El independentismo firma una paz frágil hasta la sentencia del ‘procés’

El independentismo escenificó este viernes en el Palau de la Generalitat la firma de una paz muy frágil y prometió que la estabilidad duraría, como mínimo, hasta que se dicte sentencia sobre los líderes del procés, tras el juicio que ha de iniciarse en unas semanas. El presidente catalán, Quim Torra, y el vicepresidente, Pere Aragonès, culparon a la justicia española y especialmente al Tribunal Supremo de la crisis política que viven Junts per Catalunya y Esquerra Republicana desde hace semanas a cuenta de los seis diputados suspendidos por el juez Pablo Llarena y que volvió a bloquear el Parlament el jueves. El Govern aguanta de momento. Pero ha quedado muy tocado.

El Ejecutivo catalán se asomó el jueves al abismo en la peor crisis desde su formación, hace ahora cuatro meses, pero un acuerdo in extremis permitió evitar la caída. Torra y Aragonès quisieron abundar en el mensaje de que se ha sorteado la crisis y comparecieron ante la prensa para mitigar el espectáculo que ambas formaciones independentistas ofrecieron en el Parlament y que derivó en el aplazamiento del pleno, como ya sucedió el pasado 18 de julio.

Pese a la escenificació, las diferencias persisten y nada indica que se vayan a solventar, pero Aragonès aseguró que Junts per Catalunya y Esquerra se han “conjurado” para que no se repitieran esos episodios. A pesar del enésimo capítulo de ese sainete, el pegamento que permite sellar esa paz inestable durante unos meses es el juicio por el procés y la futura respuesta a la sentencia por parte de la Generalitat.

La celebración de elecciones autonómicas —cuando solo ha pasado un año desde las últimas— parece descartada por diversos motivos: el debilitamiento del PDeCAT y Esquerra Republicana ante la opinión pública por el espectáculo ofrecido de los últimos días; el incierto calendario electoral de 2019, con unas elecciones municipales y europeas en mayo y un hipotético adelanto de las generales, y, sobre todo, la ausencia de un mensaje político que permita reemplazar al del pasado 21 de diciembre. El ex presidente Carles Puigdemont prometió entonces que regresaría si ganaba los comicios, algo que no sucedió, y ERC no consumó el sorpasso al PDeCAT.

Una sentencia condenatoria sería un potente argumento electoral del independentismo para volver a reclamar el voto a los ciudadanos y de ahí las continuas referencias que hace el secesionismo en las últimas semanas: que no aceptarán ninguna sentencia que no sea absolutoria, que es un juicio político a partir de un relato construido con pruebas falsas, y que el proceso judicial es una “farsa”, en expresión del president.

Torra enumeró las acciones concretas que reclama su Gobierno, entre las que incluyó el ultimátum a Pedro Sánchez: los diputados independentistas en el Congreso amenazan con retirar en noviembre su apoyo al Gobierno si para entonces La Moncloa no presenta una propuesta para reconocer el derecho a la autodeterminación

“Hemos puesto fecha de caducidad al Gobierno de Sánchez”, proclamó Quim Torra, quien esgrimió mayor contundencia que Aragonès para afirmar que las instituciones del Estado “no quitan el pie del pedal de la represión” y reiteró que no aceptará “ninguna intromisión de un juez en la soberanía del Parlament”.

El president  recordó que la Cámara rechazó la suspensión de los seis diputados que acordó el 9 de julio el juez Llarena, pero obvió Junts per Catalunya y Esquerra votaron también que “designarían” un diputado que ejercería los derechos parlamentarios de los afectados. Oriol Junqueras y Raül Romeva cumplieron ese trámite, pero los cuatro diputados de Junts per Catalunya (Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull) se niegan a ello y de ahí la crisis vivida del secesionismo, que ha aireado sus diferencias en los últimos días.