El Supremo divide la causa del ‘procés’ para juzgar a los procesados en España sin esperar a los fugados

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dado el primer paso para juzgar por separado a los líderes independentistas procesados que están en España respecto de los siete que se fugaron y cuya entrega depende ahora de los países en los que se encuentran. En una providencia dictada el pasado 8 de mayo y notificada este viernes, Llarena forma una pieza separada respecto de los siete investigados que se encuentran fuera de España: Carles Puigdemont (Alemania); Toni Comín y Meritxell Seret (Bélgica); Clara Ponsatí (Escocia); y Marta Rovira y Anna Gabriel (Suiza).

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Con esta decisión, el magistrado quiere impulsar la pieza principal, en la que deja a los 18 procesados que está en España (nueve en prisión y nueve en libertad condicional), y cuya instrucción está ya muy avanzada. La intención del Supremo es evitar que los trámites que requiere la entrega de los fugados no retrasen el juicio que el alto tribunal prevé celebrar en otoño. De esta manera, en el alto tribunal se celebrarán, como mínimo, dos juicios: uno con los procesados que están en España y otro con los fugados. Si los trámites de la entrega de los fugados se producen de forma escalonada y muy separada en el tiempo, podrían abrirse nuevas piezas separadas y juzgarlos en diferentes momentos.

La celebración de juicios diferentes evitará también que se sienten en un mismo banquillo acusados de los mismos hechos pero conductas diferentes, como podría pasar si los líderes independentistas que se quedaron en España son juzgados por rebelión y Alemania descarta la entrega de Puigdemont por rebelión y hay que juzgarlo por otro delito.

En la misma providencia, Llarena acuerda otras diligencias, como pedir a la magistrada que investiga la presunta secesión de la cúpula de los Mossos d'Esquadra en la Audiencia Nacional, Carmen Llarena, los correos electrónicos y llamadas telefónicas entre los investigados en relación con los incidentes ocurrido el 20 de septiembre -día del asalto a la Consejería de Economía- y el 1 de octubre de 2017. Llarena pide también diversos documentos al titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la organización del referéndum del 1-O, como escuchas telefónicas e informes económicos realizados por la Guardia Civil sobre posibles pagos para la consulta, dirigidos a sustentar el delito de malversación.