El Congreso vota sobre la protección del lobo, teñido de política y disfrazado por el PP de un problema de desperdicio alimentario

La legislación que prohíbe la caza del lobo, una especie siempre objeto de polémica, no hace más que dar vueltas tanto en la Unión Europea como en España y todo apunta a que su protección peligra. A tan solo tres años y medio de que España prohibiera su caza en todo el territorio, el 21 de septiembre de 2021, el PP ha aprovechado la ley de desperdicio alimentario, que se debate y vota este jueves en el Congreso, para incorporar a última hora tres enmiendas que persiguen sacar al lobo del listado de especies protegidas (Lespre), de forma que regresaría a su estado anterior, cuando se le podría cazar. Entonces se abatían de forma legal unos 100 lobos al año al norte del Duero, el cupo que permitían las comunidades autónomas, y en el resto de España se encontraba estrictamente protegido.

No es el primer intento del PP en este sentido. En abril del año pasado, los populares presentaron una proposición de ley para desproteger a la especie, que salió adelante con el apoyo de Vox, PNV y Junts, el voto en contra de PSOE y Sumar, y la abstención de Bildu. Su tramitación se ha atascado en la mesa del Congreso. En la Unión Europea, con una población de 20.300 lobos, la especie también se enfrenta a la flexibilización de su gestión internacional, lo que facilitará que sean abatidos con menos cortapisas y, al mismo tiempo, atraer al voto rural.

Lo sorprendente en la propuesta actual del PP es relacionar al lobo con el despilfarro de comida para conseguir bajar su protección. El PP justifica la presencia de la especie en esta ley porque se trata de “controlar el impacto que está produciendo en las explotaciones ganaderas” lo que conlleva un desperdicio alimentario. La legislación establece que los cadáveres de los animales, incluidos los muertos por los lobos, deben ser gestionados para prevenir riesgos de enfermedades y solo los residuos de ganado que producen estos ataques “suponen un impacto en la generación de alimento de explotaciones ganaderas de cuatro millones de kilos de carne, dado que fueron más de 14.000 las reses muertas entre terneros, vacas, potros y ovejas”, señala la enmienda. En España se estima que viven 330 manadas de lobos; unos 2.300 animales.

“Que alguien pretenda decir que el lobo tiene cabida en una ley de desperdicio alimentario es ofensivo, además de un abuso de poder”, señala Ignacio Martínez, presidente de la Asociación para la Defensa y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), de la que partió la solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica que desembocó en la protección de la especie. Es una forma de legislar “desde la falsedad y por la puerta de atrás”, opina, mientras advierte de que si se aprueban estas enmiendas irán “a los tribunales”. Señala también que aunque salga adelante la ley “no significa que mañana se puedan matar lobos, porque existe un Real Decreto y se necesitan unos planes anuales”. Luis Suárez, coordinador de la ONG conservacionista WWF, agrega que “los políticos están generando un caos y se olvidan de que matar a los lobos, como se hacía antes, no evitaba los conflictos con el ganado”.

Las enmiendas van más allá y supondrán no solo una vuelta a la situación anterior a 2021, “sino que abre la puerta a permitir su caza también al sur del Duero [antes se prohibía] una vez que Europa baje la protección en la Directiva Hábitat, algo que ocurrirá en pocos meses porque el procedimiento ya se ha iniciado”, añade Suárez. Si se aprueba la ley, el lobo saldrá del Lespre, sorteando los trámites que requeriría si se siguiera el procedimiento administrativo, incluida la participación pública y científica. “Te dejan completamente indefenso, no es una ley que cambie otra ley, sino que alteran un proceso regulado”, concreta Suárez.

Prevenir antes que abatir

Es cierto que las poblaciones de lobo se recuperan en Europa, “lo llevan haciendo 30 años”, señala Juan Carlos Blanco, biólogo y autor del análisis de la especie encargado por la Comisión Europea en 2023. Este informe analiza la depredación del ganado como la principal causa de persecución de la especie a lo largo de la historia, y concluye que “a gran escala, el impacto sobre el ganado es muy pequeño”. En la UE existen alrededor de 60 millones de ovejas, por lo que el nivel de depredación global es de un 0,065% anual, calcula Blanco. Los lobos matan a 65.500 cabezas de ganado al año en la UE, el 73% son ovejas y cabras, el 19% ganado bovino y el 6% caballos y burros.

El documento indica que los asaltos a las explotaciones ganaderas han ido aumentando según crecía la población lobuna, y que el mejor camino para reducirlos es “aplicar sistemas de prevención”. Hay casos como el de Alemania, en el que se ha producido un boom: en 2000 había una manada y en 2022 se censaron 184. Pero, a pesar de ello, la frecuencia de los ataques ha caído de forma significativa en los años recientes. Esto se debe, aclara el informe, a que “se han tomado medidas preventivas adecuadas”. La opción de abatir a los lobos para reducir los ataques, puede no producir los efectos deseados. “En el mejor de los casos”, solo resuelve los conflictos de forma temporal, a menos que se extermine la población de lobos o se reduzca severamente en grandes áreas. Cuando se abate a los lobos, sus territorios son ocupados rápidamente por otros y “será necesario seguir matándolos año tras año”, añade el texto.

En cuanto a la situación actual en España, Blanco incide en que se está creando un clima de polarización apuntalado en noticias que no son reales. Pone como ejemplo Castilla y León, donde vive la mayor parte de la población de lobo de España. El último censo publicado este año señala que la especie ha aumentado menos de un 8% en los últimos 10 años, lo que es “la menor tasa de crecimiento en una década, lejos de una subida exponencial”. Además, el mayor incremento se ha producido al sur del Duero, donde siempre ha estado protegido, mientras que al norte ha crecido solo un 3%, así que la prohibición de cazarlo ahí “no ha provocado una explosión demográfica”. “Es un bulo”. También desmonta que existan más daños. “La Junta solo indemnizaba antes los ataques que se producían al sur del Duero, por estar protegido, y en las reservas de caza. Ahora se pagan y se documentan [antes no se hacía] también los del norte del Duero, que se han producido siempre”, explica.