Déficit fiscal y listas de espera: Torra y Arrimadas se lían con las cifras

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la jefa de la oposición, Inés Arrimadas, han armado hoy sus discursos con múltiples cifras para argumentar sus posiciones políticas. Torra ha vuelto a tirar de los cálculos de déficit fiscal elaborados por la Generalitat y a defender el buen momento por el que atraviesa la comunidad catalana, mientras que Arrimadas se ha centrado en recordar los golpes recibidos por la economía después del 1 de octubre. Una parte de los datos mostrados son cuestionables.

"Cada día se van de Cataluña unos 40 millones de euros sin que podamos hacer nada", ha dicho Torra en referencia al déficit fiscal que sufriría Cataluña y que condicionaría la inversión en políticas sociales. Torra ha utilizado unas cuentas elaboradas por la Generalitat en 2016 y que, basándose en datos de 2012, cifraban el déficit fiscal que padecía Cataluña en 14.600 millones de euros. Resultado del denominado cálculo por flujo monetario, basado en los recursos que se invierten directamente en la comunidad, este es el balance más abultado y beneficioso para el discurso del independentismo. Cuando se realiza por carga-beneficio, donde se tienen en cuenta las inversiones al conjunto del sistema que pueden beneficiar a una comunidad determinada, esa cifra cae hasta los 10.030 millones.

Torra no ha utilizado los cómputos más recientes de su Departamento de Economía, presentados a finales de 2017 con datos de 2014, según los cuales el desajuste era mayor (16.570 millones y 11.590 millones, según la fórmula escogida). Pero también ha obviado las balanzas fiscales calculadas en 2016 por el Ministerio de Hacienda, que situaban el déficit catalán en 7.439 millones y otro más actual, también con datos de 2014, que aumentaba esa cifra hasta los 9.892 millones. Un estudio de Josep Borrell y Joan Llorach reducía el déficit fiscal en 2015 a 3.228 millones de euros. Esos estudios niegan, como ha dicho Torra, que "cada año, desde 1986, perdemos el 8% de nuestra riqueza como país"

"La economía catalana funciona y continúa creciendo", ha señalado también Torra. Pese a la desaceleración generalizada de la economía europea, lo cierto que es que Cataluña sigue mostrando una actividad vigorosa y unos ritmos de crecimiento superiores a los del conjunto español. En el segundo trimestre cerró un alza intertrimestral del 3,1%, cuatro décimas más que España.

“Las visitas de turistas del resto de España a Cataluña han bajado un 14%”, ha asegurado la líder de la oposición. Según los últimos datos del INE, hasta el segundo trimestre de 2018, el 14,2% de los turistas españoles eligen Cataluña como destino. Esta cifra es un 7,2% menor que el año pasado. Según Idescat, la caída acumulada de viajeros del resto de España a Cataluña hasta junio es del 4,7%. Otro informe de la Generalitat sitúa la caída del visitante español en Cataluña en un 11,3%. Torra ha reconocido la caída del turismo, aunque ha asegurado que se debe a los  récords de años anteriores. En 2017 llegaron 19,1 millones de turistas, entre residentes en España y extranjeros, lo que supuso un aumento del 3,4%, y no del 5%, como ha afirmado el president.

"Las inversiones extranjeras en Cataluña han caído un 64% en los primeros trimestres de 2018", ha denunciado Arrimadas como una de las pruebas de que el proceso político ha laminado en los últimos meses la actividad económica en Cataluña. Los datos de inversión extranjera del Ministerio de Economía no dicen eso. Ha habido caída, pero inferior, de un 40%. Los economistas, no obstante, advierten del riesgo de analizar los datos de inversión sin tener en cuenta la evolución de trimestres anteriores, porque determinadas operaciones corporativas pueden producir pronunciados dientes de sierra que desvirtúen el análisis de las estadísticas. Por ejemplo, los datos de Arrimadas se comparan con el primer trimestre de 2017, el mejor desde que se elaboran esas estadísticas. Torra, de hecho, ha respondido a Arrimadas: "Somos la región más atractiva para invertir en el sur de Europa", tomando los datos del Financial Times.

