El Govern se tambalea por la pugna entre los secesionistas catalanes

Lo ocurrido en el Parlament de Cataluña en los últimos tres días resulta difícil de explicar con los criterios de la lógica y la razón. Eduard Pujol, portavoz de Junts per Catalunya, lo justificó por “la situación de excepcionalidad política” que se vive en Cataluña a consecuencia de los “presos políticos y los exiliados”, pero lo cierto es que a cualquier ciudadano le cuesta mucho entender las escenas vividas en la Cámara catalana. Esquerra Republicana llegó a dar el Gobierno por roto, y la convocatoria inminente de elecciones a finales de este mes empezaba a cobrar cuerpo. Pero un acuerdo de última hora permitió sellar la unidad de manera muy frágil y nada hace pensar que el desencuentro no se vuelva a reproducir en los próximos días. El pleno del Parlament previsto para este jueves  en el que se tenían que votar las propuestas de resolución quedó aplazado hasta la próxima semana, después de que el secretario general del Parlament, Xavier Muro y el letrado mayor, Joan Ridao, se negaran a validar el acuerdo que firmaron ambas formaciones independentistas después de horas de negociación.

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La jornada vivida este jueves fue el desenlace del eterno divorcio —aún no materializado formalmente— en el que cohabitan Junts per Catalunya y Esquerra en el Gobierno de la Generalitat y en el Parlament, muy influenciado desde Waterloo por el expresidente Carles Puigdemont. Todo comenzó el pasado día 2, cuando ambas formaciones llevaron al pleno un acuerdo para sustituir a los seis diputados procesados por rebelión. A las pocas horas, Oriol Junqueras y Raül Romeva, en prisión preventiva, delegaron sus derechos parlamentarios en un diputado de Esquerra. Esto suponía, en la práctica, acatar el auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena del pasado 9 de julio, en el que declaraba firme el auto de procesamiento por un delito de rebelión contra los seis diputados en la cárcel o huidos. En paralelo, y también horas después de aquel pleno del día 2, Junts per Catalunya se desdijo de lo que había votado.

El asunto quedó aplazado hasta la Mesa del Parlament, en medio de acusaciones mutuas de deslealtad. Los republicanos se conjuraron para no ceder, mientras la formación de Carles Puigdemont estaba convencida de que, una vez más, darían su brazo a torcer. Junts per Catalunya fue a la Mesa con un escrito registrado por su portavoz, Albert Batet, en el que insistían en no actuar como lo había hecho Esquerra y pretendían así escurrir una nueva delegación de los derechos de sus cuatro diputados (Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull).

La Mesa vivió un tenso debate en el que el presidente del Parlament, Roger Torrent, mostró su discrepancia y exigió que cada uno de los cuatro diputados de Junts per Catalunya designasen la persona en la que delegan el ejercicio de sus derechos parlamentarios. Torrent, de ERC, quedó en minoría en la reunión porque Junts per Catalunya y Ciudadanos rechazaron, por diferentes motivos, la petición de Torrent, que sí apoyó el PSC. Así las cosas, la reunión de la Mesa se suspendió poco después de las 12.40 horas durante una hora para intentar llegar a un acuerdo.

A partir de entonces se reunieron en el Parlament los máximos dirigentes de ambas formaciones: el presidente de la Generalitat, Quim Torra; los dirigentes de Junts per Catalunya Elsa Artadi y Josep Costa; el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, y el propio Torrent y el presidente del grupo parlamentario de Esquerra, Sergi Sabrià.

Rueda de prensa conjunta

A las 16.15 se anunció un acuerdo en el que, en teoría, Junts per Catalunya daba su brazo a torcer ante ERC y los cuatro diputados aceptaban finalmente delegar sus derechos. Sabrià, por parte de Esquerra, y Eduard Pujol, portavoz de Junts per Catalunya, comparecieron en una rueda de prensa conjunta, algo insólito, y anunciaron el acuerdo y que el pleno se celebraría a lo largo de la tarde.

Sin embargo, poco después se conoció que cada uno de los cuatro diputados de Junts per Catalunya no habían presentado una delegación de sus derechos parlamentarios, sino un escrito con fecha del 4 de octubre en el que ratificaban que la delegación de voto que habían presentado el 31 de mayo seguía vigente. Eso es lo que decía el escrito registrado por Batet a primera hora de la mañana.

De nuevo parecía que el acuerdo estaba hecho, pero en la reunión de la Mesa volvió a cuestionarse el pacto. PSC, Ciudadanos y PP reclamaron la reconsideración del acuerdo adoptado y el líder de los socialistas, Miquel Iceta, reclamó un informe jurídico “sobre la adecuación” del escrito presentado por Batet. Al final se decidió suspender el pleno para el próximo día 9. En julio el último pleno del curso ya se cerró antes de tiempo por el mismo desacuerdo y la Cámara estuvo bloqueada hasta esta semana.