los problemas internos en el Gobierno.

Ni PSOE ni Sumar mostraron ninguna inquietud por esa divergencia coyuntural. El PP intentó repetir la jugada con una proposición que buscaba profundizar en esas diferencias sobre Ucrania y en el fortalecimiento de la alianza atlantista, pero fue derrotada.

El malestar enorme del PSOE se concentró en el PP y Junts por votar sobre la marcha contra algunos asuntos que creían pactados y que llegaban al pleno consensuados desde las comisiones y ponencias respectivas con una amplísima mayoría. Y también por el mal tono, las ruidosas formas, las peores maneras y la pronosticable bronca que volvió a desatar Tellado desde el minuto uno.

Se abrió la sesión y Tellado se levantó de su escaño para reclamar en virtud de los artículos 72.2 y 68.1 del Reglamento del Congreso que se modificará la agenda de temas a tratar para abordar un escrito del PP registrado fuera de plazo en la tarde del miércoles para postergar un asunto ya fijado. El presidente en funciones, el socialista Alfonso Gómez Rodríguez de Celis, intentó demorar la buscada disputa y le llamó al orden una vez (a la tercera el diputado señalado es expulsado), la bancada del PP se levantó para solidarizarse con Tellado y Celis aguardó unos minutos para reanudar la sesión.

Cuando más tarde se iba a debatir sobre la citada ley de prevención y desperdicios alimentarios, Tellado volvió a arremeter contra el presidente y la mayoría de la Mesa del Congreso por estar al servicio del Gobierno y no tener en cuenta los informes del secretario general de la Cámara y letrado mayor. Fuentes de la Mesa precisaron, sin embargo, que lo que el letrado Fernando Galindo les indicó es que en este asunto “chocan dos derechos constitucionales: la tradición que manda tramitar las enmiendas enviadas desde el Senado, pero también el derecho constitucional del Gobierno de vetar lo que afectan a los Presupuestos”.

El pleno se enfangó y la bancada del PP amagó de pie y con palmas sobre los atriles con no permitir la intervención de la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la relevante creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Se escucharon insultos contra Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que estaba en la tribuna de invitados y recogió los agradecimientos de la ministra. Tellado llegó a tildar de “ilegal, inconstitucional” y “probablemente” como una prevaricación que el presidente en funciones de las Cortes se acogiera al orden del día acordado en la Junta de Portavoces y la Mesa de la Cámara y no permitiera aplazar la discusión de cuatro enmiendas vetadas por el Gobierno sobre la ley de desperdicios alimentarios de las 46 aceptadas desde el Senado.

El PP, al final, votó contra la creación de la pactada Agencia de Salud Pública en rebelión a lo sucedido y en particular por el que denominaron como “discurso activista” de la ministra, que en cuanto subió al atril pidió perdón por “el espectáculo bochornoso y vergonzoso de odio” dado por Tellado y sus huestes, algo que respaldaron más portavoces. Otras fuentes populares justificaron su voto en que conocían de antemano que Junts también se iba a desmarcar, en su caso porque consideraron que “ninguna agencia estatal” española podía perjudicar “los intereses de Cataluña”, en alusión a la afectación a determinadas granjas catalanas por el tratamiento de los purines. Un argumento de fondo que usó ERC, pero sin cambiar estratégicamente su voto a favor, como hicieron PP y Junts frente al que emitieron en la comisión que filtró este asunto en diciembre pasado.

A varios portavoces la actuación del PP y Junts les pareció “una pataleta y rabieta absurda”. No ha sido la primera vez en esta legislatura que votan en un sentido contrario a los planteamientos políticos que defienden. La pinza de PP y Junts ya tumbó este pasado 22 de enero la revalorización de 12 millones de pensionistas y dejó sin efecto las bonificaciones al transporte público y algunas ayudas a los afectados por la dana o el volcán de La Palma a cambio de beneficiar a las grandes multinacionales energéticas. En septiembre de 2024 esos partidos y Vox derrotaron el intento de reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para limitar los abusos en el alquiler de temporada y de habitaciones. Y enero de 2024 los de Carles Puigdemont llegaron a votar con PP, Vox y UPN el texto de la ley de amnistía que habían cerrado con el PSOE la semana anterior.