Multar por no compostar las sobras: ¿una solución fácil al problema de los desperdicios?

Ni espinas de pescado ni cáscaras de huevo. Ni posos de café ni mendrugos de pan. En el Estado de Vermont no se tira nada. Hoy se cumple una semana de la aprobación de una ley que prohíbe tirar alimentos a la basura, y un largo trecho desde 2012, cuando comenzó un proceso legislativo dirigido a reutilizar o reciclar el 50% de la basura que antes se consideraría carne de vertedero. Es la cifra que esperan alcanzar con la prohibición de tirar la basura orgánica, que deberá convertirse en compost en el hogar o a través de un servicio. Las autoridades de Vermont confían en la buena voluntad de los ciudadanos, otras como las de San Francisco, una referencia en esta filosofía, impone multas por no hacerlo.

Estas leyes pretenden evitar que los residuos emitan sus gases de efecto invernadero desde los vertederos. También son una forma de rebajar la contaminación, y un buen tratamiento de la basura orgánica permite que sea reutilizada como abono agrícola y para obtener biogás. Todo son ventajas. Entonces, ¿por qué no se plantea nada similar en España?

La Unión Europea dice que, si se hiciera bien con los residuos alimentarios, se reduciría un 30% el uso de fertilizantes

José Manuel Sabucedo, investigador

Para empezar, porque un 72% de los ciudadanos de Vermont hacían compost en su casa antes de la prohibición, según un estudio de la universidad del estado. La cifra está muy lejos de lo que es habitual en España. “La concienciación crece poco a poco, pero aún reciclamos mal. Se tira lo que no se debe a cada contenedor y eso genera problemas”, relata el investigador del Instituto Cretus de la Universidad de Santiago de Compostela José Manuel Sabucedo. Los errores son todavía más comunes cuando se trata del contenedor marrón, al que deben ir los residuos biodegradables y los desechos orgánicos, dice. A pesar de que la Unión Europea exige la implantación de este quinto contenedor en todas las ciudades (que se une a los más habituales verde, amarillo, azul y gris), su aterrizaje en España está siendo muy lento. Con Barcelona y País Vasco a la cabeza, grandes capitales como Madrid, Valencia y Sevilla están instalándolos poco a poco.

“La Unión Europea dice que, si se hiciera bien con los residuos alimentarios, se reduciría un 30% el uso de fertilizantes, lo que sería muy positivo”, indica el académico. Además, el compostaje es una solución rentable. Claro que el dinero que genera esta actividad no es un incentivo para quien recoge los platos de la mesa familiar. Si reducir el impacto medioambiental de tirar los restos de comida al vertedero tampoco lo es, ¿por qué no obligar a hacerlo por ley? O, lo que es lo mismo, ¿por qué no multar a quien no separe los residuos orgánicos, si eso es bueno para bien común?

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Responder a la cuestión requiere hacer un complicado ejercicio de confrontación. ¿Qué diría un español y un ciudadano de Vermont al ver que sus vecinos tiran los restos orgánicos en el cubo equivocado? Es difícil saber que dirían en el límite de Estados Unidos con Canadá, pero es fácil anticipar que lo más probable es que la respuesta ibérica no fuese muy enérgica, que es por donde empieza el cambio. “Para poder penalizar hace falta legitimidad, y aún falta para eso”, subraya Sabucedo. “Falta que la gente vea que es un problema real y que, a partir de ahí, cada uno asuma su propia responsabilidad”, dice el profesor de psicología social de la universidad gallega, quien subraya que el problema es que existe una difusión de la responsabilidad en la masa.

Es una situación que no ayuda a implementar la agenda política. Europa pidió que para este año se alcanzara el 50% del reciclaje de este tipo de desecho, una cifra que debería crecer un 1% al año hasta el objetivo del 65%, previsto para 2035. La realidad es que, por ahora, España solo gestiona bien alrededor del 30% de los desechos. La media europea ronda el 45% y buena parte de los países hicieron ya los deberes con antelación. Entre ellos, Alemania (66,1%), Austria (57,6%) y Eslovenia (54,1%). El Plan estatal Marco de Gestión de Residuos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el periodo entre 2016 y 2022 incluyen el mismo objetivo que la directiva europea.

Gestores o consumidores: ¿de quién es la culpa?

No todo es dejadez, a lo largo de la geografía española hay iniciativas positivas. Una de ellas es el plan Revitaliza, puesto en marcha por la Diputación de Pontevedra con la intención de acercar el compostaje a la ciudadanía. En 2018 fue elegido por la agencia europea Zero Waste Europe como la experiencia medioambiental más destacable de España, recordando que el compostaje con lombrices permite “reducir los residuos en casa y fabricar un excelente abono”. En otras comunidades, como Islas Baleares, están empezando a potenciar la recogida selectiva de residuos orgánicos. Más al sur buscan “implantar de forma generalizada la recogida selectiva de residuos orgánicos”, como recoge la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, aunque a la hora de trasladar ese objetivo a la realidad los pasos, si se dan, son lentos. A nivel estatal, está la ley de cambio climático, que el Gobierno ha lanzado como vía para salir de la crisis del coronavirus.

“Leyes para la gestión de residuos hay, claro. Lo que pasa es que, como muchas otras en este país, o no se cumplen o se cumplen solo a medias”, critica Julio Barea, responsable de la campaña de residuos de Greenpeace, quien cree que los datos que apuntan a que España recicla bien “están manipulados”. “No todos los gestores son iguales, hay mucha confusión, cifras que no se pueden comparar y mucho dinero invertido en patrocinios para lavar la imagen”, asegura. El informe ‘Maldito Plástico: reciclar no es suficiente’ recoge que solo uno de cada cuatro envases se recupera. “El sistema de recogida tocó techo hace tiempo”, dice Barea, quien subraya que si los mares están “colmatados de plástico” y la contaminación no deja de crecer es, en parte, por la mala gestión de los residuos. “Es culpa de las empresas y las administraciones”, subraya.

¿Y los consumidores? ¿Nos libramos? “También tienen responsabilidad, por supuesto, pero el sistema les está cargando toda la culpa cuando apenas se les dan facilidades”, dice Barea. Y pone como caso claro las dificultades para implantar un sistema de devolución de envases, los pocos contenedores que existen en las zonas muy pobladas y la falta de información. “Hay una dejación de funciones por parte de la administración, que ha dejado muchas cosas en manos de la empresa privada, que solo busca beneficios y poco gasto”. “La situación es insostenible: es todo un despropósito”, concluye el activista de Greenpeace.