Llarena cierra el sumario del ‘procés’ y suspende como diputados a Puigdemont y Junqueras

Ocho meses después de hacerse cargo de la causa abierta contra la cúpula independentista catalana, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dado este martes por concluido el sumario. Llarena deja a 18 procesados a las puertas del juicio, que previsiblemente se celebrará a finales de 2018 o principios de 2019. Antes de cerrar la investigación, el juez ordenó suspender como diputados a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los otros cuatro parlamentarios procesados por rebelión que están en prisión (Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez).

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El juez Llarena ha puesto este martes punto final a la investigación más importante llevada a cabo en el Tribunal Supremo desde el golpe de Estado del 23-F. Han sido ocho meses en los que el magistrado ha ordenado encarcelar o mantener en prisión a siete miembros del anterior Govern y a los líderes de las dos principales asociaciones independentistas —ANC y Òmnium—, ha frustrado la investidura de hasta tres candidatos a presidir la Generalitat, incluido Puigdemont, y ha procesado a 25 personas por organizar el referéndum independentista ilegal del pasado 1 de octubre e intentar imponer la independencia de Cataluña de manera unilateral.

Una vez cerrado el sumario, Llarena deja de estar a cargo de la causa, de la que a partir de ahora se ocupará la sala que juzgará a los líderes independentistas, previsiblemente a finales de 2018 o principios de 2019. Los abogados de los investigados tendrán que dirigirse ya a esta sala, formada por cinco magistrados, para formular cualquier petición. Esta sala decidirá cuándo y por qué delitos se sientan en el banquillo los líderes independentistas.

El último auto de Llarena como instructor (aunque deja abiertas las piezas de los siete fugados, a los que declara en rebeldía, a la espera de las extradiciones) incluye la estocada política definitiva a la cúpula de procés: la suspensión como diputados del expresident Puigdemont y los cinco diputados encausados por rebelión que están en la cárcel (Junqueras y Romeva, de ERC, y Turull, Rull y Sànchez, de Junts per Catalunya). Esta medida responde a la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que prevé la suspensión automática para ejercer cargo público de los procesados por rebelión sobre los que se haya decretado la prisión provisional.

El auto de Llarena extiende la suspensión a Puigdemont pese a que la justicia alemana le ha dejado en libertad provisional mientras decide si le extradita o no a España. Llarena, sin embargo, argumenta que tiene decretada la prisión preventiva en España, que es el requisito que se exige para aplicar la suspensión automática, según la interpretación que hace el Supremo del artículo 384 bis de la Lecrim. El juez no ha suspendido de momento al exconsejero Toni Comín, también procesado por rebelión y huido en Bélgica, porque ha aceptado su petición de poder recurrir el auto de procesamiento ya que no se le había notificado hasta el pasado 5 de junio.

Orden a la Cámara

En la resolución firmada este martes, Llarena defiende que la suspensión de los diputados es una medida cautelar extraordinaria para preservar el orden constitucional. Se trata, sostiene el juez, de impedir que “personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos delictivos [...] puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad”.

El magistrado insta a la Mesa del Parlament a que ejecute la suspensión “automática” de los seis diputados, que se mantendrá mientras los procesados por rebelión sigan en prisión preventiva. Deja en manos de la Cámara cómo hacerlo, pero sugiere una fórmula que evite que los afectados tengan que renunciar a su escaño definitivamente para garantizar la mayoría parlamentaria de los dos grupos que sostienen el Govern. La propuesta de Llarena es que otros diputados ocupen temporalmente el puesto de los suspendidos, aunque será el Parlament el que tendrá que ver el encaje de esa medida.