Malestar entre los consejeros de Torra por el “exceso de gesticulación” con los lazos amarillos

La decisión del presidente catalán, Quim Torra, de sustituir los lazos amarillos por otros de color blanco no ha sido bien recibida por buena parte de sus consejeros. Pese a compartir todos la convicción de que la situación de los presos independentistas es injusta y debe ser denunciada, algunos miembros del Govern consideran que el presidente está haciendo un “exceso de gesticulación” que acaba siendo “estéril”, porque los lazos serán retirados más pronto que tarde.

El presidente catalán, que advirtió de que defenderá “hasta las últimas consecuencias” la libertad de expresión, decidió este jueves por la mañana sustituir la pancarta del Palau de la Generalitat y remitió una copia a todos los departamentos. Pero no todos los consejeros optaron por colgarla. Por la tarde, al menos dos departamentos en manos de consejeros de Esquerra Republicana —Justicia y Agricultura— no lucían la nueva insignia. En sus edificios solo había los adhesivos y carteles colocados por grupos de funcionarios.

Fuentes del Govern explican que el malestar se debe a que Torra no informó en tiempo real a todos sus consejeros de que el Síndic de Greuges le había recomendado ya el pasado viernes la retirada de los carteles, cosa que Torra mantuvo en secreto para sostener el pulso. Y que el posterior tira y afloja con la Junta Electoral no hace más que acentuar la sensación de desgobierno y de que el Govern no se ocupa de los asuntos del día a día.

En cualquier caso, la imagen que mostraban este jueves los edificios de la Generalitat distaba mucho de la prohibición hecha por la Junta Electoral. Más allá de la pancarta en el balcón del Palau de la Generalitat, una lona que los funcionarios usaron para tapar la pancarta anterior, en los demás edificios proliferaron carteles y símbolos de diversa índole con los que se reivindicaba la libertad de expresión.

De ahí que a última hora de la tarde toda la fuerza sancionadora de la Administración electoral acabara cayendo sobre Quim Torra. La Junta Electoral anunció que lleva al presidente catalán ante la Fiscalía por un supuesto delito de desobediencia y ordenó al consejero de Interior, Miquel Buch, que los Mossos retiren todos los símbolos independentistas de los edificios públicos antes de las tres de esta tarde.

Nunca en 40 años se había producido una crisis tan grave entre la Junta Electoral Central y una Administración del Estado como es el Gobierno de la Generalitat. Tras 10 días de forcejeo de Quim Torra, la Junta decidió este jueves hacer uso de toda su capacidad para que se cumpla la ley. El organismo electoral considera que el mandatario catalán ha incumplido la legalidad al negarse a retirar los símbolos secesionistas, como los lazos amarillos o las banderas esteladas de las sedes de instituciones que representan a todos los ciudadanos, incluido el Palau de la Generalitat, en tiempo electoral.

La neutralidad institucional queda rota con esa exhibición. Estos son los criterios que llevaron ayer a la Junta a trasladar los hechos a la Fiscalía por si Torra ha podido cometer un delito de desobediencia.

Y hay un nuevo ultimátum sobre la mesa: antes de las tres de la tarde de este viernes el consejero de Interior, Miquel Buch, tiene que cumplir el requerimiento de retirar todos los símbolos secesionistas de los edificios públicos, tarea que corresponderá a los Mossos. Buch deberá comunicar el cumplimiento de dicha orden y se le apercibe de “las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, en que pudiera incurrir si no cumple estrictamente este acuerdo”, según la resolución de la Junta. Si no se cumple ese mandato “se requerirá al prefecto de policía de ese departamento [Miquel Esquius] para que proceda a su inmediata ejecución”. La severidad de esa orden se completa con la apertura de un expediente sancionador administrativo.

La Junta optó por esta decisión después de constatar que Torra incumplía su palabra, al no retirar las proclamas secesionistas, pese a la recomendación del Defensor del Pueblo catalán, cuya resolución el president consideró el miércoles vinculante.

Los pasos continuaron por parte de la Junta con la colaboración del Gobierno y de la Delegación el Gobierno. “El Gobierno y, por tanto, la Delegación del Gobierno en Cataluña, está a disposición de las indicaciones de la Junta Electoral y seguirá sus instrucciones tantas veces como sea requerido”, señalaron fuentes gubernamentales oficiales. Antes de que empezara la reunión de la máxima autoridad electoral estos interlocutores sostenían que el delito de desobediencia era ya una evidencia, a falta de la discusión de todo el órgano. Sus miembros hubieran podido pasar por alto que Torra había sobrepasado los plazos fijados para retirar lazos y banderas independentistas, pero ese órgano constató que nunca ha llegado a acatar su resolución. Las alusiones en los nuevos "elementos" a la libertad de expresión y a declararse "presos" son contrarias a la exigencia de "neutralidad" que deben observar las instituciones. La Junta considera que esos símbolos son perfectamente legítimos si los exhiben partidos políticos pero no pueden aceptarse en los edificios públicos al tener la obligación de representar a todos los catalanes.

El delito de desobediencia al que se enfrenta el presidente se recoge en el artículo 410 del Código Penal y conlleva como sanción la inhabilitación para ejercer cargo público entre seis meses y dos años, además de una multa de entre 300 y 3.500 euros. Torra puede presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, que decidiría entonces si suspende la orden de la junta electoral o mantiene la obligación de retirar los símbolos. Mientras tanto, fuentes de los Mossos d’Esquadra confirmaron anoche que el cuerpo está preparado para ejecutar la orden de retirada de los lazos. 

“Han pasado olímpicamente de lo que les dijo la Junta. ¿Qué se pensaban, que engañarían a alguien con la nueva pancarta? Esto es un insulto a media Cataluña”, dijo Inés Arrimadas. En el Parlament compareció Rafael Ribó, el Síndic de Greuges, el equivalente al Defensor del Pueblo en Cataluña, para presentar su informe anual, pero todos los grupos aprovecharon para valorar su papel en la polémica por la simbología. Torra había utilizado esta institución para ganar tiempo. Ciudadanos llegó a pedir la dimisión del Ribó. Este defendió su actuación, pero evitó valorar la nueva pancarta de la Generalitat.