"Ha habido una fuga de 35.000 millones de euros", ha denunciado Arrimadas. Su cifra se aproxima a los 31.500 millones de euros que salieron de Cataluña tras el referéndum, según los datos del Banco de España, lo que provocó el cambio de sede de CaixaBank y Banco Sabadell. La jefa de la oposición ha olvidado decir que durante los dos primeros trimestres han vuelto 8.000 millones.

"Hay 5.200 empresas que han decidido irse de Cataluña, según los registradores de la propiedad", ha afirmado Arrimadas. Lo cierto es que son 4.400, según los últimos datos del Colegio de Registradores, difundidos el pasado 1 de octubre, un año después de la crisis institucional que propició los cambios de sede social de cientos de empresas catalanas. Incluyen los últimos datos oficiales hasta el segundo trimestre de 2018. La Generalitat hizo un estudio paralelo sobre el impacto económico de la inestabilidad política, en el que mitigaba la salida de empresas, y las reducía a 3.700, que corresponderían, según el departamento de Empresa, a 2.500 decisiones empresariales. La reducción se debe a que grandes corporaciones como CaixaBank y Banc de Sabadell trasladaron también sus empresas filiales, fondos y otras firmas. 

“En los últimos meses la lista de espera para una intervención quirúrgica ha aumentado en 3.000 personas”. Los datos que ha citado Arrimadas sobre listas de espera corresponden a la evolución de los tiempos de acceso al sistema sanitario entre abril y julio de 2018. En efecto, tal y como avanzó EL PAÍS en agosto, desde que el Govern dio por finalizado el plan de choque para reducir las listas de espera (una inyección económica de 57 millones durante un año) el pasado abril, las listas de espera crecieron en todos los procedimientos: a finales de julio había 3.000 personas más a la espera de operarse, 5.000 adicionales para una prueba médica y 7.000 más para visitar al especialista. Arrimadas no ha actualizado los datos a septiembre de 2018, que son los últimos disponibles: en los últimos cuatro meses, hay 9.651 personas más esperando una intervención quirúrgica, 1.947 más aguardando para someterse a una prueba médica y otras 9.518 adicionales en la cola para visitar al especialista.

“En el tema de consultas externas –datos de mayo de 2017 a abril de 2018-, los días de espera eran 152 y en 2018, de 86 días; lo bajamos un 43,4%”. Torra utiliza como puntos de referencia el inicio y el final del plan de choque para reducir las listas de espera con el que el Govern preveía, entre otras cosas, reducir un 50% los tiempos de espera de consultas externas y pruebas médicas. Aunque el Govern sí logró reducir las dilatadas colas, no cumplió los objetivos del plan y se quedó en una reducción del 43,4% y el 40% respectivamente. Además, si bien Arrimadas utiliza el número de personas en lista para cargar contra el Govern, Torra le responde con los tiempos de espera, no con los pacientes en cola porque el plan del Ejecutivo catalán se centró, en buena medida, en aliviar las demoras por la cola, atendiendo primero a los que llevaban más tiempo aguardando. Desde abril de 2018, no obstante, los tiempos han vuelto a subir: la espera para pruebas médicas ha subido a 68 días y los tiempos medios para visitar al especialista ascienden a 102 días.

“Hemos pasado de 66.000 beneficiarios a 113.000 beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía”, ha afirmado Quim Torra. Según los datos presentados el pasado 15 de septiembre por el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, efectivamente, hay 113.000 personas dentro del sistema de la renta garantizada de ciudadanía (RGC). Pero ello no significa que todos reciban la misma prestación o que sean nuevos beneficiarios de la ayuda. 45.363 de estas personas son pensionistas a los que la ley de la renta garantizada les aplica un complemento, una cantidad económica modesta. Además, dentro de la cifra presentada por Torra están personas que percibían la renta mínima de inserción y que, por la ley de la RGC, han pasado automáticamente la nueva prestación, que tiene una retribución más alta. El departamento no detalló cuántas son. Lo que sí pormenorizó es que, de las 69.000 solicitudes de nuevos expedientes para la RGC que el Govern ha recibido en un año (desde su aplicación, en septiembre de 2017), pasaron la primera criba 49.600. De estas solo se han aprobado, como nuevos expedientes de la RGC, 5.043, el 10%.