La Xunta excluye de ayudas escolares a niños con síndrome de Down

Los niños y adolescentes de Galicia con síndrome de Down no podrán beneficiarse este curso del programa de ayudas Gratuidade solidaria impulsado por la Consellería de Educación, con el que se subvenciona la compra de libros para alumnos matriculados en centros públicos de educación primaria, secundaria o especial. Hasta el curso que acaba de comenzar, los padres podían emplear estas ayudas para otros materiales didácticos, pero la convocatoria de 2014/2015 especifica que la finalidad se limitará “exclusivamente a libros de texto”. Ese cambio expulsa del programa a un significativo porcentaje del colectivo de estudiantes con necesidades educativas especiales porque los chavales con este síndrome, por norma general, no emplean libros y sí otros materiales didácticos que ahora quedan fuera de la subvención.

Educación reconoce el cambio pero matiza que las ayudas llegarán por otras vías. El director general de Centros y Recursos Humanos, José Manuel Pinal, asegura a este diario que la convocatoria “sigue las recomendaciones de la Defensora del Pueblo en las que se insta a fomentar el préstamo o el uso de materiales reutilizables, y por eso ahora solo se financiarán libros con los que se pueda crear un sistema de préstamo”. “No nos olvidamos de los niños con Down o cualquier otra necesidad especial porque, por ejemplo, los que están en centros educativos específicos reciben una subvención directa de 250 euros, independiente de la renta familiar, y los que están integrados en primaria o secundaria podrán utilizar libros de cursos anteriores del nuevo banco de préstamo”, aclara. Pinal insiste en que se “trata de cubrir al máximo y ojalá se pudiese dar a todos”. También recuerda que Galicia, teniendo la mitad de niños, invierte en estas ayudas el triple que Madrid.

En la Federación Gallega de Instituciones para el síndrome de Down están indignados. “Solo pedimos dignidad y respeto”, exclama su presidente, Delmiro Prieto, que achaca la decisión al “cambio de modelo educativo que implanta la ley Wert y no a un problema económico”. “Con la nueva legislación buscan la segregación de los niños del conjunto de la población común a la que pertenecen”, denuncia. Desde la federación explican que ya han solicitado que se destine el dinero para libros de otros cursos “a lo que realmente les hace falta y que es el material didáctico sustitutorio”. “No hay forma de que la Xunta acceda”, denuncia Prieto mientras recuerda que no reclaman ninguna nueva partida presupuestaria y sí una “gestión adecuada” del dinero ya consignado.

La convocatoria introduce dos excepciones en las que se permitirá adquirir material didáctico o complementario. Una para el alumnado matriculado en alguno de los centros específicos de educación especial, que no llegan a la veintena en Galicia, y otra para aquellos niños que, cursando estudios en colegios ordinarios, tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 65%. Al establecer un grado de discapacidad tan alto, esa excepción no afectará a prácticamente ningún chaval con Down matriculado en este segundo tipo de centros. Y es que según datos de la federación, a la práctica totalidad de los niños con este síndrome, por defecto, se les asigna un porcentaje del 33%. Además obliga a conservar en buen estado los libros y su incorporación a un banco al terminar el curso. La orden que regula las ayudas nombra en su introducción un artículo de la Ley Orgánica de Educación de 2006 que promulga el establecimiento de bolsas y ayudas para garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho universal a la educación. “Se da la paradoja de que la aplicación real de la Xunta vulnera ese planteamiento, excluyendo a parte del alumnado y negándole la igualdad de oportunidades y condiciones”, denuncia Down Galicia.

Delmiro Prieto cree que Educación quiere fomentar una “exclusión” de las aulas ordinarias de alumnos con necesidades especiales para derivarlos a centros específicos. “¿Por qué me obligan a cambiar a mi hijo de aquello que tiene por derecho, que es formar parte de la sociedad en la que vive, para llevarlo obligado a un centro especial apartado de todo?”, se pregunta. “No nos vamos a quedar quietos y de brazos cruzados, eso lo tenemos claro”, advierte. La federación ya ha mantenido contactos con otros colectivos de personas con necesidades especiales a los que afecta el cambio normativo. Y darán la batalla: “Para este curso ya no hay solución porque el plazo termina a comienzos de octubre, pero actuaremos contundentemente el próximo”.